Castilla-La Mancha actualizará la regulación de talleres de automóviles para garantizar más accesibilidad
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado la consulta pública previa para la elaboración de una norma sobre los derechos de las personas consumidoras en la prestación de servicios por talleres de reparación de vehículos automóviles. Concretamente, la Dirección General de Consumo ha puesto en marcha este trámite partiendo del hecho de que el sector de la prestación de en este sector se caracteriza por ser un sector con gran conflictividad, en el que continúa produciéndose un importante número de reclamaciones, aun después de las reiteradas y periódicas campañas de inspección.
Según establece el Ejecutivo regional, son muy numerosas las cuestiones problemáticas que se detectan en las reclamaciones presentadas por las personas consumidoras ante los Servicios de Consumo y afectan a una gran variedad de temas, como son las relativas a las piezas de sustitución, derecho a las piezas sustituidas, prueba a la renuncia de las piezas cambiadas o garantías de las piezas en las reparaciones.
Muchas de las reclamaciones se centran también en la recogida de vehículos, los gastos de estancia, el derecho de retención del vehículo, el depósito del vehículo, la libre elección de taller frente a las aseguradoras, los talleres de marca o concesionarios que obligan a ir a su propio taller, los vehículos de sustitución, los cobros y justificantes de las reparaciones o la imposición de precios.
Asimismo señala que también es muy variada la problemática que se visualiza en las tareas de control de las autoridades de consumo en el sector de talleres de reparación, como la referida a la inexistencia, en gran número de casos, de lista de tiempos de reparación de las averías más frecuentes, de precios por hora de trabajo, de precios de desplazamientos y servicios especiales, así como de los precios de las piezas de repuesto (independientemente de si son o no oficiales de marca), o la no observancia del derecho a un justificante de la reparación.
A todo ello se une que el sector, como en otros ámbitos del consumo, se ha visto afectado por el impacto de las nuevas tecnologías y también por los cambios de los hábitos de las personas consumidoras, por lo que considero preciso acometer una actualización de la norma vigente que se adecúe mejor al nuevo contexto de protección de los derechos de las personas consumidoras.
El decreto vigente también debe adecuarse a la directiva europea
Actualmente el decreto vigente de protección de los consumidores en la prestación de servicios por talleres de reparación de vehículos automóviles regula desde 2002, en el ámbito de Castilla-La Mancha, la actividad industrial y la prestación de servicios en este sentido. Pero con el paso del tiempo se ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar dicha norma en varios ámbitos, para hacerla más efectiva. Además de la razones mencionadas, es necesario adaptarla a la Directiva Europea de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, y las modificaciones que introdujo un nuevo decreto de regulación de la actividad en este sector hace ocho años.
Con la nueva regulación, adelanto el Gobierno castellano-manchego, se pretende posibilitar una mejor prestación del servicio de reparación de vehículos automóviles, más garantista de los derechos de las personas consumidoras; y también actualizar la normativa reguladora a las nuevas prácticas que han surgido en el sector, en el que existe gran cantidad de novedades como son los talleres móviles, nuevos vehículos eléctricos o híbridos, alquiler de boxes o talleres desatendidos, nuevas especialidades que deben aparecer en la placa, posibilidad de presupuestos y cobro por medios digitales o Libro blanco del taller en colaboración con la DGT.
De igual forma, desde el Ejecutivo se quiere aprovechar la ocasión para adecuar la regulación a la normativa de accesibilidad y regulación económica eficiente, y para abordar otros temas candentes para la Administración como son la existencia de talleres carentes de autorización para el ejercicio de la actividad, la necesidad de regular la figura del responsable de taller, o de regular junto al régimen de obligaciones de empresas también el régimen de responsabilidades de personas consumidoras.
