Alberto Fabra admite el error de cerrar Canal 9
Liquidar 24 años de historia para un paréntesis de menos de dos años, una interrupción de enorme desgaste político para el PP ya en horas bajas, pero especialmente para Alberto Fabra. Una decisión que ahora el President de la Generalitat admite que fue un error (como hace un año lo consideraban muchos de sus compañeros de partido) y para lo cual empieza a abrir la puerta tímidamente a recuperar el ente.
Lo que fue vendido por Fabra como una medida de austeridad para no tener que cerrar “ni colegios ni hospitales” se ha desbocado en costes mientras los valencianos dejaban de tener el servicio público. Una acción que pretendía ser audaz y valiente desde la ideología liberal, confiando en que el ejemplo fuera seguido por otros gobiernos autonómicos, no fue así, todo lo contrario: durante los días del cierre Murcia anunciaba la recuperación de su televisión regional, y en casa el presidente de la Diputación de Valencia daba la puñalada interna definitiva anunciando una televisión financiada por la corporación provincial que llenara el hueco de Canal 9.
Tras el varapalo de la justicia que anulaba el ERE aplicado sobre RTVV, la Generalitat cifraba en 228 millones de euros el coste de mantener el ente con los cerca de 1.800 trabajadores durante los siguientes dos años. Hoy en día, los trabajadores ya calculan que el cierre ha costado 200 millones, prácticamente lo que costaría mantener tres años de emisión con su propuesta que suponía un coste de 70 millones, según el comité. No obstante, pese a que los trabajadores se avenían a negociar un ERE para rebajar los costes (no un ERE impuesto, que acabaron tumbando los tribunales) el vicepresidente José Císcar afirmaba que “el tiempo de negociación ya ha pasado”, anunciando así que la decisión estaba tomada.
El cierre de Canal 9 fue muy traumático para los trabajadores, y de un gran desgaste para Fabra y el PP. Un cierre retransmitido en directo con un motín a bordo, continuas protestas, fiascos con reacciones bochornosas por parte de la Generalitat, el aireado en los tribunales de los escándalos del despilfarro que perpetró el PP tampoco ayudaba... incluso el nuevo jefe de comunicación de Fabra insistía en calificar el cierre de “golpe de Estado”. El mensaje de austeridad del President no caló en la ciudadanía, y un PP en caída libre en las encuestas echaba de menos una plataforma publicitaria como era la radiotelevisión valenciana.
En medio de esta situación eldiariocv.es adelantó a principios de octubre que el díscolo Alfonso Rus buscaba crear un canal autonómico de concesión privada que llenara la 'morriña' del folclore de los valencianos, pero especialmente que sirviera de plataforma pública para alcaldes y dirigentes del PP, lo que ya se ha llamado como la búsqueda del 'efecto Podemos' de presencia constante en la pantalla para insistir en su mensaje. Ante esto, ya sea por un 'ataque de cuernos' de Alberto Fabra o como desesperación a su soledad dado que la oposición también quiere reabrir el canal autonómico en 2015, ahora el President empieza a abrirse a la posibilidad de negociar la apertura de un nuevo ente.
¿Cómo se podría hacer? Pues se tiene que estudiar profundamente la legalidad porque RTVV se encuentra en pleno proceso de liquidación que no acabará al menos hasta inicios de la próxima legislatura, y la legalidad no permitiría reabrir un ente nuevo hasta que no se cierre el anterior. Incluso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por miembros de la sociedad civil valenciana, entre los que hay antiguos trabajadores de RTVV, podría ser una posibilidad que tropezaría con los recursos legales generados por el cierre.
Alberto Fabra retrocede en una propuesta que pese a que recibía el aplauso de quienes reclamaban que Canal 9 dejara de ser un agujero negro de pérdidas (muchas ligadas a presuntas corruptelas), no dejaba de ser reclamada como un servicio público por trabajadores, oposición, sociedad civil e instituciones; un servicio para ofrecer información de proximidad y en la lengua propia, aunque la posible reapertura del ente esté pensada más en los votos que en el servicio público.
