El acoso inmobiliario en València ya genera 200 atenciones por ansiedad y depresión: “Nos amenazan a diario para que dejemos la casa”

“El acoso inmobiliario aumenta el estrés, la ansiedad, la depresión, puede llegar a provocar ataques de pánico y al final también una indefensión o un miedo al sentir que los recursos que tenían antes para afrontar el día a día los están perdiendo y ya no saben cómo afrontar las cosas como antes”. La psicóloga Inés Dualde, de Psicólogos sin Fronteras, explica así las consecuencias que pueden llegar los casos de acoso inmobiliario para la salud mental de los afectados. Esta entidad lleva una década colaborando en València con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y solo en el presente año han atendido a unas 200 personas, la mayoría en labores de acompañamiento en todo el proceso, pero también en terapias individuales.

“Cada vez se dan más casos de acoso inmobiliario, no son casos puntuales. Muchísima gente está pasando por este proceso y les acompañamos emocionalmente con apoyo psicosocial, les acompañamos si tienen que acudir a servicios sociales o a cualquier otro recurso si no se sienten con fuerzas”, explica.

En un acto convocado por la PAH de València este martes se puso de relieve con tres testimonios el infierno que, según denuncia esta plataforma, sufren las familias que padecen todo tipo de amenazas y coacciones por parte de fondos buitre con el objetivo de que abandonen sus casas para poder disponer de ellas y aprovechar la actual burbuja de los precios garantizándose una mayor rentabilidad vía venta, alquiler o alquiler turístico.

Adríán Moasa lleva dos años sufriendo acoso inmobiliario a pesar de tener concedida una moratoria hipotecaria por la cual puede permanecer en su vivienda al menos hasta el 15 de mayo de 2024: “Compré mi casa y la pagué durante 10 años. Luego enfermo, estoy cuatro años en diálisis y ya no puedo seguir pagando. Desde hace un par de años se puso mi casa en venta en un portal y ahí empezó el acoso. Me forzaron la puerta e intentaron entrar mientras estábamos en la casa. Ahora vienen a casa y nos dicen que les da igual la ley y que nos vayamos o nos llaman por teléfono también con amenazas. Por este motivo nunca dejamos el piso vacío por miedo a que nos cambien las cerraduras. Mi mujer y mis tres hijos se volvieron a Rumanía en agosto porque no podíamos seguir en esta situación y yo me he quedado con mi suegro”.

Rosario García está en una situación similar puesto que también tiene concedida una moratoria hipotecaria. Según cuenta, su marido falleció hace unos años y le queda una pensión de 394 euros, se decir, tiene que elegir entre “pagar o comer”. De esta forma, subastaron su piso, pero el juzgado le concedió la moratoria para que pudiera seguir viviendo allí. Como en el caso de Adrián, fue en ese momento cuando empezaron los problemas: “Empiezan las llamadas por teléfono, las amenazas y las coacciones diciéndome que es una vergüenza lo que estoy haciendo y que me vaya del piso. Tengo miedo de abrir la puerta un día y encontrármelos dentro, la verdad que estar así es un sinvivir. Solo pido que me dejen estar en mi casa pagando lo que sea”.

Según los datos de la PAH, hasta 2017 había en España 30.000 familias afectadas por moratorias hipotecarias. El caso de Carmela Soto es diferente ya que ella llevaba 10 años pagando un alquiler social en València con el Banco de Sabadell y Solvia. Con unos ingresos de 315 euros por la renta garantizada pagaba inicialmente 200 euros y luego 146 euros, si bien es cierto que comparte el piso con una compañera.

Según cuenta, pese a pagar todas las mensualidades, le llegó un burofax advirtiéndole de que su casa, con el contrato en vigor y sin ninguna deuda, se había vendido a un fondo buitre: “Me dijeron que el 14 de marzo de 2022 tenía que abandonar la casa y gracias a la PAH conseguí una prórroga de un año, hasta marzo de 2023. Un mes después, en abril, el fondo comprador me demandó por impago pese que nunca he dejado de pagarles. No paran de llamarme por teléfono a pesar de que les digo que soy hipertensa y tengo diabetes, les digo que me dejen en paz, pero no hay manera. No salgo de casa por miedo, solo el día que cobro la renta y voy a comprar comida, el resto del mes me quedo encerrada por miedo a que me quiten la casa. No tengo familia y no tengo dónde ir, si me echan me quedo en la calle”.

Ante esta situación que es solo un ejemplo de multitud de casos que se producen a diario, el portavoz de la PAH de València, José Luis González, recuerda que desde la entidad se exige la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, limitar los efectos de las subidas del euríbor en las cuotas hipotecarias, ampliación de las moratorias hipotecarias y de alquileres, así como convertir en estructurales las medidas contenidas en el denominado “escudo social” que caducarán el próximo 31 de diciembre, hasta que se alcance una cifra de Parque Público de Vivienda suficiente. También la regulación de precios del alquiler.

A nivel autonómico se reunirá próximamente con los responsables de vivienda del Gobierno valenciano a los que exigirá que mantengan la unidad de ayuda a las personas en riesgo de desahucio, que apliquen la legislación valenciana en materia de acoso inmobiliario incrementando las inspecciones y las denuncias y que presionen al Gobierno para que se apliquen las moratorias. También que incrementen el parque de vivienda pública poniendo a disposición de la administración las viviendas vacías de la banca que fue rescatada.