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Qué hacer para frenar la corrupción

Mejorar los mecanismos de control, una administración más transparente o “empoderar” al funcionario son algunas de las medidas que proponen los expertos

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La corrupción se ha convertido en una mancha que azota el País Valenciano. La larga lista de casos que salpican y protagonizan la actualidad política ha hecho que los ciudadanos, tanto a nivel estatal como valenciano, perciban la corrupción como el principal problema, situándose por delante del paro, pese a que este presenta en ambos casos tasas insoportables.

El País Valenciano con alrededor de 200 procedimientos abiertos y más de 250 imputados, se sitúa como la segunda comunidad autónoma con más corrupción solo por detrás de Andalucía, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Ante esta situación, donde cada día florece una nueva trama de corrupción o una ramificación regional de esta, se precisa de reformas urgentes que atajen este problema.

Soluciones, que ante el regeneracionismo de papel mojado que propugna tanto el gobierno central como el valenciano, vayan a la raíz del problema y ayuden realmente a prevenir una cuestión que se ha convertido en una auténtica lacra.

Una administración transparente y “empoderada”

Una de las medidas que más ayudarían a evitar la corrupción, según los expertos consultados, sería crear una administración realmente transparente, donde todo el gasto del sector público se pudiera consultar de forma rápida por parte de los ciudadanos.

“Sería pasar de una transparencia pública entendida como publicar información –a borbotones y de forma ininteligible- a una transparencia entendida como acceso rápido y sin intermediarios a todo lo que ocurre en el sector público, desde informes de acompañamientos de políticas como decisiones de gasto. Con obvias excepciones, pero esa debería ser la filosofía”, explica Víctor Lapuente, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford e investigador en el Instituto de Calidad de Gobierno en la Universidad de Gotemburgo.

Una medida que evitaría -como ocurre en el País Valenciano- que la oposición tuviera que recurrir a los juzgados de forma casi permanente para obtener información sobre contratos públicos, acuerdos o decisiones de la administración en su tarea de fiscalización y control de la acción del gobierno. Asimismo, permitiría conocer qué decisiones de inversión no son adecuadas, así como evitar episodios de gastos poco justificados y éticos, como los revelados de la caja “black” de la Generalitat Valenciana.

Otra de las reformas que plantean los expertos para frenar el cáncer de la corrupción es la “despolitización” de las instituciones. “Despolitizar las instituciones en el sentido de que los políticos tengan que tomar decisiones con personas a las que no han nombrado. Así se genera un sistema de controles internos mutuos –los políticos sobre los funcionarios y viceversa- que haría saltar la alarma cuando se sospeche de alguna actividad ilegal, o incluso alegal”, indica Lapuente.

En la misma línea se expresa Jorge Galindo, investigador en el departamento de sociología de la Universidad de Ginebra y miembro del colectivo Politikon.es, quién propone “separar la actividad política y la técnica y administrativa en las Administraciones Públicas, es decir, reducir el número de cargos técnicos nombrados a dedo por políticos electos”.

Una decisión que para él, “evitaría que existieran incentivos y oportunidades para que los técnicos siguieran al político que les colocó a dedo y pongan su trabajo al servicio del constructor de turno en connivencia con el político interesado en generar empleo –y quizás ingresos irregulares- de hoy para mañana en forma de burbuja”.

Políticas a adoptar para detener el lodazal de la corrupción, que se suman a las que plantea Andrés Boix, profesor de derecho administrativo en la Universitat de València. Una función pública más “empoderada” a partir de una selección más estrictamente objetiva que no dependiera en su carrera profesional tanto de los políticos, reglas de contratación más estrictas y un modelo de urbanismo donde el incremento patrimonial de los propietarios no dependa tanto de las decisiones administrativas serian algunas de las medidas que propone Boix.

Precisamente, en un artículo titulado “Corrupción y reformas en la Administración pública española”, publicado en su blog de La Página Definitiva, el profesor de derecho administrativo aporta algunas medidas complementarias más. Entre ellas, estaría una contratación pública hecha solo por funcionarios y sin cargos eventuales ni otros colocados “a dedo”; la limitación de que una empresa solo pueda obtener un contrato menor al año (aquellos que se adjudican directamente cuando no superan una determinada cuantía); o la aplicación de un régimen de incompatibilidades durísimo que cerraría bastantes puertas giratorias.

A su vez, también propone una reforma, que para él, sería clave: una función pública más rígida. Es decir, “que nadie sea funcionario, ni pueda serlo, sin haber pasado una oposición con pruebas públicas, exámenes abiertos, transparentes y competitivos” y “que todos los puestos de responsabilidad de gestión administrativa sean siempre ocupados por funcionarios de carrera”.

Una medida que Lapuente apoya a medias, ya que comparte que las fórmulas de contratación y promoción sean “transparentes y sujetas a estrictitos criterios profesionales”, pero rechaza el establecimiento de un personal muy funcionarizado, porque, según él, “los países con mejores indicadores de buen gobierno cuentan con un personal laboral sujeto a condiciones similares a las del sector privado”.

Mejorar la financiación local y los mecanismos de control

Otra de las ideas que se proponen es la mejora de la financiación de los municipios, aunque Lapuente y Boix se muestran escépticos con la medida. “Hasta ahora había un sistema de financiación que no ligaba correctamente representación e impuestos y generaba incentivos perversos, ayudado por las rentas provenientes del suelo, en el que muchos municipios han venido asumiendo un serie de competencias que no estaban obligadas por ley a llevar adelante”, indica Galindo.

Competencias, según él, asumidas porque “o bien proporcionaba votos o se han visto en la tesitura de tener que proveerlos porque nadie más lo hacía”. Hecho que para Galindo generaba un problema al ofrecer unos servicios “sin incrementos claros en la base fiscal” para hacerlos frente, con lo que “la recalificación era una fuente alternativa muy jugosa”. Para solucionarlo, propone “avanzar hacia sistema que combine alta capacidad y responsabilidad fiscal” y apuesta por Suecia como modelo a imitar.

No obstante, existe una medida que genera consenso entre los tres expertos consultados: la mejora de los mecanismos de control. “Tenemos que revisar los controles internos porque parece obvio que las alarmas no han sonado hasta que ha sido demasiado tarde”, critica Galindo. Una mejora de los controles que debería estar acompañada de “un mecanismo de inspección que no dependa de la Administración actuante”, afirma Boix.

Reformas que urgen para atajar un problema que carcome nuestra democracia, desvía el dinero de los servicios públicos a otros menesteres no justificados y ahuyenta las inversiones productivas. El cáncer de la corrupción se debe extirpar y prevenir cuanto antes.

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