El PSOE y el PP marean a C's para no perder cuotas en la RTVA
El PSOE, el PP y C's se han cruzado reproches este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía a cuenta del bloqueo en la renovación del consejo de administración de la RTVA que caducó hace más de tres años. Los dos primeros se culpan mutuamente mientras los terceros se ven en la imposibilidad en este caso de que se cumpla un punto de su pacto con Susana Díaz. Para los tres, parece “urgente” que se renueve o un “disparate” que este órgano no refleje la pluralidad del Parlamento de Andalucía, dado que no están ni Podemos ni C's, pero ninguno hace lo posible.
Tras el reciente acuerdo en el Congreso de los Diputados para la RTVE, el portavoz de C's, Juan Marín le ha preguntado en la sesión de control a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por qué no impulsa esta renovación en la RTVA, dado que también en secretaria general del PSOE en la comunidad autónoma y diputada. Pero ella le ha contestado que comparecía “en calidad de presidenta de los andaluces”, incluido Juan Marín, como le ha apreciado. Y como tal, ha dicho que no quiere asumir esta tarea, que entiende que es de los grupos, a los que ha urgido que lo hagan, como otras tantas veces.
En la misma línea, ha culpado a los populares de la situación e incluso ha insinuado la posibilidad de emprender el cambio sin el PP, lo que en realidad el PSOE ha descartado: “Si hay otras fuerzas que no están de acuerdo con las modificaciones estos esfuerzos deberían ir enfocados a otros grupos”.
Juan Marín le ha recriminado que eluda “su responsabilidad” en este asunto y ha hecho su diagnóstico: “No se mueve nada porque interesa mantener estructuras [...]. ”Queremos una RTVA donde haya un plan de viabilidad, se apueste por la tecnología. “Estamos dispuestos a trabajar pero no por mantener un cementerio de elefantes”, ha insistido.
Por alusiones, cuando le ha tocado a él, Juan Manuel Moreno se ha referido a este tema. Ha acusado a Susana Díaz de ocultar que no se llega a un acuerdo entre el PSOE y el PP para esto porque ella quiere mantener al frente de la cadena a Joaquín Durán, subdirector general que ejerce como máximo responsable, provisionalmente desde hace más de cuatro años, también por la imposibilidad de ponerse de acuerdo para elegir, por dos tercios en primera votación o tres quintos en segunda, a alguien. “Es un problema del que saben trabajadores y sindicatos”, le ha reprochado el líder de los populares en Andalucía.
El rifirrafe, originado por la pregunta de C's, ha continuado cuando la presidenta le ha replicado que los que no quieren cambiar las cosas son los populares porque si se ajustara el consejo de administración a su “batacazo” en las últimas elecciones autonómicas de 2015, tendrían menos miembros. Una acusación que ha aprovechado Juan Manuel Moreno para ironizar dándole donde más le duele a Susana Díaz todavía: “No nos hable de batacazo, porque nos viene el recuerdo del que se dio en prime time en las primarias del PSOE”.
Cinco cuestiones que todos esquivan
En realidad para renovar el consejo de administración, elegido por seis años, no hace falta cambiar la ley, pero los grupos coinciden, por lo menos oficialmente, en que se haya para aprovechar y reducir su composición. Son actualmente 15 miembros, si bien tres no ejercen y no han sido sustituidos. Hay aquí otra paradoja porque esta composición responde al arco parlamentario de 2008, de manera que el PSOE domina con ocho asientos, seguido por el PP, que tiene seis, e IU, con uno. En 2014, cuando tocaba renovarlo, los socialistas lo evitaron porque entonces se hubieran aplicado los resultados de las elecciones autonómicas de 2012 y el PP sería el que más miembros tendría en el consejo de administración.
Si se quisiera cambiar la ley manteniendo lo de mayoría cualificada de tres quintos, se podría sin necesidad de contar con el PP. Los socios de investidura (PSOE y C's) la suman con Podemos, pero los socialistas creen que “no es razonable” y están tranquilos porque la oposición por sí sola no llega a esa cifra. PP, Podemos, C's e IU se quedan sin margen por muy poco: son 62 diputados, a tres de esa mayoría cualificada que les permitiría imponer un cambio a los socialistas.
Como otros cambios en los que insisten los grupos fuera del bipartidismo, a PP y PSOE no les interesa modificar una situación que les beneficia sobre todo a ellos. Como es el caso de la propuesta de eliminación de los aforamientos, la reforma de la Ley Electoral de Andalucía o la renovación de otros órganos con vacantes o mandatos que han caducado también o lo harán en breve, como el Consejo Audiovisual de Andalucía, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Cuando se ha tratado de cambios que no han alterado este poder del bipartidismo no ha habido problemas para llegar a la unanimidad, como cuando decidieron que IU tuviera un asiento como vocal en la Mesa de la Cámara después de que la decisión del presidente de la institución, Juan Pablo Durán, para la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional dejara a la coalición de izquierdas fuera.
Hilando con lo anterior, sólo algunos saldrían ganando si se renueva la RTVA, mientras que todos tienen razones para a su vez preferir que no se muevan las cosas. Se da la circunstancia de que IU pasa de puntillas por este asunto porque habiendo quedado como el grupo más pequeño, teme que con la reducción del consejo de administración se quedara sin representación en la RTVA o con voz pero sin voto como en la Mesa de la Cámara. Podemos se sacrifica por sus potenciales socios en un tema en el que también pasa de soslayo por sus a veces complicadas relaciones con los medios de comunicación y con las “guerra por sillones”. Y C's también se sacrifica porque sabe que el PSOE no quiere a Podemos en la RTVA y se aceptan como daño colateral porque tampoco les gustaría impulsar este cambio con los de Pablo Iglesias ni tensionar tanto que se pusiera en riesgo una alianza con los socialistas que han sabido rentabilizar hasta el momento.
Finalmente, esta cuestión evidencia otra y es que las mociones del pleno, que son vinculantes, no se cumplen y da exactamente igual. De hecho, hace casi dos años se aprobó por unanimidad una propuesta de C's para instar a que el Gobierno de Andalucía impulsara el cambio de la ley y, sin embargo, ni siquiera lo ha metido en su calendario legislativo para 2017. Ha sido la máxima concesión que se han hecho porque no hay mecanismos para rendir cuentas de estos incumplimientos.
