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Puerto de Valencia: la ampliación megalómana del PP que un socialista quiere culminar

El proyecto de ampliación norte se introdujo en el plan estratégico de la Autoridad Portuaria 2001-2020 y en abril del pasado año cambió de modelo, manteniendo la declaración de impacto ambiental

El informe de impacto ambiental de 2007 ya alertaba de la afección a las playas del sur de Valencia de no establecerse medidas correctoras

Colectivos ecologistas y ciudadanos reclaman a la Autoridad Portuaria y a Fomento que busquen una alternativa más sostenible

Imagen aérea del puerto de València

Imagen aérea del puerto de València

Fechada en 23 de abril de 2012, en un muro del Puerto de Valencia hay una placa. En ella, con algún borrón causado por el sol, se lee: "Obras de abrigo para la ampliación del Puerto de Valencia. Inauguradas por la ministra de Fomento Ana Pastor Julián, siendo presidente de la Generalitat el Molt Honorable Alberto Fabra Part". 

La ampliación norte del Puerto de Valencia lleva meses protagonizando un debate a varias escalas. Entre ciudadanos y el puerto, ecologistas y empresarios, entre departamentos del Gobierno y entre colores políticos. Las obras, paralizadas desde la construcción de los primeros diques de abrigo -que finalizaron en 2012-, están pendientes de reanudarse a la espera de autorización a la naviera MSC, la única empresa que ha presentado oferta para realizarlas. Suponen, sumando el total de las distintas fases, una inversión que ronda los 1.200 millones de euros, según las previsiones de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

La obra se proyectó en 2001 en el plan estratégico del puerto, con Rafael del Moral al frente y preveía una inversión inicial de 900 millones de euros para unas obras que estimaron concluidas en 2015. La construcción de los diques, enmarcada en las obras de abrigo, primera fase de la obra, finalizó en 2012 con un coste de 203 millones de euros, según consta en la web de la APV. No fue hasta 2007 cuando el proyecto obtuvo el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente, quien a través de la Declaración de Impacto Ambiental autorizó la infraestructura con una serie de condicionantes.

En abril de 2019, la Autoridad Portuaria presidida por un exconseller del PSOE, Aurelio Martínez, dio un giro al guión del puerto y sacó a licitación un proyecto sustancialmente diferente al que se había hecho público. El objetivo del nuevo plan es dedicar toda la ampliación norte al tráfico de contenedores, lo que implica el traslado de la terminal de cruceros y una serie de modificaciones para ganar superficie útil, que incluyen la eliminación del actual contradique norte para facilitar las maniobras de entrada y de salida de los buques y una ampliación de 500 metros del actual dique de abrigo. Resulta complicado explicar a cualquier ciudadano como el almacén de contenedores vacíos es un motor para la economía.

Además, la terminal de cruceros, prevista en origen donde ahora se proyecta la de contenedores, pasaría a instalarse en los astilleros Boluda, que supondría una concesión administrativa de 35 años para la ocupación de 4.700 metros donde construirán dos torres de oficinas y una zona de aparcamientos para beneficio el expresidente del lobby de empresarios valencianos. 

El cambio de proyecto ha provocado la revuelta de colectivos ecologistas y ciudadanos, quienes ya miraban con desconfianza las obras del puerto y piden una nueva declaración de impacto ambiental, dado que hay un nuevo proyecto. El Puerto, por su parte, defiende que, como se hace dentro del espacio ya autorizado, no requiere de una nueva valoración y sostiene que los informes ambientales son preceptivos para nuevas obras, no para quitar instalaciones.

A las peticiones ciudadana y a la alerta ecologista se ha unido la oposición del alcalde de Valencia, Joan Ribó, aunque la controversia con la ampliación no es nueva a nivel municipal. La exedil de Valencia en Comú (marca electoral de Podemos en 2015) y hoy asesora de la conselleria de Vivienda en manos de Podem, hizo de la guerra contra las pretensiones de puerto la bandera de su campaña. "La relación del puerto con la ciudad es tóxica", advertía la edil. 

Cuando se pregunta a los responsables de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la controvertida ampliación norte remiten a la placa de inauguración, como si la construcción tuviera que seguir por inercia y sacan la bandera del progreso económico. La inercia del progreso; de las cifras económicas, que siempre deben ir a más. 

Proyecto para el que se concedió el informe ambiental favorable en 2007, con el contradique, la terminal de cruceros y sin la prolongación del dique de abrigo

Proyecto para el que se concedió el informe ambiental favorable en 2007, con el contradique, la terminal de cruceros y sin la prolongación del dique de abrigo

 

Proyecto recientemente sacado a concurso sin el contradique, sin el muelle de cruceros y con la prolongación del dique de abrigo

Proyecto recientemente sacado a concurso sin el contradique, sin el muelle de cruceros y con la prolongación del dique de abrigo

La declaración de impacto ambiental

La declaración de impacto ambiental de un proyecto que implica duplicar la capacidad de contenedores del puerto se autorizó en 2007 y comenzó a gestarse en 2001. Fueron los años del boom del ladrillo y el despilfarro. En plena fiebre megalómana, era el PP el partido al frente de todas las instituciones, aunque la enfermedad faraónica había afectado a varios colores políticos. Hace unos meses, en febrero, el exalcalde socialista Ricard Pérez Casado se disculpaba por la ampliación de la infraestructura que se hizo durante su mandato, en los años ochenta, y que, como cara más visible, dejó Natzaret sin playa. La ampliación se tendría que haber hecho por el puerto de Sagunto, reflexionaba el edil.

Las voces defensoras de la ampliación guían a sus interlocutores a la declaración de impacto ambiental para justificar su postura. El informe del Ministerio, de unos siete folios, resuelve de manera favorable a la ampliación, aunque incluye una serie de condicionantes que, de no cumplirse, supondrían la paralización del proyecto. Entre ellos, cita: "La vigilancia de la evolución de la playa de la Malvarrosa y de la playas al sur del puerto, seguimiento de la calidad de las aguas y seguimiento del dragado, seguimiento de la biocenosis marina y recursos pesqueros, estudio previo del patrimonio arqueológico, vigilancia de los niveles fónicos y de la contaminación atmosférica".

El texto ya advierte que las instalaciones del puerto de Valencia, y sus sucesivas ampliaciones, "provocan una alteración de la dinámica litoral que, entre otros efectos, da lugar a procesos regresivos, intensos y visibles, en las playas al sur de la nueva desembocadura del Turia y, en especial, en las playas de Pinedo y El Saler (ambas dentro del Parque Natural). Es posible que estos efectos se incrementen con la ejecución del proyecto, a menos que se habiliten las oportunas medidas correctoras".

La oposición política en 2007

La obra proyectada generó una gran oposición política durante su tramitación. El informe ministerial también recoge las alegaciones de grupos políticos en el ayuntamiento de Valencia -entre ellos, el Grupo Socialista y Esquerra Unida- asociaciones ecologistas, asociaciones vecinales y varios catedráticos. Los opositores consideraban que el proyecto "no está debidamente justificado", así como tampoco se justificó "la decisión de ampliar inicialmente en Valencia en lugar de hacerlo en Sagunto" y sostenían que "el impacto económico no sería positivo si se tuviesen en cuenta los costes de regeneración de las playas y los daños causados al turismo".

Asimismo, recoge un estudio conjunto entre la Universitat de València y University of Oslo: 'Repercusiones en las playas del sur de la ampliación del Puerto de Valencia', que señala que la ampliación del puerto de Valencia supondría un fuerte impacto en las playas situadas al sur del mismo. "El impacto no estaría tanto en relación con la trampa de sedimentos que supone el puerto (puesto que ya lo es en la actualidad), sino con el incremento de la zona de sombra de oleaje derivado de la pretendida ampliación". Las playas cercanas como la del Perellonet, ya afectadas, "entrarían en una fase recesiva". 

Impacto sobre el tráfico

El informe recoge las explicaciones del promotor, que con "tanto en la fase de ejecución como en la fase de explotación, la red de accesos terrestres al puerto permite al tráfico pesado llegar al interior del mismo a través de la V-30, sin necesidad de circular por el viario urbano". Una estimación a todas luces poco sostenibles, ya si el puerto pretende duplicar el número de contenedores, algunos expertos estiman que se duplicará el de camiones. 

La alternativa que pide el Ayuntamiento de Valencia y que el Gobierno autonómico ha comenzado a explorar es la de realizar un acceso norte por la vía ferroviaria, que no tendría tanto impacto en las carreteras y podría aligerar el tráfico en la V-30. El túnel submarino que propone la Autoridad Portuaria a algunos dirigentes les suena a una ocurrencia similar al 'monorraíl' de la serie Los Simpson.

La falta de transparencia del nuevo proyecto es una de las críticas que realiza el catedrático de Geografía Humana Joan Romero en su libro 'Geografía del despilfarro en España' a Puertos del Estado. La del catedrático es una de las voces que pide que se replantee esta ampliación, que se reflexione sobre la alternativa en Sagunto, y advierte sobre la capacidad desestructurante de estos proyectos. El mismo planteamiento reclaman las asociaciones ciudadanas y en especial los ecologistas, que se han venido reuniendo con el alcalde Joan Ribó y con miembros del Gobierno valenciano, hasta conseguir que el Ejecutivo autonómico se implique en buscar la opción más sostenible.

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