Los agentes medioambientales denuncian a tres furtivos que se colaron en una montería autorizada en Toledo

El cuerpo de agentes medioambientales de la Junta de Castilla-La Mancha ha denunciado a tres furtivos localizados en una montería autorizada en el coto social de Cañadillas, en la localidad toledana de Sevilleja de la Jara.

Estaban cazando en línea de retranca de la montería. Es decir, se habían situado a menos de 1000 metros de la última línea de puestos, con el fin ilegal de abatir aquellas piezas que superen dicha línea de puestos, según fuentes del cuerpo, “comprometiendo la seguridad de los cazadores que participaban legalmente en la actividad”.

Se trata de una acción ilegal, además de considerarse una infracción grave dentro de la vigente Ley de Caza. Los furtivos empleaban además un rifle provisto de silenciador, han explicado los agentes. Se trata de un elemento prohibido para la caza y supone también una infracción grave.

Además, “los furtivos intentaron obstaculizar también la labor de los agentes, obstruyendo la labor inspectora de los agentes de la autoridad”, explican los agentes a elDiarioclm.es por lo que fue necesaria la intervención de una patrulla de la Guardia Civil.

El viceconsejero de Medio Ambiente Fernando Marchán aseguraba a través de la red social Twitter que “no se pueden permitir este tipo de prácticas, y mucho menos cuando van unidas a amenazas o intenciones de atentar contra la seguridad de nuestros agentes”. En este sentido expresaba la “condena absoluta” del Gobierno de Castilla-La Mancha a los sucesos que “ensucian un sector tan importante en Castilla-La Mancha como es el cinegético”.

Precisamente este fin de semana el sindicato CCOO criticaba que el Gobierno de Castilla-La Mancha no cumple “con sus obligaciones en materia de Salud y Seguridad del colectivo de agentes medioambientales”.

La coordinadora de agentes medioambientales de CCOO recordaba este sábado a los dos agentes rurales, Francesc Xavier Ribas y David Iglesias, que el 21 de enero de 2017 fueron asesinados en Aspa (Lleida) con un arma de caza a manos de un cazador que fue condenado a 45 años de cárcel.

“Mientras que en Cataluña, a raíz del suceso, se elaboraron e implantaron medidas organizativas eficaces y se dotó a los agentes rurales de elementos de protección personal; en Castilla-La Mancha, en la práctica, poco o nada ha cambiado desde aquel 21 de enero de 2017”, ha lamentado el sindicato.