Más de 127.000 razones para defender la Ley de la Dependencia
Un total de 127.434 firmas -perfectamente clasificadas en 33 archivadores transportados por un carrito- ha entregado este jueves Plataforma Andaluza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y Dependencia en el Registro del Parlamento de Andalucía. Es el pistoletazo de salida de una campaña que ahora es emprenderá en el resto de España para pedir que la Ley de la Dependencia se aplique en su integridad y que deje de ser objeto de recortes que por ejemplo en el caso de Andalucía han llevado a que desde hace casi un año no se hacen valoraciones para incorporar nuevos beneficiarios salvo que sean casos extremos.
El coordinador de la plataforma, José Miguel Delgado, expone que todavía no está cerrado si cuando superen las 500.000 (“lo que no costará si en menos de un mes hemos superado la cifra de 120.000 en Andalucía”) presentarán una iniciativa legislativa popular (ILP) al Congreso de los Diputados. “Lo que queremos es que se aplique una ley que está en vigor, y vamos a pelear por ello con todas las herramientas a nuestro alcance”.
José Manuel Olmedo, presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario (Lares Andalucía), una de las integradas en la plataforma, ha expuesto que es necesario que el Parlamento de Andalucía “analice la situación para que a su vez exija al Gobierno de la Nación la financiación necesaria”. Entiende por ello que “independientemente de lo que haga el Gobierno de la Nación, la Junta de Andalucía tiene que responder y cumplir la ley”.
En los mimos términos se ha expresado Francisco Javier Oyarzabal, presidente de la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD), quien alerta de que el sistema se está “desmantelando a pasos agigantados” y la ciudadanía se está dando cuenta. “Por eso hemos conseguido tantas firmas en menos de un mes”. Y siguen recogiéndolas en las distintas entidades vinculadas a la plataforma.
De momento son estas firmas con las que comienzan a hacer fuerza, como una llamada de atención por parte de la opinión pública para que las administraciones actúen. Si no, avisan de que hay otras vías como que “las miles de personas que están en lista de espera para un centro de día o una residencia colapsen los juzgados reclamando un derecho reconocido por ley”.
