La Generalitat Valenciana paga 12,9 millones por reclamaciones en la gestión de vivienda pública de la época del PP
La mala gestión en materia de vivienda e infraestructuras del Gobierno autonómico del Partido Popular persigue a los actuales responsables de la Generalitat. La Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática deberá pagar a varias constructoras y comunidades de vecinos 12,9 millones de euros (incluyendo los intereses y las costas), según los cálculos de este diario efectuados tras el análisis de una treintena de sentencias.
Los pleitos, resueltos por juzgados de primera instancia, de lo contencioso administrativo, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, corresponden a reclamaciones de la época del Consell del PP, mayoritariamente por intereses de demora o resoluciones del contrato de compra-venta, entre otros. En algunos casos, los tribunales condenan a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) a indemnizar a constructoras vinculadas a la presunta financiación ilegal del partido conservador. El EIGE estaba presidido por la actual líder del PPCV, Isabel Bonig, entonces consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Así, el Juzgado de primera instancia número 27 de Valencia condenó a la EIGE a pagar 2,2 millones al constructor Enrique Ortiz, que confesó haber financiado ilegalmente al PP, por una reclamación de la urbanización del sector La Torre de Sociópolis. El fallo reconoce la devolución de avales por ineficaces. La Generalitat también ha pagado por esta reclamación 120.000 euros en intereses de demora y 121.000 euros por las costas procesales. Otro juzgado estimó la demanda de la constructora alicantina Crea 07 SL por la resolución del contrato de compraventa y restitución de prestaciones la parcela R-14 del sector La Torre. El EIGE pagó tres millones de euros que incluían los intereses legales y las costas en primera y en segunda instancia.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo también estimó una reclamación de la Unión temporal de Empresas formada por Germanía y Rover Alcisa por 2,1 millones contra el EIGE por las discrepancias en la revisión de precios en las obras de la línea 1 de Benimaclet. Además, la Generalitat abonó 582.000 euros por intereses moratorios y 101.000 por costas procesales. Rover Alcisa es una de las empresas señaladas como comisionista del partido por el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, ante el juez del caso Taula.
El Juzgado de primera instancia número 19 estimó parcialmente una demanda de Cyes Infraestructuras en la que reclamaba los intereses de demora por el retraso en el pago de la certificación de obra de unas viviendas protegidas en Gandia. La sentencia condena a la Generalitat a pagar 310.000 euros (más 9.000 por costas) a esta constructora implicada en varios casos de corrupción. La entidad de vivienda pública también ha sido condenada a pagar 205.410 euros en tres contenciosos distintos a Ferrovial (implicada en el caso Palau) por las reclamaciones de intereses de demora como consecuencia del retraso en el pago de las certificaciones de obras en Castellón, Alicante y Dénia.
El resto de procedimientos, resueltos con cantidades mucho menores, tienen que ver con otras empresas constructoras e incluso con comunidades de propietarios. En la mayoría de los casos la parte demandada es el EIGE, aunque en cuatro procedimientos es el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), que actuaba como agente urbanizador.
La Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), heredera del EIGE y del IVVSA, es el instrumento de la Generalitat para desarrollar las políticas de vivienda y administrar el parque público formado por más de 13.000 viviendas ubicadas en distintos municipios valencianos. Está adscrita a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige Rubén Martínez Dalmau
