Un funcionario reconoce a la jueza de las VPO de Alicante que “el decreto Mazón” permitió entregar pisos a cargos del PP que incumplían requisitos

La polémica promoción de las viviendas de protección pública de Alicante “comenzó con una legislación que garantiza el principio de igualdad, transparencia y publicidad, pero cambió con el decreto Mazón”, ha afirmado ante la jueza que investiga la adjudicación el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat, Vicente Caturla. El testigo ha alegado ante la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante que su departamento no cuenta con “capacidad de verificar si la información que se les entrega es correcta o no”, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical.

“Si alguien tiene una pareja de hecho y no lo dice, no hay forma de verificarlo y comprobar”, ha apostillado.

El promotor, según ha explicado el testigo, adjudicó “personalmente” las viviendas y la Administración “vela” por que se cumplan los requisitos, aunque sin prácticamente medios para ejercer el control.

No existe una normativa para que la Administración exija al promotor que cumpla con los requisitos. “Se está trabajando ahora en que la administración pueda por normativa exigir esos cumplimientos al promotor”, ha afirmado.

Caturla ha señalado a Roberto Palencia, funcionario de la dirección territorial de Alicante, expedientado por la Generalitat y suspendido de empleo y sueldo, “se propuso para visar los contratos”. Palencia revisó por iniciativa propia los 140 expedientes. Los trámites, ha apostillado, se hicieron íntegramente de forma telemática.

La Administración comprueba los ingresos y el hecho de tener únicamente una sola vivienda con la declaración de la renta y el Registro de la Propiedad. “Pero no se comprueba si una persona tiene cinco o seis viviendas a nombre de una empresa donde sea administrador”, ha agregado. Por su parte, los miembros de la unidad familiar se declaran mediante una declaración responsable de los solicitantes.

“La he cagado, asumo las consecuencias”

El funcionario Roberto Palencia reconoció ante su superior, cuando se destapó el escándalo, que su esposa había sido adjudicataria de uno de los pisos de protección pública en la promoción Les Dunes.

Cuando Vicente Caturla se puso en contacto para pedirle explicaciones a Roberto Palencia, éste último habría dicho: “La he cagado, asumo las consecuencias”. El testigo ha asegurado que se le abrió un expediente a Palencia que luego fue archivado, por lo que Palencia sigue en su puesto.

El PSPV critica el “sistema fallido” de adjudicación de VPO

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado tras la declaración testifical que “cada vez es más evidente que el modelo de vivienda del PP abre la puerta a pelotazos como el de Les Naus”.

Barceló ha destacado que los controles no funcionaron durante la adjudicación de viviendas bajo el mandato del alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala.

“Hoy se ha reconocido abiertamente que no existían medios para comprobar si la documentación aportada por los adjudicatarios era veraz ni si cumplían realmente los requisitos para acceder a una vivienda pública. Estamos ante un sistema fallido que ha permitido un auténtico pelotazo con recursos públicos”, ha afirmado Barceló.