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De la lista de activistas LGTBI a informes policiales sobre menores extranjeros: la información sensible que persigue Vox

José María Llanos, a la derecha, junto a los miembros del grupo parlamentario Vox

Laura Martínez

Menores, activistas LGTBI, feministas... El grupo parlamentario de extrema derecha Vox en las Corts Valencianes ha comenzado su elaboración de listas de colectivos en los que puso el foco en campaña. Desde que se iniciara la legislatura, el grupo capitaneado por José María Llanos ha realizado numerosas peticiones de información sensible sobre estos colectivos, vinculando algunas a prácticas delictivas.

La última petición de la extrema derecha parlamentaria ha sido sobre los menores extranjeros tutelados por la Generalitat -los 'menas', acrónimo de menores no acompañados-, sobre quienes han presentado una batería de preguntas, vinculando la inmigración a actos delictivos. Una relación que no se sostiene por las estadísticas, que aseguran que estamos en uno de los momentos con menor criminalidad en el Estado y en la Comunitat Valenciana. 

Uno de los diputados solicita conocer la ubicación exacta de todos los centros de menores, una cuestión sobre la que la conselleria de Políticas Inclusivas se ha pronunciado antes de que Vox entrara en el parlamento. La vicepresidenta del Consell y titular de este departamento, Mónica Oltra, ha pedido en varias ocasiones a los medios de comunicación que no desvelen la dirección concreta de los centros para no señalar o estigmatizar a los menores, ya que puede suponer un riesgo para la seguridad de los mismos. El diputado pide todos los informes policiales -de los cuerpos locales, autonómicos y nacionales- sobre altercados que impliquen a menores extranjeros tutelados por la Generalitat, las “estadísticas de los índices de delincuencia e inseguridad suscitada en las proximidades de los centros de menores y vincula sus peticiones a un ”aumento de la delincuencia“. 

Los menores están especialmente protegidos por las leyes de infancia, que establecen “especial atención a las personas menores de edad que por cualquier circunstancia puedan ser objeto de trato discriminatorio”. Y, concretamente, sobre los menores de edad extranjeros no acompañados, la ley autonómica señala: “La Generalitat garantizará a niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados una protección adecuada a sus necesidades específicas, asumiendo la conselleria competente en materia de protección de la infancia y la adolescencia su atención integral y comunitaria, durante el tiempo de permanencia en la Comunitat Valenciana, y dotándoles de las medidas de protección y asistencia necesarias para garantizar sus derechos”.

El partido de extrema derecha se encuentra preocupado por la “adaptación” a “nuestras costumbres” de los menores extranjeros tutelados. La ley de Infancia y Adolescencia establece en su artículo 47 que “la conselleria competente en materia de educación garantizará la necesaria adaptación curricular y recurso de adaptación lingüística para la atención educativa de personas menores de edad extranjeras que se encuentren bajo la tutela o guarda de la administración”. 

Lista de activistas LGTBI

La primera petición abiertamente cuestionada que realizó el grupo fue la lista de activistas LGTBI que imparten o han impartido cursos y charlas en escuelas públicas. Esta petición de documentación se encuentra paralizada por la Mesa de Parlamento valenciano; primero al enviarla a Fiscalía para que determinara si podría incurrir en un delito de odio, después para que los letrados evalúen si hay discriminación.

Vox no sólo pedía las subvenciones a estos colectivos, como señalaba al principio del escrito y así recogieron muchos medios de comunicación. El grupo de extrema derecha, como puede verse en la petición que figura bajo estas líneas, solicita la lista de personas que han impartido estas actividades, la “documentación acreditativa de cumplir con los requisitos legales” -entre ellos, no tener antecedentes penales- o la formación de las mismas. Unas peticiones que rozan lo previsto en las leyes de protección de datos y que son vistas como un ataque contra la intimidad de las personas, forzadas, además, a revelar su identidad y orientación sexual.

En la misma fecha, la formación que lidera José María Llanos en las Corts Valencianes solicitó información estadística sobre “violencia intrafamiliar” . Vox pidió “estadísticas de maltratos y fallecimientos de mujeres pero también de hombres mayores y niños”, solicitando información sobre hombres e hijos agredidos por mujeres, en línea con la estrategia de su grupo en Andalucía. Vox reniega del concepto violencia machista y opta por violencia intrafamiliar, una denominación que elimina el carácter estructural de la primera y equipara todas las agresiones, sin tener en cuenta el contexto sociocultural. En esta línea, la formación de extrema derecha se niega a ubicarse junto a las pancartas contra la violencia machista que exhiben las Corts Valencianes como repulsa a los asesinatos de mujeres por sus parejas varones.

Con estas peticiones la formación de extrema derecha libra su batalla por el relato, vinculando menores extranjeros con delincuencia, activistas LGTBI con antecedentes penales y un posible peligro para los menores, o la violencia machista con lo que denominan violencia intrafamiliar. Mientras pelea por la hegemonía discursiva, va ganando relevancia política.

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