Piedras de papel es un blog en el que un grupo de sociólogos y politólogos tratamos de dar una visión rigurosa sobre las cuestiones de actualidad. Nuestras herramientas son el análisis de datos, los hechos contrastados y los argumentos abiertos a la crítica.
Hace pocos días, asistíamos en este diario a un intercambio de opiniones entre los exministros Miguel Sebastián y Valeriano Gómez a cuenta del IRPF. El debate sobre impuestos es del todo pertinente. Gran parte de la izquierda se ha despreocupado de revisar el sistema fiscal español con el argumento de que la mayor redistribución se hace por la vía del gasto. Así, hemos llegado a la crisis con un sistema fiscal que es, en comparación con el resto de países de la UE, más gravoso sobre los trabajadores de rentas bajas y medias-bajas. El problema es que esta crisis no solo ha intensificado los aspectos más negativos del sistema impositivo (siendo la amnistía fiscal el ejemplo más representativo), sino que está acabando con cualquier posibilidad de que el gasto público pueda compensar las desigualdades derivadas de un sistema impositivo poco progresivo.
Hay al menos dos razones para replantear seriamente el sistema fiscal. En primer lugar, el conjunto del sistema recae en gran medida sobre las rentas del trabajo. Según datos del USAID Fiscal Reform and Economic Governance Project de 2011, el 37,6% de la recaudación fiscal en España proviene del impuesto de la renta, mientras que en los países de la UE es del 32.7%.
En segundo lugar, porque el mismo impuesto sobre la renta está sesgado hacia los trabajadores de ingresos medios y bajos. El gráfico siguiente muestra las diferencias entre los tipos máximos y mínimos de los impuestos sobre la renta para la mayoría de los países europeos. Esto nos da una medida aproximada de cuan comprimida está la escala fiscal y, en cierta manera, de cómo se reparten las cargas fiscales entre los trabajadores. Cuando las diferencias entre los tipos máximos y mínimos son pequeñas, podemos entender que la diferencia entre los que más pagan y los que menos pagan es menor. Como se puede comprobar, España tiene una de las escalas fiscales más comprimidas. La diferencia entre el tipo marginal máximo y mínimo es la segunda más baja del gráfico.
Esto no ocurre porque el impuesto de la renta sea muy bajo para todos los ciudadanos, como en la República Checa. De hecho, el tipo máximo español está ligeramente por encima de la media europea. Por el contrario, España tiene unos de los tipos marginales mínimos más altos de Europa, solo por debajo de Suecia y Bélgica. Este hecho se une a que los mínimos exentos son relativamente bajos y a la larga tradición de deducciones y distorsiones que acentúan los rasgos regresivos del impuesto de la renta (como la afortunadamente eliminada deducción por compra de vivienda). El resultado es que en España las cargas sobre el trabajo no son suficientemente progresivas.
Esta sistema fiscal poco progresivo se convierte en más grave si observamos cuál es la vía que España está siguiendo para salir de la crisis. Desde un punto de vista de justicia social, es posible mantener un sistema fiscal con cargas no muy progresivas si el gasto público permite compensarlas. En cambio, esto dista de ser el camino emprendido por España.
El siguiente gráfico muestra la proporción en que el ajuste fiscal programado entre 2009 y 2015 se realiza mediante recortes de gasto o aumentos de ingreso. Como se puede comprobar, entre los países que más han sufrido la crisis de deuda, España es el que más ha enfocado su consolidación fiscal hacia los recortes de gasto. España está ajustando más por la vía del gasto que Irlanda, Portugal, Italia o Grecia, y, a nivel de toda la OCDE, la proporción de ajuste del gasto sobre el conjunto de los recortes está por encima de la media.
El sesgo en la consolidación fiscal no acaba aquí. En España, los ajustes no solo se concentran en el gasto, sino que, dentro del gasto, están principalmente encaminados a reducir el gasto programático (entre los que están los programas sociales como la educación, la salud o las compensaciones sociales, pero también programas como los de I+D+I). Según datos de la OCDE, en España casi un 70% del recorte del público corresponde a reducciones en estos programas (de nuevo por encima de la media de la OCDE), frente a conjuntos de gastos como los operativos del Estado. Un recorte del gasto programático de estas dimensiones puede tener peligrosas consecuencias.
En definitiva, existen muchas maneras de salir de la crisis, pero no parece que la vía española sea la más preferible: un sistema fiscal gravoso con los trabajadores de renta baja y media y una consolidación fiscal que se centra en los recortes al gasto. Nuestro modelo, ni es la manera más equilibrada de superar la actual coyuntura, ni es la que sienta las bases de una sociedad más justa para el día después de la crisis.
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NOTA:
El gráfico 1 está realizada con los últimos datos disponibles del USAID Fiscal Reform and Economic Governance Project (salvo el dato de la Republica Checa que esta corregido al alza con los datos recogidos por el Grupo Santander)
El gráfico 2 está realizado con los datos del informe de la OCDE Restoring Public Finances (2012).
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