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La crisis migratoria abre una brecha entre el Gobierno central y el canario

Migrantes rescatados por Salvamento, en su llegada al muelle de Arguineguín

La crisis migratoria que vive Canarias desde hace meses y se ha agravado en las últimas semanas ha derivado en un choque entre el Gobierno central y el de la islas que vivido este viernes su, de momento, último capítulo. El aumento de la presión migratoria y la situación del puerto de Arguineguín, donde se hacinan miles de personas llegadas a las costas de Gran Canaria, ha provocado el desembarco en Las Palmas de dos ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de paliar las críticas por el abandono de las islas. Allí han acudido con un plan temporal de acogida que no convence al presidente canario, el socialista Víctor Torres, que insiste en que el Gobierno debe autorizar el traslado de migrantes a la península: "No podemos solos".

Canarias lleva meses viviendo una crisis migratoria sin encontrar una solución por parte del Gobierno. Desde enero han llegado a sus costas 16.760 migrantes en patera o cayuco, lo que supone un incremento del 1.019% respecto al año anterior. Solo en el mes de octubre desembarcaron más de 5.000 personas. El puerto de Arguineguín (Gran Canaria), con miles de migrantes hacinados, es el símbolo de la crisis. Allí pasan sus primeros días en España hasta su derivación a las plazas de acogida, que en estos momentos se encuentran en su mayoría (5.500) en 17 hoteles de la isla vacíos por la pandemia, habilitados como solución de emergencia ante la inexistencia de una red estable de atención humanitaria.

El Ejecutivo central ha tratado este viernes de atajar la críticas a su falta de intervención en el asunto con la visita de dos ministros a las islas: el titular de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha desplazado a Marruecos para abordar con su homólogo de ese país la crisis migratoria.

Escrivá ha asegurado este viernes en una entrevista en la Cadena SER que desde su ministerio llevaban "bastante tiempo" pidiéndole a Defensa la cesión de los campamentos militares para acoger a los migrantes. "Es algo que llevábamos pidiéndole al Ministerio de Defensa bastante tiempo y que se ha materializado recientemente", ha apuntado.

Interior rechaza el traslado de migrantes a la península

De poco ha servido el viaje y las promesas de Escrivá y Ábalos, porque es con Marlaska con quien el Gobierno socialista de Canarias mantiene el choque principal. El titular de Interior se niega a que parte de los migrantes llegados a las islas sean trasladados a la Península de manera regular, solo se producen derivaciones de grupos reducidos y de manera discreta. Su justificación es que la política migratoria corresponde "a la Unión Europea en su conjunto y no solo a España". Desde su departamento también consideran que impulsar las salidas de las islas generaría un "efecto llamada". No obstante, a pesar de la política de bloqueo, las llegadas de pateras han continuado en aumento.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha repetido de forma incesante que Canarias "no puede enfrentar sola la crisis migratoria". Durante la visita este viernes de Escrivá y Ábalos, ha aprovechado para mostrar su descontento al no haber podido acompañar a Marlaska en su visita a Marruecos. "He expresado mi intención a las administraciones, pero no ha sido posible", lamentó. A pesar de ello, ha asegurado que se desplazará a Rabat en cuanto sea posible para abordar las salidas desde este punto del continente africano. 

La derivación de migrantes a la Península es su principal petición al Ejecutivo central, pero hasta ahora ha chocado con el rechazo de Interior. Además, en el marco de sus competencias sobre los menores extranjeros no acompañados, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario ha solicitado la derivación a otras comunidades autónomas de al menos 500 niños y niñas migrantes.

Marlaska no quiere trasladar migrantes aunque hay varias comunidades que se han ofrecido a acogerlos. Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Barcelona, han ofrecido plazas al Ministerio para su sistema de acogida, pero por ahora no está previsto que ninguno de los 9.000 migrantes que aún permanecen en las islas salga de camino a la península.

Ante esa negativa, el plan del Gobierno pasa por instalar al menos siete campamentos de emergencia en distintos puntos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para albergar a 7.000 personas. De este modo, se prevé que antes de que acabe el año, las 5.500 personas alojadas en complejos hoteleros en el Archipiélago puedan ser distribuidas en estos espacios.

Escrivá ha detallado el plan y ha añadido que la mayor parte de los migrantes llegados a las islas son "retornables" y que solo un 10% tiene posibilidades de integrarse en el plan de acogida humanitaria de su Ministerio. Ha asegurado que esta es una solución de emergencia que en el futuro irá acompañada de una búsqueda de redes más estables, con edificios cedidos por el Ministerio de Defensa y por algunas administraciones locales.

La solución no convence al Ejecutivo canario. Torres ha insistido frente a Escrivá que no le vale un parche que pase por mantener a todos los migrantes en las islas, que se niegan "rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega". "No podemos solos. No lo aceptamos y nos rebelamos ante esta acción", ha añadido, al tiempo que ha insistido en su disposición a acoger "solidariamente un porcentaje de los inmigrantes" y que el resto se distribuyan en otras comunidades autónomas.

Arguineguín, la razón del choque

A pesar de ese rechazo, Torres ha confiando en que la iniciativa del Ministerio de Migraciones, con sus asentamientos temporales, abra la posibilidad de traslados a la península. En su intervención también ha pedido que se cierre de inmediato el campamento de Arguineguín, el principal foco de conflicto entre el Ejecutivo canario y el central.

El campamento temporal instalado por Cruz Roja en el muelle alberga a unas 1.300 personas ha llegado a hacinar a 2.600 migrantes. En ese momento, algunas personas se vieron obligadas a dormir en el suelo, donde se ha notificado la presencia de ratas, y a la intemperie ante la insuficiencia de carpas para todas.

El juez Arcadio Díaz Tejera, encargado del control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria, exigió el pasado 12 de noviembre el desmantelamiento inmediato del campamento, donde considera que "se hacina como a ganado". Interior respondió a las alertas sobre la situación de los migrantes que ninguno pasaba allí más de 72 horas. Torres le desmintió, el PP le acusó de mentir y Podemos Canarias pidió su dimisión.

El último desencuentro entre el Gobierno de Canarias y la cartera de Marlaska tuvo lugar el pasado 17 de noviembre, cuando 227 migrantes fueron sacados del muelle de Arguineguín por la Policía Nacional sin una alternativa habitacional, siguiendo una orden cuyo origen todavía se desconoce. Torres exigió una explicación a Interior, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El Gobierno también ha reconocido las inadecuadas condiciones humanitarias del campamento del puerto. La última ha venido de parte de la titular de Defensa, Margarita Robles. En una entrevista este viernes a TVE ha dicho que las condiciones de los migrantes de Arguineguín "no han sido las más adecuadas para los seres humanos" y ha tachado la crisis de "drama humanitario en el que nadie puede ni debe mirar para otro lado". Este jueves, la ministra de Igualdad, Irene Montero ha dicho que "hay imágenes de las que estamos viendo en Canarias en los últimos días que un Gobierno progresista no se puede permitir". En octubre, el responsable de Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció que "no responde a lo que uno espera que debe ser la acogida a los inmigrantes cuando llegan a España".

A la espera de una solución que por ahora no llega, el muelle ha recibido este viernes la visita de una comisión judicial para inspeccionar las condiciones del hacinamiento. Su presencia allí responde a la denuncia que ha interpuesto la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sobre la situación de los inmigrantes en el recinto portuario.

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