Los informes jurídicos del Gobierno refuerzan a Mañanes y tensan la cuerda con la Junta de Personal
Este martes concluye el plazo para cerrar de forma definitiva el calendario escolar del próximo curso en Cantabria y las espadas de los representantes del profesorado y de la Consejería de Educación siguen en alto. A pocas horas para que tenga lugar una nueva reunión entre ambas partes, una solución amistosa, consensuada y pacífica parece casi una utopía.
Los informes jurídicos del Gobierno de Cantabria, tanto el elaborado por la Dirección General del Servicio Jurídico, dependiente de la Consejería de Presidencia, como el de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de Educación, refuerzan la posición mantenida por el consejero del área, Francisco Mañanes, quien sostiene que la jornada reducida en los meses de junio y septiembre que se viene aplicando hasta ahora en Educación Infantil y Primaria es ilegal.
“Los docentes que impartan Educación Primaria, de conformidad con la legislación básica estatal, han de tener una jornada lectiva semanal mínima de 25 horas”, según expresa con rotundidad el documento fechado el 7 de junio y traslado a los sindicatos un día después. “El cómputo total deberá ser, en todos los casos, de 25 horas semanales, y la decisión adoptada no supondrá en ningún caso, incremento de la plantilla del centro”, incide el texto.
Desde hace semanas el departamento que dirige Mañanes y la Junta de Personal Docente mantienen una dura disputa por el fin de la jornada reducida en los meses de junio y septiembre. Mañanes había accedido a una vieja demanda de las familias, que pasa por mantener el mismo horario durante todo el curso escolar, en lugar de una jornada reducida de tres horas y media a comienzos y finales del curso, lo que complica la conciliación de la vida laboral y familiar, según argumentan desde FAPA Cantabria (Federación de Asociaciones de Padres y Madres).
El informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos se suma al de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General de Educación, fechado el 1 de junio, y en el que se considera “posible” contemplar en el calendario escolar una jornada lectiva reducida durante esos dos meses, pero “siempre y cuando esa reducción se compensase con un incremento equivalente del número de horas lectivas en otras semanas del curso escolar”.
Ante esta tesitura, el consejero ha dejado claro este lunes que habrá cambios con total seguridad: “Hay que ser claros: los informes dicen que no podemos seguir con la jornada que estábamos disfrutando hasta la fecha; eso sí, el informe de nuestra Asesoría también señala cómo se puede mantener en cierto modo la jornada reducida siempre que se compense en el cómputo global de horas”.
En este sentido, Mañanes deja en manos de la Junta de Personal Docente decidir cómo se compensan esas horas, si con la eliminación de la jornada reducida o bien compensando esas horas a lo largo del curso. Así, la Consejería planteará varias propuestas para que los sindicatos tengan la última decisión.
Por otro lado, el consejero también ha rechazado la comparativa con otras comunidades autónomas porque “en cada una ocurre una cosa: hay comunidades que tienen 180 días lectivos y no 175 (como Cantabria), otras con jornada completa de más de cinco horas que compensan con jornadas reducidas...”, ha puesto como ejemplo. “En todo caso, en las comunidades donde hay jornada reducida, la reducción es de una hora no de hora y media como en Cantabria”, ha apostillado.
Un decreto “moribundo”
Tras conocer el informe del Servicio Jurídico del Gobierno, la Junta de Personal Docente ha acusado al consejero de “rescatar” un decreto de 2012, la “época más dura de los recortes”, para “justificar” el aumento de la jornada escolar.
Un decreto “moribundo”, según la Junta, que ha afirmado que “ni siquiera están aplicando ya” en los territorios gobernados por el Partido Popular (Ceuta y Melilla) y que “figura en la agenda de la nueva ministra de Educación, Isabel Celáa, como una de las reliquias de la época de Wert a derogar definitivamente”.
La Junta de Personal Docente, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, CCOO y UGT, ha acusado a Fernández Mañanes de “originar un conflicto” y de haber “tomado la decisión” de ampliar las jornadas en los colegios durante el periodo de comienzo y final de curso “porque así lo ha pactado con otras instancias que no son el profesorado”.
La Junta de Personal Docente aportará este martes un segundo informe --ya facilitó uno en el comienzo del conflicto-- realizado por otro gabinete jurídico que, según ha dicho, “avala la legalidad” de la jornada reducida en los meses de junio y septiembre.
Para los sindicatos, la Consejería “no termina de contestar” cómo es posible que se cuestione la legalidad de la jornada reducida del comienzo y final de curso en Cantabria cuando más de la mitad de las comunidades autónomas también la tienen, y consideran “incomprensible” que una Consejería al frente de la cual hay una persona del PSOE “resucite ahora el decreto más duro de los recortes de Rajoy y Wert”.
