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Los sindicatos nacionalistas reciben al Gobierno de Sánchez con una huelga general en Euskadi, pero con la mirada puesta en Urkullu

La huelga general convocada en el País Vasco y Navarra por la Carta Social de Euskal Herria, liderada por ELA y LAB, solo cuenta con el apoyo político de EH Bildu y ha divido al movimiento de pensionistas

Los servicios mínimos son similares a los de paros anteriores: circularán al menos el 30 % de los transportes públicos, en los hospitales se trabajará como un festivo y en los centros de atención primaria como un sábado

Carta de Derechos Sociales

Carta de Derechos Sociales

Los sindicatos nacionalistas ELA y LAB ya han presentado su ‘tarjeta de visita’ al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez: huelga general el 30 de enero en Euskadi y Navarra. Las reivindicaciones concretas son: la derogación de la reforma laboral, edad máxima de jubilación a los 65 años, jornada de 35 horas semanales, la revalorización de las pensiones acordes al IPC anual, una pensión mínima de 1.080 euros y un salario no inferior a 1.200 euros. Se trata de un paro convocado mucho antes de conocerse el ganador de las elecciones y, por añadidura, sin saber quién iba a ser investido finalmente presidente. ELA y LAB han hecho con el Gobierno de Pedro Sánchez lo mismo que hicieron con el del lehendakari socialista Patxi López en 2009: jornada de huelga general apenas tres semanas después de su investidura, sin dar tiempo a que desarrollase nada. Así, tanto el primer Ejecutivo no nacionalista en la historia de Euskadi como el primer Gobierno de coalición en España se han desayunado con esta 'tarjeta de presentación' de las centrales abertzales, que son mayoritarias en Euskadi, pero que en Navarra están por detrás de UGT.

La huelga general solo cuenta con el apoyo político de EH Bildu y ha divido al movimiento vasco de pensionistas, que hasta la convocatoria de este paro era un colectivo monolítico que se había zafado de las influencias partidistas y sindicales.

Esta medida de confrontación está convocada en origen por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, donde se integran sindicatos como ELA, LAB, ESK, STEILAS, la organización agraria EHNE, Etxalde e Hiru (transporte) y diferentes colectivos sociales.

La movilización, que ha causado sorpresa y malestar en los gobiernos vasco y navarro, ha sido duramente criticada por los empresarios, CC OO y UGT. Y una parte del movimiento pensionista se ha desmarcado e incluso ha sacado la cara por el nuevo Gobierno central al entender que con sus primeras disposiciones “despierta esperanzas”.

Frente a las críticas a ELA y LAB por parte del Gobierno vasco de que se trata de una huelga de corte político, ambas sostienen que la agenda sindical tiene que ver muy poco con la gobernabilidad y con la alternancia en el poder. Según los sindicatos, la protesta se hubiera convocado igual con cualquier otro Gobierno. Y prueba de ello es que el paro ya se anunció en el pasado mes de octubre (la repetición de las elecciones generales fue el 10 de noviembre). Precisamente eso apunta a que, en realidad, la medida de fuerza de la huelga se dirige más contra el Gobierno vasco presidido por Iñigo Urkullu que contra el de Sánchez. Aunque las competencias sobre las  reivindicaciones de las centrales abertzales sean exclusivas del Ejecutivo central.

Por eso, la movilización ha provocado otro enfrentamiento más entre ELA y el lehendakari, quien se ha negado a recibir a los convocantes, quienes, a su vez, le acusan de estar de parte de la patronal. En cambio, la presidenta navarra, María Chivite, sí que les ha recibido.

Hace muchos años que las relaciones entre ELA y el Gobierno vasco son casi inexistentes, hasta el punto de que el Ejecutivo no logra atraer a la central nacionalista a una mesa de diálogo. Y ese es un gran problema teniendo en cuenta que ELA (con más de 100 años de historia), es mayoritario (e incontestable)  en Euskadi desde 1980, y cuenta con el músculo económico y de penetración social suficientes para condicionar las relaciones laborales en toda una comunidad.

Fractura entre los pensionistas

La huelga tiene ya una consecuencia añadida: ha fracturado al movimiento de pensionistas, a pesar de que recoge todas sus principales reclamaciones, como la pensión mínima de 1.080 euros, el blindaje por ley de su subida al menos igual al IPC, o la eliminación de las reformas que retrasan la edad de jubilación e instauran el factor de sostenibilidad.

Se trata de un colectivo diverso en lo político, pero desde que hace dos años inició sus concentraciones y movilizaciones (sobre todo, en Bilbao) se había mostrado rocoso y unido por la defensa de las pensiones, impermeable a injerencias políticas o sindicales.

Al final, la división ha sido inevitable al ser una convocatoria liderada por los sindicatos nacionalistas sin el apoyo de las centrales estatales ni del resto de partidos de izquierdas. Y se ha visualizado sin tapujos: mientras una parte del colectivo se hizo la foto como uno de los convocantes del paro, otros dieron una rueda de prensa para demostrar que están en contra.

Servicios mínimos

El Gobierno Vasco ha decretado unos servicios mínimos similares a los de paros anteriores, lo que significa que circularán al menos el 30 % de los transportes públicos, que en los hospitales se trabajará como un festivo y en los centros de atención primaria como un sábado.

La orden establece que en los centros educativos no universitarios deberá haber dos personas para garantizar el control de acceso, mientras que en la Universidad del País Vasco tiene que haber una persona para cumplir esta misma función.

En el caso de la asistencia sanitaria, en los hospitales se podrán dar altas médicas y se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables, y trabajará el personal "estrictamente necesario" para el funcionamiento de los servicios de urgencia, cocina, reparto de cocina y limpieza.

Los servicios de emergencia sanitaria y los Puntos de Atención Continuada trabajarán como en una jornada ordinaria y en el caso del transporte sanitario se harán los traslados urgentes, los de sangre y hemoderivados, y los necesarios para los tratamientos de hemodiálisis y oncológicos.

Trabajarán también al 100 % los empleados del servicio de atención de emergencias SOS-Deiak 112, mientras que los bomberos, los empleados de mantenimiento de carreteras y los del centro de gestión del tráfico, entre otros, lo harán como en un festivo.

En las residencias de mayores y dependientes, los servicios mínimos se han fijado en el 50 % (con un 10 % adicional durante las comidas) y en el servicio de ayuda a domicilio se atenderán únicamente los servicios de comidas, higiene, ayuda para levantarse y acostarse y toma de medicamentos a los dependientes de grados 2 y 3.

 

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