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Archivada sin practicar diligencias la causa contra un parlamentario del PNV

El Tribunal Superior desautoriza a la Audiencia de Bizkaia, que ordenó la investigación de una prevaricación del parlamentario y alcalde de Balmaseda Joseba Zorrilla (PNV) en la adjudicación del polideportivo municipal.

La Audiencia había reprochado duramente al juzgado que sobreseyese anteriormente el caso pese a resultar "dudosa" la adjudicación.

La denuncia revela que se adjudicó a una mujer "muy cercana al PNV", sin contratos ni tarifas de uso, y que luego el alcalde hizo un concurso restringido, al que solo se presentó el marido de la adjudicataria.

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El Tribunal Superior vasco ha desautorizado a la Audiencia de Bizkaia al archivar una causa contra el parlamentario Joseba Zorrilla (PNV), imputado de prevaricación por la adjudicación del polideportivo de Balmaseda, localidad donde es el alcalde. En un auto, dictado el pasado 19 de septiembre, decreta el sobreseimiento sin practicar diligencias, en contra de lo que había expresado la Audiencia vizcaína,  al considerar que no hay una “resolución arbitraria”.

El parlamentario fue imputado tras una denuncia de EH Bildu, que aludía a la adjudicación “a dedo” de la gestión del polideportivo a una mujer “muy cercana al PNV”, quien además explotó el servicio sin ningún contrato y sin ninguna tarifa aprobada por el el pleno. De hecho, según la denuncia, el pago de la tasa se camuflaba como una supuesta compra de camisetas al Ayuntamiento de manera mensual. Tras la denuncia, el alcalde y parlamentario hizo un expediente de contratación restringido a tres empresas, pero dos no hicieron oferta alguna, y la tercera era del marido de la adjudicataria. Pero, pese a ello, la adjudicataria fue su mujer, que ni siquiera se había presentado, como consta en la denuncia de Bildu.

La demanda se presentó en agosto de 2011 en un juzgado de Balmaseda, que la archivó en noviembre, apenas dos meses de abrirla, sin practicar ninguna diligencia. Esta actuación motivó una seria reprimenda de la Audiencia de Bizkaia, que en un auto dictado en marzo pasado, recordó al juzgado que es “obligación del juez de instrucción incoar diligencias” para determinar si hay un delito, máxime tras abrir la causa en septiembre de 2011 al considerar que podría existir una actuación ilegal. “A pesar de esa constancia, ninguna diligencia se practicó, por lo que resunta sorprendente que, sin ninguna comprobación, se modifique esa inicial percepción”.

La Audiencia estimaba, al examinar la documentación del caso, que “resulta dudoso el modo en que se ha llevado la adjudicación del servicio, la concreción de tarifas y varios de los extremos que se observan”. Reprocha que, pese a haber transcurrido año y medio desde la presentación de la demanda y tras considerar el juzgado que “existía apariencia de delito”, que “ninguna diligencia ha practicado. Lo único que consta es lo aportado por los denunciantes”. En el auto continúa con su duro reproche al juzgado de Balmaseda al ordenar la práctica “de las elementales e iniciales diligencias ineludibles”, como la toma de declaración del denunciado y la aportación de la documentación por parte del Ayuntamiento de Balmaseda.

Al tratarse de un aforado, el caso llegó al Tribunal Superior, que, en su auto del pasado 19 de septiembre, tiene un visión diferente. Pero, según relata en su auto, solo examina los datos de la denuncia, por lo que  tampoco se han practicado las diligencias que exigía la Audiencia de Bizkaia. “Consta en los documentos aportados por la denuncia”, “Del contenido de las resoluciones administrativas aportadas con la denuncia”, son varias de las frases repetidas en el auto por la Sala de lo Civil y Penal del Superior, sin ninguna referencia a otras pruebas como exigía la Audiencia.

La resolución reprocha a los denunciantes que no se haya aportado el resultado de la impugnación del caso ante la vía administrativa, “pese a lo cual acuden a la vía penal, en la cual mal puede admitirse que, por quien primero no agotó los remedios procesales ordinarios establecidos en la ley, se tache a resoluciones administrativas de injustas”. Agrega que, según los datos de la denuncia, “no se deduce” que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Balmaseda con la adjudicación del polideportivo sean “arbitrarios”. Por ello, concluye que los hechos denunciados “no son constitutivos de infracción penal alguna”. El auto tiene como ponente a la magistrada Nekane Bolado y está firmado por el presidente del Superior, Juan Luis Ibarra, y los magistrados Roberto Saiz y Antonio García.



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