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La Fiscalía pone la lupa en el pago a FCC en la etapa del alcalde Maroto por servicios no ejecutados

El Tribunal de Cuentas del Estado plantea una posibilidad de "responsabilidad contable" por parte del Ayuntamiento de Vitoria con Maroto (PP) de alcalde al abonar en 2014 a la contratista 820.000 por servicios que no consta que se llevarán a cabo

En ciudades como Barcelona o Badalona sus respectivos Ayuntamientos ya han denunciado también que FCC había cobrado cantidades elevadas por servicios no ejecutados

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El dirigente del PP Javier Maroto y ex alcalde de Vitoria-Gasteiz EFE

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado aprecia una posible "responsabilidad contable" en el abono durante el ejercicio 2014 de 820.846 euros por parte del Ayuntamiento de Vitoria a la empresa gestora de la contrata de la limpieza de la ciudad (FCC) aparentemente por servicios no prestados por la potente compañía que en 2015 volvió a resultar adjudicataria del servicio, si bien ahora en UTE con Viuda de Sainz (GMSM). En ciudades como Barcelona o Badalona sus respectivos Ayuntamientos ya han denunciado también que FCC había cobrado cantidades elevadas por servicios no ejecutados y han abierto investigaciones internas.

Por el momento, en el caso de Vitoria no existe una investigación formal abierta en el Tribunal de Cuentas, un órgano con sección de enjuiciamiento y que tiene potestad para reclamar a los responsables públicos de una mala gestión el reintegro del dinero perdido. El fiscal, Miguel Ángel Torres, según han informado 'El Correo' y 'Europa Press', entiende que la auditoría de Vitoria del ejercicio 2014 elaborada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas puede dar lugar a una apertura de diligencias ya que aludía a que "no había constancia de que dichas prestaciones [por valor de 820.846 euros] se hayan ejecutado finalmente" a pesar de que en 2015 se dio por liquidado el contrato con FCC para dar paso a uno nuevo con la UTE de FCC y GMSM. Es más, Torres reseña de refilón que Vitoria no sólo pagó a FCC por servicios no prestados, sino que además fue modificando la contrata de tal manera que lo que inicialmente fue una adjudicación de 20,5 millones anuales (2006) acabó en 25,6 (2014). 

FCC aterrizó como contratista de la limpieza de Vitoria en 2006, con el 'popular' Alfonso Alonso como alcalde, en una adjudicación sobre la que pesa la sombra de la corrupción. En 2014, el año de las presuntas irregularidades, el regidor era Javier Maroto, igualmente del PP. En 2015, la edil Leticia Comerón explicó que la nueva contrata incluiría mecanismos de control no existentes hasta entonces, un reconocimiento implícito de que FCC había cobrado por servicios no prestados: "Los medios de control que tendremos en esta contrata ni tan siquiera están puestos actualmente". "Se va a pagar en función de los servicios que se presten", apostilló la técnico Blanca Díaz de Durana en la misma rueda de prensa en que Comerón presentó las nuevas cláusulas técnicas del servicio de limpieza.

Los locales de San Antonio

En el Tribunal de Cuentas, el expediente ha recaído en la consejera María Antonio Lozano. Se da la circunstancia de que fue la impulsora de la investigación contra los propios Alonso y Maroto por el polémico alquiler de unos locales al expresidente del Deportivo Alavés y empresario Gonzalo Antón en la calle de San Antonio en el tramo final del mandato de Alonso (alcalde entre 1999 y 2007). El caso quedó archivado en segunda instancia -tras una condena inicial- y con la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante como ponente.

El Ayuntamiento de Vitoria entregará este miércoles un informe jurídico en torno al planteamiento del fiscal Torres. El alcalde, el peneuvista Gorka Urtaran, se encuentra inmerso en un debate en torno precisamente al servicio de limpieza. Hace unos meses desactivó 'in extremis' una amenaza de huelga de los operarios tras varios despidos y algunas voces en la oposición reclaman o la municipalización de la gestión de residuos (EH Bildu), o rescindir la contrata con FCC (y Viuda de Sainz), que ahora ingresan anualmente 22,8 millones, cuando por contrato prestan más servicios que los que antes costaban 25,6 a las arcas públicas.

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