En la década de los 80 se sucedieron una serie de cambios y movimientos sociales importantes que ayudaron a impulsar el surgimiento de la escuela y la sociedad inclusiva. “Antes, la integración de los niños con discapacidad no existía”, según Juan Antonio Tejero, responsable de Berritzegune Nagusia Bilbao. Sin embargo, con el paso de los años ningún gobierno ha sido capaz de actualizar a 2016 las nuevas  necesidades de integración en la escuela de los niños con discapacidad. Eso es lo que cree Tejero.

Los berritzegunes son servicios de apoyo para la innovación y mejora de la educación en los niveles de enseñanza no universitaria. Estos centros, pertenecientes al Departamento de Educación del Gobierno vasco, tienen entre sus misiones posibilitar esa integración en las mejores condiciones. Tejero, quien ha participado en un taller de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco sobre la educación inclusiva sostiene que “a los problemas globales, la administración da respuestas puntuales y en el ámbito de la educación nos estamos acostumbrando cada vez más a que cada problema tenga una solución puntual que no asume el claustro educativo”.

 

En 1982 se aprobó el Plan de Educación del País Vasco en el que se adoptó el concepto de aulas de educación especial, en las que “los niños estaban incluidos en aulas de los centros, pero estaban cerradas. Por esta razón, coloquialmente se les llamaba ‘aulas cerradas’. El 7 de octubre de 1982, como consecuencia de la presión de un movimiento colaborativo compuesto por asociaciones de padres, personal sanitario, educativo e, incluso político, se aprobó en el País Vasco una norma sobre educación especial que tenía como objetivo dar respuesta a nuevas necesidades.

Sin embargo, actualmente “existe un gran problema ya que se mantienen las estructuras de la década de los 80 en 2016, lo que significa que no se posibilita la capacidad de adaptarse a los cambios”.

De forma paralela, “el sistema sanitario y el educativo han ido reproduciendo los mismos problemas”. Algunas patologías como el Síndrome de Down están más incluidas en las aulas porque “causan menos problemas”, pero otras como el TDAH (déficit de atención con o sin hiperactividad) presentan más dificultades para la inclusión. “Hemos ido integrando esas patologías, pero están surgiendo otras diferentes que el sistema educativo intenta resolver derivando al ámbito sanitario”.

Desde la década de los 90 al año 2000 se produjo un cambio “socialmente interesante” ya que la educación se hizo obligatoria hasta los 16 años después de la aprobación de la LOGSE en 1992. “Esos dos años supusieron un gran avance social y espero leer algún día que la educación obligatoria se amplía hasta los 18 años”.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, Tejero cree que se impone una reflexión sobre la forma de solucionar los conflictos. “A los problemas globales, la administración da respuestas puntuales y en el ámbito de la educación nos estamos acostumbrando cada vez más a que cada problema tenga una solución puntual que no asume el claustro educativo”.

“Estamos acotando nuestra zona de confort”. Se crea, por tanto, un gran problema para la administración ya que va creando figuras determinadas. Desde que en 1998 el Departamento de Educación aprobara una nueva normativa, no se han efectuado reformas. “No ha habido ningún gobierno que se haya puesto de acuerdo para cambiar o actualizar a las necesidades de 2016. Por ejemplo, hoy en día todavía persiste la idea de que la respuesta a los niños y niñas con patologías mentales debe hacerse en el aula. La respuesta hay que darla en el centro porque el aula en sí es un concepto restrictivo”.

Sin cambios

La ampliación de la duración de la etapa escolar obligatoria supuso un avance importante pero “de 2001 a 2016 no ha habido ningún cambio ni ninguna dinámica clara del Departamento de Educación. Ahora cambiamos sólo la terminología”.

Las necesidades han hecho que surjan algunos proyectos que pretender dar solución a estos nuevos retos. Por ejemplo, en 2007 nacieron los Centros Territoriales para la Atención Educativa, Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa cuya finalidad es  “ofrecer apoyo educativo y terapéutico al alumnado si no puede asistir de manera habitual a su centro escolar por prescripción facultativa”. Aun así “estamos funcionando con normativas del siglo pasado para necesidades de este siglo”.

Según Tejero, “la normativa de la administración encorseta para dar seguridad a la propia administración. Intentamos protocolarizar todo, lo que tiene un lado positivo, al aportar seguridad, pero, a su vez, nos deja absolutamente vendidos. Estamos hablando de sociedad incluyente pero, como va a un ritmo muy pausado igual hay que saltarse los protocolos para que sea de verdad incluyente”.

“Estamos en una sociedad cambiante”, añade, “y si no tenemos la capacidad de adaptarnos no sobreviviremos. Un sistema inclusivo debe hacer que el alumno o paciente sienta respeto por la persona que tiene delante. En la educación inclusiva no tenemos un plan amplio, sino muchos protocolos. ¿Cómo vamos a tener una sociedad inclusiva si no tenemos educación inclusiva? Hay que dar respuestas globales a problemas individuales”.