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Génova da carpetazo al expediente abierto a Ruth Beitia y otros ocho diputados díscolos tras designarla como candidata

Ni los afectados ni la dirección regional han sido informados por el Comité de Garantías, que tampoco sabe concretar la fecha en la que se tomó la decisión

Los diputados del PP Eduardo Van den Eynde, Ignacio Diego, Luis Carlos Albalá e Ildefonso Calderón. | ROMÁN GARCÍA

Los diputados del PP Eduardo Van den Eynde, Ignacio Diego, Luis Carlos Albalá e Ildefonso Calderón. | ROMÁN GARCÍA

La dirección nacional del PP ha archivado el expediente disciplinario que pesaba sobre Ruth Beitia y otros ocho diputados díscolos que se negaron a nombrar portavoz del Grupo parlamentario Popular a la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga. La decisión adoptada por el Comité de Derechos y Garantías se produce como consecuencia del nombramiento por expreso deseo de Pablo Casado de la medallista olímpica como candidata a la Presidencia de Cantabria. 

La resolución no ha sido anunciada de forma pública, ni tampoco se ha comunicado  a ninguno de los afectados ni a la dirección regional del partido, ni oficialmente ni extraoficialmente, según han confirmado los protagonistas a preguntas de eldiario.es.

A raíz de la proclamación de Beitia como cabeza de lista y las informaciones publicadas por este diario en las que se repasaba su bagaje político -incluida una denuncia contra el partido por el supuesto amaño del último Congreso regional que fue archivada por la justicia-, la oficina de prensa del PP se ha puesto en contacto con este medio para asegurar que dicho expediente está "paralizado" y, por tanto, "ha quedado sin efecto". 

Sin embargo, desde Génova no saben concretar cuándo se cerró la investigación ni los motivos que han llevado a su archivo. Los afectados, por su parte, atribuyen esta decisión a la designación de la atleta como número uno en las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo: "No tendría sentido tener una candidata con un expediente abierto", señalan.

Dos años en el limbo

El Comité de Derechos y Garantías incoó el expediente informativo en mayo de 2017 debido al pulso que mantuvieron con la nueva dirección regional del PP cántabro nueve de los trece diputados.

El Congreso regional dejó a los conservadores cántabros completamente divididos en dos corrientes después de que María José Sáenz de Buruaga anunciara por sorpresa que pugnaría por la Presidencia contra el que había sido su mentor político, el ex presidente de Cantabria, Ignacio Diego.

Su candidatura contó el apoyo del ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y fue entendida por los partidarios de Diego como "un acto de deslealtad". El resultado de la votación fue tan ajustado -Buruaga se impuso en la segunda ronda por tan solo cuatro votos de diferencia después de haber perdido el voto de los militantes- que alentó la lucha por el poder interno.

Entre quienes han guardado fidelidad a Diego se encuentra precisamente Ruth Beitia y los otro ocho diputados regionales, que se negaron a sustituir a Eduardo Van den Eynde por Buruaga como portavoz parlamentario, tal y como había aprobado el nuevo Comité Ejecutivo del PP con el objetivo de dar visibilidad y reforzar la imagen de la nueva presidenta. 

Las amenazas de una posible expulsión del partido no hicieron cambiar de postura a los diputados díscolos y el procedimiento interno quedó en un cajón a la espera de conformar nueva listas con motivo de las elecciones autonómicas que se celebrarán en mayo.

Sin embargo, la irrupción de la figura de Ruth Beitia ha provocado un giro de 180 grados en la convulsa situación interna que viven los populares cántabros, y quienes antes se veían con pie y medio fuera del partido, ahora sueñan con regresar a la primera línea política.

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