Afectados por el proyecto de tierras raras piden reunirse con Medio Ambiente
A la reunión informativa que se produjo el pasado día 8 en Castellar de Santiago, en la que estuvo presente el director general de Industria y representantes de la empresa minera Quantum, y a las previstas en próximas semanas en Torre de Juan Abad y Torrenueva, se suma ahora una petición de la Plataforma Sí a la Tierra Viva para mantener un encuentro con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Quieren que el Gobierno castellano-manchego les informe “con detalles” del proyecto de concesión minera para la extracción de tierras raras que la citada compañía quiere llevar a cabo en varios pueblos de la comarca del Campo de Montiel y cuya solicitud de explotación se está tramitando, para su posterior declaración de impacto ambiental.
Según apuntan en el escrito remitido al consejero, con esta petición se hacen eco del “sentir importante” de la población de la comarca tras el inicio del procedimiento. “Sabemos que el nuevo Gobierno de Castilla la Mancha no quiere gobernar de espaldas a la ciudadanía”, apuntan en la carta, recordando que esa premisa quedó patente en la reunión de Castellar de Santiago donde el director general de Industria, José Luis Cabezas, adelantó que “si la población no quiere el proyecto, su gobierno no lo aprobará”.
Relatan que en sus asambleas y reuniones con vecinos y alcaldes, han percibido que es “mucho lo que está en juego”. “Es hora de tomar las riendas y enfrentarse cara a cara con la realidad global, con una visión amplia y anteponiendo los derechos de los ciudadanos a los intereses de multinacionales o 'holdings'”, resaltan, exponiendo a continuación las demandas que quieren trasladar al consejero: transparencia en la posición de la Junta sobre el apoyo al proyecto minero y “veracidad” en cuanto al alcance del proyecto.
Así, piden conocer si, a efectos de procedimiento ambiental, es “realmente un proyecto o si en realidad obedece a un programa de mayor calado y alcance”. Creen que en este segundo caso, “cambiaría la panorámica de todo el asunto” al tener que estar sometido a distinto marco legal, en referencia a la directiva europea de 2001 relativa a los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Finalmente, exigen la consulta a todos los ciudadanos de la región “con rigor y transparencia” y el análisis de las consecuencias del proyecto. “Hay factores cruciales que deben ser aclarados para que el común de los ciudadanos lo entienda y que no son otros que saber cómo afectará a los mismos: agua, salud, medio ambiente y tejido socieconómico”, añaden. La Plataforma concluye la misiva afirmando que es tiempo de “democracia real” y para ello “la participación de los ciudadanos será la piedra angular en una nueva sociedad más justa, sostenible e igualitaria”.