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Más de 1.000 millones de euros para reducir la pobreza y la exclusión social en la región

Braulio Carlés y Aurelia Sánchez. FOTO: JCCM

Más de 1.000 millones de euros. Esa es la cifra que va a destinar el Gobierno de Castilla-La Mancha para conseguir reducir la pobreza y la exclusión social en la región. Será a través de la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social para el período 2017-2020 que ha aprobado el Consejo de Gobierno. “Un documento que va a marcar una hoja de ruta para poder reducir los índices de pobreza”, ha señalado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.

La recuperación en la región “no está llegando a las personas más vulnerables”

La recuperación en la región “no está llegando a las personas más vulnerables”

Justo este lunes, hemos conocido los datos sobre pobreza y exclusión social en esta comunidad autónoma que siguen mostrando una realidad preocupante respecto a las consecuencias de la crisis económica. Así lo ha puesto de manifiesto la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) durante la presentación en Toledo del VII Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza en España 2008-2016’. Según establece, la recuperación en esta región “no está llegando a las personas más vulnerables”.

De esta forma, en el último año, el indicador europeo AROPE -que mide el riesgo de pobreza o exclusión social- muestra una reducción en 0,7 puntos porcentuales (345.000 personas menos), hasta llegar al 27,9% de la población: 12.989.405 personas. Y en lo referente a Castilla-La Mancha, en 2016 el 37,9% de personas residentes en la región se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Castilla-La Mancha se sitúa diez puntos por encima de la media nacional, por lo que para el Ejecutivo autonómico es el “momento oportuno” para presentar esta Estrategia, un compromiso, según recordaba la consejera del Gobierno regional y de propio Emiliano García-Page. En la presentación del documento, Aurelia Sánchez, ha estado acompañada por el presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de Castilla-La Mancha, Braulio Carlés.

El Gobierno regional va a adoptar una serie de medidas encaminadas a rebajar la tasa de exclusión a la que existía en 2011, año en el que más fuerte empezaron a notarse los efectos de la crisis y se pretende asimismo reducir la pobreza severa que en Castilla-La Mancha padece el 7,7 % de la población hasta por lo menos el 5,8 % que es la media nacional, con el objetivo de seguir bajando hasta el 4 %.

La Estrategia se organiza en torno a tres ejes, que incluyen 58 medidas. Las primeras son medidas de choque o paliativas, el segundo eje es el de las medidas de prevención y el tercero el de las de eficacia y gobernanza. “Ejemplos de medidas paliativas son la mejora del Ingreso Mínimo de solidaridad (IMS) o la ampliación del Plan contra la Pobreza Energética, así como el incremento de becas de comedores escolares”, ha explicado la consejera de Bienestar Social.

El segundo eje, de medidas preventivas buscan mejorar las oportunidades de las personas y las familias para reducir los riesgos de caer en situaciones de pobreza, “por ejemplo la creación de los equipos de Inclusión Social, el transporte escolar gratuito la creación de Centros de Capacitación para personas en riesgo de exclusión social, así como la promoción del empleo inclusivo”, señala Aurelia Sánchez.

El tercer eje contiene medidas de eficacia y gobernanza, que persiguen mejorar la organización y gestión de los servicios y prestaciones e incorporan en su gobernanza a las instituciones implicadas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, “como por ejemplo la agilización y simplificación de trámites burocráticos o la coordinación institucional y la investigación”.

Entre los objetivos que incluye la Estrategia destacan los que ponen el énfasis en la prevención, sobre todo de la pobreza infantil, y en la inclusión social activa, para “garantizar un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la población”, mejorar las condiciones y posibilidades para “el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, adecuada y asequible, con especial atención a la ciudadanía en riesgo de pobreza y exclusión”, así como mejorar las condiciones y posibilidades de acceso al empleo de la población en edad de trabajar, sobre todo los grupos más vulnerables.

La duración de la Estrategia abarca de 2017 a 2020 y entre sus medidas prepara el camino del futuro Plan Integral de Garantías Ciudadanas, “por lo que complementa las actuaciones previstas en el mismo en áreas como Servicios Sociales, Educación, Empleo, Vivienda, Administraciones Públicas, Sanidad, con un componente diferenciador: las medidas de Inclusión social”, ha destacado la consejera.

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Publicado el
17 de octubre de 2017 - 13:50 h

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