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La Universitat de València incorpora la asesoría jurídica y psicológica para denunciantes de acoso sexual

El edificio del rectorado de la Universitat de València, en la avenida de Blasco Ibáñez.

Lucas Marco

València —

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La Universitat de València (UV) ha adoptado medidas de asesoría jurídica y psicológica, además de acompañamiento, a las personas denunciantes o afectadas por acoso sexual o discriminación. La institución universitaria, cuya rectora es Mavi Mestre, ha aprobado el Código de Convivencia y Buenas Prácticas de la institución universitaria que incluye materias como derechos lingüísticos, desconexión digital o el régimen sancionador sobre plagios o novatadas.

“La Universitat de València garantizará la atención, protección y orientación a la persona denunciante o persona afectada, y se compromete a dar una respuesta integral frente a cualquier denuncia de acoso o discriminación”, reza el documento publicado este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. El código velará por el respeto al principio de la presunción de inocencia, “sin que ello imposibilite la adopción de medidas de protección”.

La UV pondrá a disposición de las personas denunciantes o afectadas por discriminación o acoso asesoramiento jurídico y psicológico, además de acompañamiento durante el procedimiento. También prevé medidas como la movilidad del puesto de trabajo o del grupo de estudios de la persona denunciada o denunciante, minimizando el impacto en la vida profesional o académica de la agraviada. Además de la protección frente al posible daño psicológico de la persona afectada, también se velará por su seguridad personal “en caso de valorarse riesgo al respecto”.

El Código de Convivencia y Buenas Prácticas crea una subcomisión de convivencia frente a la violencia, el acoso o la discriminación encargada de analizar las denuncias y, en su caso, iniciar un procedimiento alternativo de resolución de conflictos o adoptar medidas de protección y confidencialidad para las partes implicadas.

Los procedimientos, que se suspenderán en caso de apertura de una causa penal, tendrán la “máxima confidencialidad y reserva” y “celeridad y diligencia”. También se establece un canal específico de denuncia (un correo electrónico). “Cualquier persona de la comunidad universitaria tiene la obligación de poner en conocimiento los casos de posible violencia, acoso o discriminación”, indica el documento. La subcomisión también podrá solicitar a la secretaría general que evalúe la viabilidad de poner en conocimiento de los hechos a la Fiscalía en casos muy graves que pudieran ser constitutivos de delito.

Novatadas o plagios: sanción muy grave

El código también reseña las faltas muy graves, entre ellas las novatadas, el acoso sexual, la falsificación o destrucción de documentos académicos, el plagio o fraude académico o el impedimento del desarrollo de los procesos electorales de la UV. Las sanciones muy graves pueden conllevar la expulsión de dos meses a tres años, además de la pérdida de los derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre académico.

Apoderarse indebidamente del contenido de pruebas o exámenes, deteriorar gravemente los bienes del patrimonio histórico y cultural de la UV o impedir la celebración de actividades universitarias de docencia constituyen faltas graves, que pueden suponer la expulsión de hasta un mes.

El documento define como fraude la “utilización de herramientas tecnológicas con intención de engañar para obtener beneficios o logros académicos”. También alude a la inclusión de “datos falsos o inexistentes” en los currículums“.

Lengua y desconexión digital

Además, la UV regula los obsequios recibidos por parte de las personas que ejercen funciones directivas o de representación de la UV, con la creación de un Registro de Bienes de Distinción Institucional) y el conflicto de intereses en materia de investigación, transferencia del conocimiento o innovación, cuando pueda afectar a la imparcialidad o a la objetividad, en cuyo caso de deberá detallar esa circunstancia.

El código asegura el derecho a la elección de la lengua de la docencia (dentro de la oferta académica de cada centro y “siempre que la disponibilidad de plazas lo permita”) y a la desconexión digital de empleados y estudiantes para respetar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones.

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