Santander invita a Ascan a dar su versión sobre la contrata de basuras sin esperar a la comisión en la que se investigue
El Ayuntamiento de Santander ha invitado a los responsables de la UTE Ascan-Geaser a que digan lo que tengan que decir sobre la gestión de la recogida de basura y limpieza viaria que ha llevado a cabo entre 2013 y 2021, año este en que le fue resuelto el contrato por los incumplimientos detectados por la Intervención municipal. El Ayuntamiento de Santander reclama ahora más de 10 millones de euros por los incumplimientos habidos.
Javier Ceruti, portavoz del equipo de gobierno, ha manifestado este martes que los propietarios de Ascan no tienen que esperar a que se reúna la comisión de investigación creada en el ámbito municipal para expresar su postura, como han asegurado públicamente querer hacer.
“Le invito a que cuente todo lo que sabe sin esperar a ninguna comisión de investigación; que no hay ninguna obligación de callar hasta que no se celebre una comisión de investigación. Estamos encantados de escuchar lo que tenga que contarnos, que justifique por qué se incumplió sistemáticamente el contrato. Creo que se lo deben a los ciudadanos de Santander”, ha manifestado el portavoz municipal, Javier Ceruti.
Estas manifestaciones se han producido cuando se ha dado cuenta de la suspensión durante dos meses de la liquidación económica de la relación con Ascan, y mientras en los juzgados se suceden sentencias en las que se rechazan quitas que ha ido haciendo el Ayuntamiento de Santander en los pagos mensuales desde 2020. Desde el Ayuntamiento no se vincula una cosa con la otra y se afirma que se estudia recurrir este rechazo a los descuentos aplicados, pero que se mantiene la reclamación de más de 10 millones de euros por los incumplimientos en la contrata, que es para lo que se pide ahora documentación sobre nóminas y facturas de material.
A dos meses se eleva el plazo que el Ayuntamiento ha dado para resolver el procedimiento de liquidación del contrato para la gestión del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos y otros servicios complementarios. En concreto, quiere disponer de la siguiente documentación:
- Facturas de adquisición de medios técnicos no matriculables durante la duración del contrato.
- Copia de nóminas anonimizadas entre 2013 y 2018; y entre enero de 2019 y mayo de 2020, así como relación mensual de trabajadores.
- Facturas que acrediten la inversión en maquinaria desde 2013. Dicha inversión es cuantificada en 11,8 millones de euros (sin incluir IVA).
- Justificación documental de los sobrecostes financieros por las detracciones aplicadas por el Ayuntamiento (Seguridad Social, Hacienda, 'factoring') y cuyo importe ha cifrado en 1,7 millones de euros.
- Otros documentos que la UTE afirma haber depositado en sede judicial y cuya naturaleza desconoce el Ayuntamiento.
En algunos casos, como en la documentación de las facturas reclamadas en inversión de maquinaria, la UTE asegura haberla entregado ya, pero no hay constancia final de ello, por lo que se reclama justificante de la entrega o nuevo envío. Ascan discrepa con la cantidad cuya justificación se le pide ahora.
El Ayuntamiento de Santander ha iniciado el expediente de liquidación y reclamación de daños y perjuicios causados a la administración por parte de la anterior empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, la UTE Ascan-Geaser Cuida Santander, como consecuencia del “incumplimiento culpable” del contrato que tenía adjudicado.
Sentencias judiciales
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander ya ha anulado parcialmente cuatro descuentos realizados mensualmente por el Ayuntamiento desde 2020. Teniendo en cuenta que la UTE ha recurrido cada descuento mensual, hay cerca de 18 recursos presentados, por lo que no es de descartar que haya más fallos desestimatorios.
En sus fundamentos, el juez no ve claro cómo se alcanza a cuantificar el descuento practicado, toda vez que se realiza sobre la base de una extrapolación del alcance de los incumplimientos detectados por la Intervención en el perúiodo 2013-2018. Al juez no le vale, que se extrapolen estos datos para aplicarlos a una mensualidad de los años 2020 o 2021.
“No es posible avalar las conclusiones municipales” y para el juez “a la poca claridad de las explicaciones se une que se trata de datos de 2013 a 2018 que sin más se extrapolan a 2020”. Por todo ello, decide anular este tipo de deducción de la factura, ha asegurado el portavoz Javier Ceruti.
Según el equipo de gobierno PP-Cs, las sentencias no afectan ni a la resolución del contrato efectuada en noviembre de 2021 ni a la posterior contratación de Cespa (actualmente Prezero) para hacerse cargo de la contrata.
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