Académicos y científicos instan al Defensor del Pueblo a llevar al Constitucional la nueva Ley de la Huerta de València

La asociación Per l'Horta ha presentado ante el Defensor del Pueblo la solicitud formal para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente modificación de la Ley de l'Horta de València, aprobada por el Gobierno valenciano del PP y VOX. Esta petición ha sido acompañada de un amplio apoyo social, académico e institucional, que refuerza la importancia de la demanda: más de 25.000 personas a título individual, más de 200 entidades y colectivos y decenas de personalidades del mundo universitario y científico se han adherido a la iniciativa en tan solo unos meses.

Entre las personalidades que han apoyado la campaña, destacan dos científicos que han recibido el premio Jaume I de protección del medio ambiente: Fernando Valladares, investigador del CSIC, en 2021, y Anna Traveset, bióloga e investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), en 2017. Además, también se puede destacar la figura de Emmanuel Bellanger, director del Centro de Histoire Sociale des Mondes Contemporains de la Universidad parisina de la Sorbonne.

Este apoyo también se ha plasmado en una campaña de recogida de firmas en línea y la adhesión a la campaña de organizaciones reconocidas como Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Amigas de la Tierra, Acción Ecologista-Agró o Justicia Alimentaria; asociaciones vecinales de las comarcas de l'Horta de València como la Font de’n Corts, Campanar, La Torre, Castellar-l’Oliveral o Benimaclet, y entidades comarcales reconocidas como la Fundación Horta Sud, el Institut d'Estudis de l'Horta o la Federació de’Estudis del PV.

La campaña hace hincapié en cuatro vulneraciones constitucionales: la falta de urgencia que justificó el uso del decreto ley, el debilitamiento de las protecciones medioambientales, la reducción de la protección al patrimonio cultural y el efecto regresivo sobre el derecho a la participación ciudadana.

La reforma, denuncian desde Per l'Horta, desprotegió una tercera parte del suelo protegido por la ley original y facilita la implantación de negocios de ocio y restauración en suelo agrícola, poniendo en riesgo el modelo territorial y alimentario de l'Horta. La entidad ha argumentado que la reforma vulnera hasta cuatro preceptos constitucionales, especialmente en cuanto a la participación ciudadana, la protección ambiental y cultural, y el uso indebido del decreto ley se refiere.

Ante la imposibilidad legal de las entidades sociales de interponer directamente este tipo de recurso, Per l'Horta pide al Defensor del Pueblo que active su capacidad de impugnación ante el Tribunal Constitucional, para defender el interés general y el patrimonio agrícola, paisajístico y cultural de l'Horta de València, reconocido como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por la FAO, BIC inmaterial por el Consejo y su Tribunal de las Aigües como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

En este momento, la asociación agrarista espera que el Defensor del Pueblo actúe antes del próximo 5 de mayo, fecha tope para presentar el recurso. Paralelamente, continúa recogiendo firmas y buscando apoyos políticos para un posible entendimiento parlamentario que permitiría llevar la cuestión al Tribunal Constitucional y recuerda que la Ley original, aprobada en el 2018, nacida de una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por 118.000 firmas.

«Lo que se está poniendo en juego es el futuro de l'Horta como sistema vivo y productivo, no como escenario de turismo rural o decorado de cartón piedra», ha afirmado Conxa Medina, portavoz de Per l'Horta. La asociación ha querido agradecer públicamente todas las adhesiones y alienta a la ciudadanía a continuar sumándose a través del formulario disponible en su web.