Trabajadores españoles en Rota se sienten extranjeros en su propia Base

Cuatro años después de que se iniciara un serio conflicto laboral en la base de Rota, la extraña situación que viene sufriendo la plantilla y los contratados –todos ellos civiles-- de la empresa que atiende a las instalaciones estadounidenses del aeropuerto militar, ha llegado hasta el Parlamento de Andalucía, a través de una pregunta formulada por Adelante Andalucía.

Los representantes sindicales que se desplazaron hasta allí intercambiaron impresiones con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, y se reunieron con la consejera de Empleo, Rocío Blanco Eguren, que se comprometió a hacer uso de las escasas competencias que tiene en dicha materia: “Le he visto mucho compromiso a la consejera, también en parte porque entre sus asesores se encuentran Alfonso Candón, que conoce perfectamente nuestro problema –comentó Edgard Schmidt, secretario del comité de empresa de la compañía Louis Berger Aircraft Services Inc--. Se trata de que la empresa se siente a negociar, a partir de un primer encuentro en donde se pongan datos y hechos encima de la mesa, para arrancar desde un punto de vista fehaciente desde la veracidad y la honradez”.

Los trabajadores se han sentido a menudo engañados por los responsables empresariales. Y no sólo eso: despidos disciplinarios, sueldos congelados, negativa a la negociación o a dar información sobre cuestiones que conciernen a los empleados, se acumulan en este ya largo conflicto. LB Aircraft Service llegó incluso a despedir a diez sindicalistas en pleno uso de sus facultades legales, por lo que los despidos fueron declarados nulos de pleno derecho y ya tras de ellos se han reintegrado a sus funciones: “Desde el comité siempre hemos mantenido que esto era una cuestión de Estado. Antes con el PP y ahora con el PSOE, hemos exigido que, como trabajadores españoles, se nos aplique la legislación laboral española. Y es el Gobierno de España quien tiene que decirlo a Estados Unidos”.

“Hemos tenido ya contactos en el Congreso de los Diputados y con el Ministerio de Defensa, pero me ha querido dar la sensación de un compromiso real por parte de la Junta. La Junta tiene competencias, pero muy limitadas. Haría falta una operación conjunta por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Andalucía”.

Las reglas del juego, así es, se encuentran en otro tejado institucional, el de las relaciones bilaterales que mantienen los gobiernos de España y de Estados Unidos. En mayo de 2021 expira el actual acuerdo entre ambos países, que fija su presencia en bases españolas como la de Rota y Morón. Dado que no es el primer caso de desatención legal que sufren los trabajadores de dicho enclave, son muchas las voces que reclaman que el nuevo convenio no sólo incluya negociaciones estrictamente geoestratégicas sino, también, atienda a quienes trabajan allí: “La empresa es americana, pero trabaja en territorio español y debiera aceptar los usos y costumbres del país donde se encuentra, máxime si se trata de un aliado como España”.

Despidos disciplinarios

Dos informes económicos, suscritos por Sebastián Llamas y por la conocida sociedad “Deloitte Consulting, S.L.U.”, determinan que la plantilla estaría sobredimensionada en 45 empleados en el caso de que el convenio colectivo fuera más flexible en términos de jornada laboral y polivalencia funcional y 25 empleados sin ni siquiera alterar el convenio colectivo que afecta a esta plantilla. Un pulso en toda regla.

“Llevamos más de tres años con la negociación del convenio colectivo suspendida –lamenta Smichdt, un profesional con más de dos décadas de experiencia en el sector--. La empresa, a partir de un informe de la auditora Deloitte, aseguraba que la plantilla estaba sobredimensionada, por lo que se produjeron 32 despidos y uno de ellos fui yo como secretario del comité. Eso ocurrió en noviembre de 2017 y en mayo del año siguiente, los tribunales fallaron a mi favor. La empresa recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y recientemente desistió. Yo me he reincorporado y otra compañera, despedida por las mismas causas, también lo ha hecho. Otro más se reincorporará pronto”.

La empresa cuenta con una plantilla de 150 trabajadores, pero 32 fueron despedidos: “22 de ellos lo fueron por causas objetivas pero 10 fueron despidos disciplinarios y la empresa no ha ganado ni un caso en los tribunales. La estrategia de la empresa ha estado basada en la mentira. Si la plantilla estaba sobredimensionada, ¿por qué, tras los despidos, se ha contratado a veinte trabajadores con contrato de trabajo temporal y se han suscrito seis contratos fijos? ¿Dónde está el truco? Las externalizaciones responden a peores condiciones laborales que nosotros y a los eventuales se les está aplicando un convenio distinto al de la empresa, un 70 por ciento más barato. De julio a esta parte, la empresa niega al comité el derecho a la información que recoge el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, aduciendo que somos representantes subrogados. Ahora, hay más gente trabajando que antes de que nos subrogaran el 1 de noviembre de 2016”.

Según la documentación facilitada por el comité de empresa, de entre los despedidos por causas disciplinarias, dos llegaron a conciliarse antes de ir a juicio, ofreciéndoles despido improcedente. De los cinco juzgados y sentenciados, dos fueron declarados de la misma forma y otros tres nulos por vulneración de derechos fundamentales y por la vulneración de la libertad sindical. Lo que en opinión del Comité de Empresa, “pone de manifiesto la persecución a la que está sometida la plantilla en general y especialmente aquellos que se atreven a protestar”.

Servicios mínimos abusivos

La historia de esta plantilla viene de lejos, al menos desde que en noviembre de 2010 se estableciera la concesión del servicio a favor de CAV Europa S.L.U., una empresa constituida apenas dos meses antes. La concesionaria subrogó a 167 empleados de su predecesora, Interjet Serve S.L., adjudicataria del servicio durante una década, desde el año 2000. Sólo que en 2013, otra empresa norteamericana, Louis Berger Aircraft Services, adquirió CAV International Inc, manteniendo el servicio hasta que, en septiembre de 2015, asume el servicio pero bajo una nueva denominación, LB Aircraft Services Europa, S.L.U., que es la que se encuentra vigente en la actualidad.

Según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Louis Berger Aircraft Services Inc, con domicilio en Greenville, Carolina del Sur, es filial de Louis Berger Group Inc, es una empresa de consultoría global multidisciplinar, líder en diversos sectores, servicios y regiones pero cuya gestión se ha visto rodeada de ocasionales escándalos de diverso rango.

El actual convenio fue suscrito con CAV a 5 de marzo de 2013, pero la última subida salarial se fijó en enero de 2012, por lo que la plantilla sigue cobrando lo mismo que siete años atrás. A 29 de septiembre de 2015, la empresa denunció el convenio colectivo en vigor, “señalando que será objeto de negociación el contenido íntegro del futuro Convenio Colectivo de la Entidad”, remarcan los sindicalistas.

La mesa de negociación se constituyó a 26 de octubre de 2015 pero nunca llegó a buen puerto. A 10 de noviembre de ese año, se suspenden las negociaciones a instancias de la empresa por una impugnación de Algese 2 Scarl, a la citada concesión por los motivos que terminaron concretándose en una sentencia de 4 de marzo de 2016, dictada por el juez Thomas C. Wheeler. Aquel fallo judicial invalidaba la concesión por irregularidades a la hora de concederle el contrato por parte de la Marina estadounidense, precisamente por haberse involucrado en un escándalo relacionado con la reconstrucción de zonas derruidas en Afganistán, Irak e India. La orden era la de suspender cualquier actividad con Louis Berger Group por parte de la US Navy, pero el mismo juez revocó su propia sentencia 25 días más tarde y por, entre otros motivos, evitar disturbios laborales. De ahí, que LB Aircraft Services Europa S.L.U. volviera a asumir el contrato pero no así las negociaciones del convenio, que volvieron a plantearse sin suerte desde julio de 2016: “El trasfondo de todo esto es que se quiere desmantelar a una plantilla con antigüedad de 20 a 25 años con uno de los mejores convenios colectivos que quedan en la provincia de Cádiz tras la reforma laboral”.

Ahora, desde hace un año, los trabajadores mantienen una peculiar huelga indefinida, lastrada por unos servicios mínimos abusivos: “Servicios mínimos del 80 o del 85 por ciento, lo mismo que cuando gobernaba al PP. Recurrimos al TSJA y los confirmó. No estamos conformes y hemos planteado un recurso de casación al Tribunal Supremo. Bajo ese criterio, sólo tres o cuatro trabajadores pueden ejercer el derecho a la huelga y han llegado a ser sustituidos por directivos, lo que ha determinado ya 16 actas de infracción por vulneración del derecho a huelga. Lo mismo que los trabajadores cumplimos con los servicios mínimos, ellos deberían hacer otro tanto con la ley, pero se la saltan al estar dentro de la Base”, protesta Schmidt.