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La UE investiga a la Diputación de Gipuzkoa por su política de residuos

La Comisión investigará si el modelo de Bildu para el tratamiento de las basuras es "suficiente para garantizar" el cumplimiento de las directivas sobre residuos.

La investigación se ha conocido gracias a una pregunta de la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao.

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La Comisión ha abierto una investigación para conocer si el modelo que ha implantado Bildu para el tratamiento de las basuras en el territoro de Gipuzkoa es "suficiente para garantizar" el cumplimiento de las directivas sobre residuos. La investigación se ha conocido gracias a una pregunta de la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao.

En la respuesta enviada a la representante peneuvista en la Cámara de Estrasburgo, las autoridades europeas reconcen un gran desconocimiento sobre los cambios imprimidos por el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, en torno a la política sobre el tratamiento de residuos en ese territorio y, sobre todo, sobre las rescisiones de los contratos con las empresas que construían la incineradora.

"En diciembre de 2012, la entonces nueva Diputación Foral de Gipuzkoa anunció la interrupción de las obras, que no se han retomado desde esa fecha. En febrero de 2013, la Diputación informó verbalmente al BEI de su intención de no seguir adelante con las inversiones y de negociar con las empresas constructoras la rescisión de los contratos de obra. El BEI no ha recibido ninguna comunicación del prestatario en cuanto al resultado de dichas negociaciones".

 "No se ha notificado a la Comisión ninguna modificación sustancial del plan de gestión de residuos de Gipuzkoa para el período 2002-2016 en virtud del artículo 33 de la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos (Directiva marco sobre residuos)", explica la Comisión en la respuesta a la que ha tenido acceso el diarionorte.es.

Y sobre la financiación del mismo se añade: "Con vistas a la financiación del proyecto de gestión de residuos de Gipuzkoa, en febrero de 2011, el prestatario firmó un primer contrato de financiación con el BEI y un segundo con dos bancos comerciales. Posteriormente, este prestatario realizó un desembolso de un importe relativamente bajo".

Ante esta situación, las autoridades comunitarias anuncian que la "Comisión va a investigar si las capacidades de eliminación y valorización de la provincia son suficientes para garantizar el cumplimiento del artículo 16 de la Directiva marco sobre residuos, relativo a la autosuficiencia, así como de su artículo 4, relativo a la jerarquía de residuos".

La investigación corre a cargo del comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Janez Potocnik.

Preguntas de Izaskun Bilbao

En su pregunta, Bilbao explicaba que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha destinado más de 13 millones de euros para compensar a las empresas que resultaron adjudicatarias de la construcción de una planta de valorización energética de los residuos no reciclables incorporada al plan de residuos de aquel territorio, y financiada por el Banco Europeo de Inversiones.

"La decisión es parte de un «plan alternativo» de gestión de residuos que sustituye la planta de valorización por dos centros de tratamiento de residuos orgánicos, apuesta por retrasar el cierre de los vertederos actualmente abiertos y por crear depósitos permanentes de balas de residuos no reciclables que ni siquiera tienen estudios sobre alternativas para su ubicación. Estas previsiones no responden a las necesidades actuales (tratar más de 200 000 toneladas de residuos al año, cifras correspondientes a lo depositado en vertedero en 2012) no cuentan con proyectos conocidos, plazos de ejecución, ni fórmulas de financiación y se suman a un cambio en la mecánica de recogida de los residuos sólidos urbanos impuesta contra la opinión de los usuarios. El plan alternativo tampoco ha sido aprobado por el Parlamento de Gipuzkoa, por lo que vulnera la normativa local vigente", censuraba.


Recurso ante los tribunales

Ya por la tarde de ayer martes, los responsables de las mancomunidades de San Markos y Debabarrena, Denis Itxaso y Arcadio Benítez, respectivamente, anunciaron que recurrirán ante los tribunales el acuerdo suscrito por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y las empresas constructoras y criticado que el dinero que los ciudadanos habían puesto para costear una infraestructura vaya a parar al pago de indemnizaciones. "Desde hace años se abona al Consorcio una tarifa de 145 euros por tonelada de residuos, parte de la cual está destinada a sufragar unas inversiones que no se están realizando, sin que el Consorcio modifique esta cantidad ni ofrezca un desglose de la misma", explicaron.

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