La urgencia por encontrar material sanitario pone a prueba al Gobierno, comunidades autónomas y a la red comercial

Avión militar fletado por el Ministerio de Sanidad para llevar material médico a Canarias

Faltan mascarillas, respiradores, EPIs, test de diagnóstico y las llamadas desesperadas se repiten desde ayuntamientos, comunidades autónomas, organizaciones de médicos, hospitales y residencias a las puertas del pico de la pandemia, que los técnicos del Ministerio de Sanidad prevén para los próximos días, aunque no se atreven a ponerle fecha. Un juzgado madrileño dio el pasado miércoles 24 horas a la Administración para que dotase de protección a médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y todo el personal que hace posible el funcionamiento de los servicios hospitalarios tras una denuncia de un colectivo médico.

Sanidad reconoce que la primera partida de test rápidos era defectuosa pero asegura que tenía homologación de la UE

Sanidad reconoce que la primera partida de test rápidos era defectuosa pero asegura que tenía homologación de la UE

En esa carrera diabólica contra el calendario, que ha registrado este jueves otras 655 personas muertas hasta completar un total de 4.000 por coronavirus en España, las distintas administraciones tratan de conseguir material para proteger a profesionales, pacientes y a la sociedad en general, en vísperas de que la curva, que este jueves registró 56.188 contagiados (en una cifra que caduca cuando se hace pública) alcance su punto más alto.

El Gobierno ha anunciado que el contrato millonario para traer de China material asciende a 509 millones de euros, cantidad que también varía "diariamente" por las constantes nuevas adquisiciones. Con los nuevos contenedores que el ministro Salvador Illa anunció el miércoles suman en total 550 millones de mascarillas quirúrgicas y de protección, 5,5 millones de pruebas rápidas, 11 millones de guantes y 950 respiradores. Pero parte de ese material acabarán llegando entre mayo y junio. Durante las últimas horas se ha sabido que las primeras 9.000 pruebas rápidas compradas a fábricas chinas a través de un proveedor nacional, del que el Gobierno no ha dado el nombre, llegaron este fin de semana defectuosas. Tenían la homologación para venderse en Europa, pero, tras analizarlas en distintos laboratorios, se comprobó que daban un 70% de falsos negativos.

Esos 9.000 'tests rápidos' defectuosos eran de la empresa Bioeasy Biotechnology, y se gestionaron semanas antes de la macrooperación que incluye 5,5 millones. Esa, dice Sanidad, se ha realizado también con "otros fabricantes y proveedores", sin especificar cuáles. "En un mercado loco hay que ir con mucho cuidado", fue la justificación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando se supo que los tests no valían.

Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas Sanitarias, había expresado también sobre el tema que lo ideal sería trabajar "con empresas de biotecnologia españolas". La realidad, según fuentes del sector, es que solo hay dos empresas (Certest y Operon, ambas de Zaragoza) en España que serían capaces en un futuro de fabricar pruebas diagnósticas de anticuerpos y antígenos fiables, pero en todo caso necesitan un plazo de meses. Aunque Sanidad asegura que la producción nacional "ya está en marcha", China, donde se originó la pandemia, lleva mucha ventaja en investigación y producción sobre el virus.

"Es una guerra auténtica por hacernos con mascarillas"

La activación del mando único y la necesidad de todo este tipo de bienes obligó a las administraciones públicas y empresas a poner en conocimiento de Sanidad su disposición, y ordenó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de incautarse de todo ese material para que el Gobierno lo distribuyera.

Pero ante la desesperación de ver a su personal sin protección, algunas comunidades han decidido actuar por su cuenta. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras criticar la gestión del Ministerio, anunció hace unos días una compra de 23 millones de euros que llegarían en dos aviones, de los que nada se sabe. Díaz Ayuso admite ahora que lograr esos pedidos que está buscando todo el mundo no es tan fácil.

La ministra de Hacienda, la socialista María Jesús Montero, definió lo que está pasando en los mercados internacionales: "Es una guerra auténtica por hacernos con mascarillas, test rápidos, respiradores". Porque en la misma situación de España hay decenas de países peleándose en los mercados internacionales por esa mercancía para hacer frente a la peor pandemia que se recuerda en décadas en Occidente. Cada Gobierno va por libre, también en Europa, donde la UE ni siquiera logra pactar un plan económico para responder a la crisis.

La Organización Mundial de la Salud tampoco tiene planes conjuntos. El 3 de marzo, cuando el coronavirus era un problema básicamente chino e italiano, la OMS ya pidió a los países que incrementaran un 40% la produción de mascarillas para hacer frente a lo que venía. Por aquellas semanas, Ebay y Amazon paralizaron la venta de mascarillas y gel de manos en un intento de frenar la escalada de precios y la especulación.

Los países del primer mundo pugnan en un zoco mundial de proveedores que cambian los precios de un día para otro y exigen pagos al contado y a veces por adelantado poco compatibles con los controles de gasto de las administraciones públicas. Los países en vías de desarrollo lo tienen todavía peor para acceder a esos materiales básicos.

El exvicepresidente del Bank of América, Jonathan Tepper, autor del libro El mito del Capitalismo contaba esta misma semana a La Vanguardia que el mercado mundial de respiradores, los que ahora faltan en los hospitales y residencias de todo el mundo, está en manos de cuatro multinacionales que pactan la producción y el precio.

"Muchos quieren hacer de intermediarios ahora"

Y en ese contexto de capitalismo salvaje, tratan de abrirse paso además intermediarios sospechosos que han visto en la crisis una oportunidad para cerrar ventajosos negocios. "Ahora todo el mundo pone en contacto intermediarios, y muchos quieren hacer de nexo con países extranjeros. Lo que piden es pagos por anticipado y la administración nunca hace eso", expresan fuentes de la Generalitat Valenciana, que acaba de recibir dos aviones cargados de material procedentes de China. Para el encargo han contado con un empresario de origen chino, pero con negocios en España y una importante red logística. Prueba de la importancia que ese material ha cobrado ahora es que los camiones que llevaron los productos desde el aeropuerto de Zaragoza a Valencia fueron custodiados por las autoridades policiales.

Precisamente el pago de 35 millones de euros por parte del Govern catalán disparó las alarmas de las entidades bancarias que paralizaron la compra de material ejecutada por Quim Torra. La decisión de los bancos, según publicó El País, se debió a la incertidumbre que les generó un movimiento tan alto hacia una compañía que normalmente no mueve esas cantidades. La Generalitat llegó a denunciar a la empresa, pero más tarde retiró la demanda al recibir garantías de la compra-venta. No obstante, la Generalitat no ofrece detalles sobre esa operación, que ni siquiera aparece en los registros de contratación pública, informa Arturo Puente.

La delicada situación que atraviesa el mercado obliga a todas las administraciones a extremar las cautelas. "Uno de las primeros contactos que hubo fue una supuesta empresa de Jaén, que fuimos incapaces de identificar", explican en el Gobierno de La Rioja, que es considerada una de las zonas de transmisión comunitaria del virus. "Estamos siendo muy cautos en este sentido, las ofertas que nos llegan y no conocemos bien el intermediario o interlocutor no las tramitamos", señalan en la consejería cántabra de Sanidad, informa Rubén Alonso.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reconoce que ha recibido unas 20 o 25 ofertas "de gente que dice que tiene material o que lo compra" y que ese tipo de propuestas que han aumentado "no resultan fiables". "Desde Vigo contactamos con los proveedores habituales y nos dijeron que sus stocks estaban agotados, que antes de 10 o 15 días era imposible abastecer", explica el también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se ha interesado por EPIs para algunos servicios locales, como los bomberos, y que en vista de lo que tardarían las empresas, se decanta por esperar a que llegue el material prometido por el Gobierno en coordinación con la UE.

A pesar de la alerta por la posible especulación, el grueso de las administraciones consultadas ensalza la solidaridad que han encontrado en la mayoría de interlocutores. "Nos hemos encontrado con mucha gente dispuesta a ayudar: empresas que tienen clientes o proveedores chinos o asiáticos y que tienen esos canales abiertos y que los han puesto a nuestra disposición", expresan desde el Ejecutivo riojano, por ejemplo. "Hemos recibido el ofrecimiento de muchas empresas, por ejemplo para vehículos de limpieza y todos han sido gratuitos y se han derivado a Sanidad", apuntan desde una delegación del Gobierno en una comunidad. Para gestionar el aluvión de propuestas, el ministerio ha habilitado un correo específico para los suministros de ese tipo.

"Han llegado a pedir ocho euros por mascarilla. Y el precio ha ido incrementándose con el paso de los días", expresan desde el Gobierno de Concha Andreu –La Rioja–, por ejemplo. Pero la queja es generalizada en las autonomías. "Estamos intentando comprar termómetros (de los que miden a distancia) y nos han pedido 1.300 euros por unidad. Los guantes nos los están cobrando a un euro el par. Hemos tenido que pagar ese precio que, suponemos, es triple de lo que costaban hace quince días", señalan fuentes del Ayuntamiento de Santiago, informa Gonzalo Cortizo

"La realidad es que ahora mismo no tenemos material de protección en las farmacias. Hemos pedido al Gobierno que nos incluya como profesionales sanitarios en el pedido que ha hecho porque somos primera línea de asistencia. Algunas farmacias nos dicen que no hay material y que, entre lo que les llega, hay una serie de ofertas de empresas desconocidas completamente para ellos que les pone sobre la mesa mascarillas que no saben de dónde vienen ni si tienen garantías y con precios abusivos", afirma Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, desde donde consideran que el Ejecutivo de Sánchez, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, puede establecer un precio máximo de esos productos de protección.

A la espera, además, de los efectos de la intervención de la industria –Sánchez ordenó reorientar la producción hacia esos bienes actualmente esenciales como geles o mascarillas–, la subida de precios es una denuncia generalizada y el temor es que la situación se agrave conforme pase el tiempo. Cuando la enfermedad se expanda en países como EEUU o en América Latina, se va a poner más complicado", reconoce un alto cargo de una administración autonómica, que reconoce que en España ahora mismo se está haciendo "acopio" ante la severidad de la enfermedad.

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26 de marzo de 2020 - 22:28 h

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