El exgerente de Mercasevilla pide que se impute al marido de la jueza Alaya

El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet ha pedido el archivo de la causa contra él por delito societario en las cuentas de la lonja, en un escrito en el que afirma que debería ser imputado el marido de la juez instructora, Mercedes Alaya, puesto que como auditor ratificó dichos resultados.

El abogado de Mellet, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, revela la circunstancia de que el fiscal que ahora acusa a su cliente defendía, en un trabajo doctrinal de 2009, la posición opuesta sobre la responsabilidad de los directores generales y gerentes vinculados por relación laboral respecto a los “deberes de lealtad” que sí tienen los administradores de la sociedad.

El defensor de Mellet, José Manuel Carrión, afirma que en la causa concurren “hechos que afectan a la imparcialidad objetiva de la instructora” Mercedes Alaya por el hecho de que su marido, Jorge Castro García, auditó como experto de KPMG las cuentas de Mercasevilla antes de 2002 e informes posteriores afirmaron que sus resultados “no configuraban fielmente el estado de situación de la entidad”.

Una segunda experta perteneciente al Instituto de Auditores Censores de Cuentas de España “detectó graves irregularidades en las Memorias de los ejercicios 2000 y 2001”, dice la defensa.

Añade que, como consecuencia, “las cuentas corrientes se encontraban en números rojos debido a que no se cobraba nada ni se realizaba gestión de cobro alguna, encontrándose la empresa en números rojos dado que nada habían advertido los auditores a los administradores”.

La imputación de Jorge Castro debería realizarse, según Carrión, por su intervención activa en las auditorías de cuentas que como socio de KPMG realizó sobre Mercasevilla, igual que ha sido imputado a José Ignacio Alonso Rivero, posterior auditor de la lonja.

El presunto delito societario en Mercasevilla es uno de los cuatro investigados en la lonja y se dirige contra los exdirectivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo por presuntos delitos de malversación, delito societario, apropiación indebida y fraude y exacciones ilegales.

Según los peritos de la Agencia Tributaria que han analizado el caso, Mercasevilla dio “una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad” y en concreto en el ejercicio 2008, de unos beneficios contables declarados de 258.024 euros se pasó, después de las correcciones, a unas perdidas de 7.885.285 euros.

Carrión, sin embargo, pide el archivo porque considera que los presuntos delitos están prescritos y denuncia que el caso estuvo abierto cuatro años sin que se tomase la primera declaración a su cliente.

Además, argumenta que Mellet era “una persona contratada que no firmaba las cuentas ni las aprobaba”, lo que hacían el Consejo de Administración de Mercasevilla y el Patronato de su Fundación.

En apoyo de dicha argumentación, cita un trabajo sobre los problemas de prueba de los delitos económicos realizado en 2009 para la Junta de Andalucía por Juan Enrique Egocheaga, el fiscal Anticorrupción que ahora imputa a Mellet con una argumentación contraria.

Según el recurso, el citado estudio de Egocheaba afirmaba que incluir a los gerentes o directores generales “en el concepto de administradores de hecho supondría una interpretación extensiva del precepto penal que debe proscribirse”.