El Ayuntamiento de Córdoba denuncia por usurpación a integrantes de la Acampada Dignidad

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una denuncia por un

presunto delito de usurpación en relación al uso que la Acampada Dignidad está

haciendo del colegio Rey Heredia desde que el pasado 4 de octubre ocupara este

inmueble cerrado para dedicarlo a actividades de colectivos sociales y del

barrio.

Así, a resultas de la denuncia municipal, ocho activistas de

la Acampada Dignidad han sido citados a comparecer ante el Juzgado de

Instrucción Nº 4 de Córdoba a fin de recoger el auto judicial emitido en el que

se les cita para declarar como imputados por dicho delito de usurpación el

próximo 16 de enero.

Junto a ello, el Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado

además al juzgado el desalojo inmediato del Colegio Rey Heredia como medida

cautelar, acción contra la que la Acampada Dignidad presentará alegaciones “entendiendo

que no es necesaria ni proporcional“, han señalado los activistas, que

conocerán la decisión del juez al respecto a finales de esta semana, según ha

informado a eldiario.es/andalucia su portavoz, Rafael Juan.

“Es evidente que el inmueble no solo no ha sufrido daño

alguno, sino que por el contrario ha sido restaurado y recuperado del estado de

abandono en que lo mantenía el Ayuntamiento“, argumentan quienes ocuparon el

colegio cerrado y en estos dos meses lo han llenado de contenido y actividades.

“El desalojo sólo conduciría a devolver el colegio a su estado de abandono”

“El desalojo sólo conduciría a devolver el colegio a su estado de abandono”

De la documentación municipal adjuntada a la denuncia, los

integrantes de la Acampada Dignidad deducen que “el Ayuntamiento carece de

proyecto concreto de uso para el edificio a corto o medio plazo, por lo que el

desalojo sólo conduciría a devolver el inmueble a su estado previo de abandono

y desuso“.

Los activistas de Rey Heredia señalan así que la denuncia

presentada por el Ayuntamiento “solo puede entenderse desde la voluntad del alcalde

(Alcalde José Antonio Nieto) de acabar con una iniciativa que, en solo dos

meses, se ha consolidado , poniendo en cuestión su propia incapacidad para dar

respuesta a las necesidades y demandas ciudadanas, evidenciando el abandono de

los bienes públicos“.

Por eso, desde la Acampada Dignidad anuncian que tomarán “las

medidas legales oportunas para tratar de impedir que el centro vuelva a quedar

abandonado“, así como para defender a los ocho activistas imputados, ”que son

sólo una parte de un colectivo mucho más amplio contra el que el Ayuntamiento

no se atreve a actuar porque tendría que procesar a cientos de personas“.

Junto a las medidas legales, la Acampada Dignidad prepara ya

movilizaciones y acciones “para evidenciar el apoyo popular a la liberación del

Rey Heredia y a las iniciativas puestas en marcha“ en el colegio cerrado.

Actividades de decenas de colectivos en el centro

Actividades de decenas de colectivos en el centro

En ese sentido, alertan de que la decisión de desalojar el ahora

denominado Centro Social Rey Heredia, supondría la interrupción de las

distintas actividades que en estos dos meses de vida del centro reabierto se

llevan a cabo. Así, por su cocina abierta pasan al día unas cien personas que

comen gracias a la comida del centro e igualmente se imposibilitaría el

desarrollo de las clases de apoyo para niños y adultos sin recursos, además de

otras acciones puestas en marcha, como el punto de información y asesoramiento

socio-laboral, la emisora de radio y un huerto comunitario.

“Además se dejaría sin espacio para reunirse y desarrollar

sus actividades a decenas de colectivos que de forma cotidiana usan el centro“ desde su ocupación el pasado mes

de octubre.

Desde la Acampada Dignidad entienden que “un Ayuntamiento,

que es sumiso a los poderosos y represivo con quienes sufren sus políticas, no

admite que desde la solidaridad y el apoyo mutuo, sin un euro de financiación

institucional y con la colaboración desinteresada de decenas de personas, se

organice la respuesta a las políticas contra las personas y los derechos

sociales del Gobierno“.