Ni fabricantes ni administraciones: nadie cambia el etiquetado para que las toallitas higiénicas húmedas no acaben en el váter
El constatado problema de las toallitas higiénicas húmedas, que desde el inodoro terminan en la red de saneamiento, tiene un enemigo que nadie se ha aventurado a combatir en serio: el etiquetado del producto. Las marcas más populares del mercado invitan sin pudor a que se arrojen en el váter, con el correspondiente símbolo, pese a que las empresas públicas de saneamiento insisten en que el tiempo que tardan para desintegrarse no es asumible por los sistemas de depuración y que desde el propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente (Mapama) sostienen que todas deben terminar en el cubo de la basura.
Sin embargo, más allá de esto, las autoridades no toman ninguna medida contra lo que se ha convertido en un problema medioambiental en todas las grandes aglomeraciones urbanas, y los fabricantes tampoco, porque están convencidos de que no están engañando y que son como el papel higiénico.
El problema no lo provocaban a esta escala las toallitas de bebé, que llevan décadas en el mercado y en cuyos paquetes no hay nada que induzca a pensar que se pueden tirar en el retrete. Como tampoco pasa con las desmaquillantes o las de limpieza del hogar. El problema empezó a detectarse en 2009, según apuntan desde la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), cuando se había generalizado el uso del llamado papel higiénico húmedo, en principio con compuestos menos resistentes que las otras toallitas húmedas.
No es sólo cuestión de que el etiquetado invite a arrojarlas al váter, a veces con la especificación de “no más de dos por descarga”. También la misma denominación de “papel higiénico húmedo” lleva a creerlo. O que en los lineales de los supermercados se suelen colocar con el papel higiénico clásico. Y pese a que en el etiquetado aparece como biodegradable, en el mismo paquete figuran compuestos que no son sólo celulosa, sino que contienen fibras sintéticas y sustancias que impregnan el tejido (conservantes, surfactantes, hidratantes, etcétera).
La clave está en el concepto mismo de biodegradable. No existe una legislación pero tampoco una norma técnica aceptada internacionalmente y hay diferencias incluso entre los fabricantes y los responsables de saneamiento sobre cómo deben ser los test para comprobar si pueden ser usadas para el váter. Es decir, a la hora de reproducir en el laboratorio cómo se iría degradando la pieza en las cloacas.
“Existe una norma propia de los fabricantes, que ya les hemos apuntado que no es todo lo precisa ni adecuada técnicamente porque prácticamente cualquier producto la cumple. Por tanto no puede ser buena”, resume Fernando Morcillo, presidente de AEAS. Dicha norma establece que no es biodegradable si está compuesta de poliésteres. Pero sí lo dan como biodegradable si es a base de la celulosa modificada o fibras sintéticas. “Pero nosotros, como operadores del servicio de agua, no estamos de acuerdo de con esa definición porque son biodegradables a larguísimo plazo y las depuradoras funcionan a muy corto”, apostilla.
Desde AEAS llevan dos campañas de información entre los fabricantes y distribuidores “para que sean más respetuosos” y que influyan menos con ese tipo de publicidad que es “un poco engañosa”, pero sin mucho éxito a la vista de los resultados. “La administración es muy lenta y considera que el etiquetado es suficiente y hemos apostado por influir en la concienciación de las empresas y la sociedad y llevamos dos años mandándoles información. No hemos explorado la vía de demandar concretamente porque no nos corresponde, sino que queremos dar soluciones razonables de carácter técnico y que el fabricante sea consciente de que debe ser sensato”, aclara.
Y mientras desde las empresas de saneamiento “se está presionando sobre todo de la voluntariedad técnica de acoplarse a normas más estrictas”, desde las administraciones se arrojan la pelota unas a otras. Desde el Mapama sostienen que no tienen nada que decir en este tema porque no es “autoridad en materia de consumo”. Es decir, no entra “en las certificaciones de qué empaquetado es correcto o no”. Se remiten a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) porque es “la competente”, si bien reconocen que han participado “en campañas de recomendación para que se tiren al cubo de la basura”. De hecho, el Mapama reconoce que“no deben arrojarse nunca al inodoro” porque “pese a incluir la etiqueta de biodegradables, no se degradan en el agua con la facilidad que lo hace la celulosa del papel higiénico”.
Desde Aecosan, que depende del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, exponen que “ este tema depende de las autoridades medioambientales, tanto estatales como autonómicas, ya que está dentro de su órgano competencial”. Pero igual que hacía el Mapama, las autonomías dicen que no es su competencia. “No tenemos constancia de que se haya recibido ningún escrito ni comunicación en dicho sentido. La Dirección General de Consumo no tiene las competencias en esta materia”, exponen desde la Junta de Andalucía.
Incremento en los costes de depuración
Los atascos con este producto suponen un incremento del coste de depuración superior a un 15% por las incidencias en las cloacas, las tareas para la retirada de las bolas de residuos en las que se convierten, las averías en los sistemas, las inversiones adicionales en equipamientos… No sólo son obstrucciones, sino luego tratamiento y eliminación de esa carga adicional.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizó un estudio de 15 de las marcas más comunes en el mercado y “ninguna de ellas resultó ser ni desechable ni biodegradable”. Mientras que el papel higiénico se desintegra en el agua casi por completo (95%) en media hora, las toallitas higiénicas húmedas se disgregan en apenas un tercio de su materia después de dos días en el agua. Hay otro problema medioambiental, ya que las fibras sintéticas “contribuyen a la contaminación de los ecosistemas con microplásticos”. Ya se han comenzado a observar los primeros efectos, el Instituto Español de Oceanografía ha revelado que uno de cada seis peces comestibles contiene microplásticos en sus estómagos.
La OCU exige a los fabricantes una acción inmediata que “pasaría por retirar todos aquellos mensajes donde se está indicando que son desechables, biodegradables, papel higiénico húmedo...”, ya que inducen a error y esto repercute negativamente en el comportamiento de los consumidores. En paralelo, solicita una regulación de estos productos en la que se exijan pruebas estandarizadas de disgregación y biodegradabilidad. Es más, pide que la Comisión Europea ponga en marcha cambios legislativos y normas técnicas.
