La reforma fiscal que baraja el Gobierno obliga a Andalucía a subir los impuestos que acaba de bajar

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se ha lanzado en tromba a denunciar la reforma fiscal que plantea el Ministerio de Hacienda, con objeto de “armonizar” los tributos cedidos total o parcialmente a las comunidades: sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados e impuesto de patrimonio. Se trata de un paquete de gravámenes que el presidente Juan Manuel Moreno prometió eliminar durante la campaña electoral, con aquel lema de “BMI: bajada masiva de impuestos”, y que en algunos casos ya han sido bajados.

El primer Consejo de Gobierno andaluz, celebrado simbólicamente en el municipio malagueño de Antequera, eliminó en la práctica el impuesto de sucesiones y donaciones (bonificándolo al 99%), cumpliendo una promesa de la que el PP hizo campaña en la oposición durante la legislatura pasada. La caída de la recaudación de esta tasa hasta septiembre fue del 41% (de 196 a 115 millones de euros). En el caso de la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales, se ha dejado de ingresar un 28% (247 millones menos) y respecto al impuestos de actos jurídicos documentados un 22% menos (80 millones de euros menos). El impuesto de Patrimonio, el único que la Junta no ha bajado, ha supuesto 83 millones de ingresos, ocho más que en el último ejercicio.

Desde entonces, el Ejecutivo de Moreno ha hecho gala de ir “desmontando el infierno fiscal” que es Andalucía, “la comunidad donde más impuestos se pagaban de España”. Un lema que han repetido hasta la saciedad, aunque los datos comparativos de la Agencia Tributaria están lejos de esta realidad. Ahora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto sobre la mesa una propuesta de “coordinación fiscal” entre comunidades estableciendo tipos fijos a los impuestos autonómicos -por arriba y por abajo- para evitar el llamado dumping fiscal o competencia desleal entre territorios. Es una medida que, sin entrar en detalle, obligaría a Andalucía a volver a subir esos impuestos que han bajado y eliminado. Pero sobre todo afectaría a la Comunidad de Madrid, la región con la renta más alta, donde reside el domicilio fiscal de todas las grandes empresas implantadas en España, la que más recauda por estos tributos, y a la que muchos territorios colindantes acusan de “paraíso fiscal”.

Esta excepcionalidad ha permitido al Gobierno madrileño del PP bajar impuestos autonómicos durante décadas, mientras otras comunidades no podían hacerlo porque la renuncia de ingresos era mayor para ellos que para la capital de España. El presidente Moreno ha escrito este miércoles en su cuenta de Twitter: “Tratar de impedir que las comunidades bajemos impuestos es la penúltima exigencia de ERC... y el Gobierno de España ha aceptado. Lo consideramos un ataque a la autonomía y al modelo de Andalucía que funciona: bajando los impuestos suben los ingresos”. La reforma fiscal de Montero fue avanzada en una entrevista con el diario El País hace unos días, sin embargo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la anunció este martes como parte de los acuerdos alcanzados con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales de 2021.

A pesar de las críticas encendidas del Gobierno andaluz y del Partido Popular, lo cierto es que la fórmula que ha esbozado la ministra Montero no se diferencia mucho de la propuesta que hizo su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, hace sólo dos años. A mediados de 2018, el Ejecutivo de Mariano Rajoy defendía la misma armonización fiscal en los impuestos autonómicos, aunque advertía de la falta de consenso entre comunidades. En una entrevista con el diario económico Expansión, Montoro explicó que “sería deseable que se trate de avanzar en la coordinación fiscal entre las comunidades a través del impulso de una armonización de la normativa tributaria, dirigida fundamentalmente a armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente”. Respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, dijo que “se ha debatido la conveniencia de establecer tipos fijos, aunque ”no existe consenso en relación con algunos aspectos técnicos“. Sobre el impuesto de Patrimonio, aseguró que ”la posición mayoritaria ha sido la de mantener el impuesto, abogándose por la homogeneización [...] así como el establecimiento de niveles mínimos de tributación“.

La armonización de impuestos cedidos está recogida ya en el informe del profesor Manuel Lagares de 2014 sobre la reforma del sistema tributario español, encargado por el Ministerio de Hacienda, y también en el grupo de expertos de financiación autonómica que creó el Gobierno de Rajoy. El objetivo entonces, como ahora, era evitar que se produzcan agravios derivados de la concentración de sedes fiscales en ciertos territorios, singularmente en Madrid. Montoro, como ahora la ministra de Hacienda, abogaba por “una unificación de las reglas de determinación de las bases imponibles y de las bases liquidables [...] de manera que las competencias de las comunidades queden centradas en la posibilidad de establecer escalas o tipos de gravamen y deducciones en cuota”.

La ministra desliga su propuesta fiscal del acuerdo presupuestario con ERC y la vincula a la futura reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva caducado desde 2014. Montero anunció la creación de un grupo de expertos para preparar una reforma fiscal y el sistema tributario, que se constituirá el próximo año. Cosa distinta es que esta reforma aborde especialmente los “privilegios del efecto de la capitalidad”, del que se beneficia fiscalmente Madrid. “Que el ministro Montoro sea el ideólogo de la reforma fiscal del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos nos lleva a la esquizofrenia”, ha asegurado hoy el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, que ha negado el paralelismo entre la propuesta fiscal de la ministra y la que en su día hizo su antecesor. Luego Nieto ha admitido que “a Montoro le sonaba bien esa idea entonces, pero no pudo aplicarla”.

Montero, de consejera andaluza

María Jesús Montero ya defendía la armonización fiscal entre autonomías cuando era consejera de Hacienda en Andalucía. Desde aquí, fue enérgica su denuncia del dumping fiscal que aplicaba Madrid respecto al resto de territorios. Su tesis es que quienes pagan los impuestos son las personas, no los territorios. Como fondo de este debate hay una clara fractura ideológica: los gobiernos autonómicos de izquierdas -ahora el Ejecutivo central- son partidarios de subir los impuestos para sostener el Estado de bienestar (más ahora bajo la crisis económica de la pandemia), mientras que los gobiernos de derechas han hecho bandera de la bajada continua de las tasas.

La Junta andaluza, de hecho, sostiene que desde que rebajó globalmente la mayoría de sus impuestos cedidos, los ingresos han subido porque con más dinero en los bolsillos, la gente consume más. En realidad, los ingresos de Andalucía han subido este año por las entregas a cuenta que el Gobierno central entrega a las comunidades -el ajuste de la recaudación de impuestos estatales en los territorios (IVA e IRPF) se hace con dos años de retraso-, de modo que ese plus de ingresos no es atribuible a 2020, sino a 2018.