Cuando Rita Barberá promocionó en la Bienal de Arquitectura de Venecia el plan urbanístico de El Grau bajo sospecha en la trama de corrupción

Dicen que las casualidades no existen y en política menos todavía. En el año 2006 se encadenaron una serie de situaciones que forman parte de la investigación del caso Azud sobre el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones principalmente entre los años 2005 y 2010 en el Ayuntamiento de València, etapa en la que gobernaba con mayoría absoluta el PP de la fallecida alcaldesa Rita Barberá.

La segunda fase de esta causa, que arrancó en 2018 con la detención y posterior puesta en libertad de José María Corbín, cuñado de Barberá, analiza una supuesta trama de sobornos a políticos a cambio de favores urbanísticos en la que figura el empresario detenido Jaime Febrer, propietario entonces de Construcciones Valencia Constitución, como principal sospechoso, junto a los también arrestados Alfonso Grau, entonces número dos de la alcaldesa, y el exdelegado del Gobierno y por aquel entonces jefe de la oposición socialista en el Ayuntamiento, Rafa Rubio, quienes habrían aceptado cuantías económicas de diferentes empresas a cambio de favores urbanísticos.

El Programa de Actuación Integrada (PAI) de El Grau es uno de los proyectos urbanísticos sobre los que al parecer se centran las pesquisas y fue a finales de 2006 y principios de 2007 cuando convergieron diferentes situaciones llamativas.

Así, el 16 de octubre de 2006, la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, viajó a la Bienal de Arquitectura de Venecia para promocionar el concurso internacional de ideas del proyecto urbanístico 'Valencia del Mar-Marina Real Juan Carlos I' que pretendía reordenar toda la fachada marítima de València con una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados, formada por la dársena interior del Puerto de Valencia y las zonas creadas para la celebración de la Copa del América, los muelles de Levante y Astilleros, además del PAI de El Grau, cuyos terrenos adquirieron así grandes perspectivas de revalorización.

Pocos días antes, en concreto el 21 de septiembre, se constituye la mercantil Acinelav Inversiones 2006 SL, participada por Bancaja y Lubasa al 60%, así como Pavasal, Gesfesa, Salvador Vila y Construcción Valencia Constitución, la empresa de Febrer.

Precisamente, el 29 de diciembre del mismo año Acinelav Inversiones 2006 SL adquiere 103.000 metros cuadrados de suelo de la zona de El Grau nada más y nada menos que por 300 millones de euros, tal como refleja la denuncia que presentó en 2014 ante la Fiscalía el entonces portavoz municipal de Compromís, ahora alcalde, Joan Ribó.

La denuncia destaca además que al poco tiempo, el 14 de marzo, se anunció oficialmente la realización del gran premio de Formula 1 en València: “En los terrenos propiedad de Acinelav discurre una parte importante del circuito de Fórmula 1 de Valencia, ya que la empresa Acinelav 2006 SL firmó un convenio”, reza el escrito.

Además, añade que “sorprende que Acinelav 2006 SL comprara por 300 millones de euros los terrenos antes de ser pública la celebración de la Fórmula 1 y el desarrollo del conocido como PAI de El Grau por parte del Ayuntamiento de València, que se realizaría en el pleno del 29 de diciembre de 2008 con la modificación del PGOU que permitiría la construcción de rascacielos serpenteando el circuito de Fórmula 1”.

En cuanto al concurso de ideas, el diseño del codiciado espacio que debía convertirse en el mejor escaparate de una Valencia pujante atrajo a 135 equipos de arquitectos, de los que 59 pasaron a la fase final. En febrero de 2007 se anunció que dos planteamientos lograron ex aequo el primer premio: el del francés Jean Nouvel en colaboración con el valenciano José María Tomás Llavador, y el despacho de GMP, de los arquitectos alemanes Meinhard von Gerkan y Volkwin Marg.

El Consorcio Valencia 2007, donde están representadas las tres administraciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de València), se gastó 340.000 euros en el concurso en concepto de premios y menciones de honor, pese a que el proyecto vencedor nunca llegó a ejecutarse.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, que hasta este sábado tomó declaración a una docena de detenidos de la segunda fase de la operación Azud, considera que son un grupo criminal.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, la causa, bajo secreto de sumario, se ha abierto por este delito además de por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y asociación ilícita.