El Gobierno regional reclama una deuda de 3 millones de euros por el trasvase Tajo-Segura
Las cuentas no le salen al Gobierno de Castilla-La Mancha en lo referido a lo que siempre ha denominado una “deuda histórica” del Gobierno central con la región en torno al trasvase Tajo-Segura. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha reclamado a Moncloa un total de 3 millones de euros por el uso de esta infraestructura desde 2009 y hasta el ejercicio actual de 2015. Y a esta deuda ha añadido otra más: la de 13 de millones de euros que adeuda a la región el Consorcio de Transportes de Madrid y que se quedó sin pagar por el anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal.
Ambas cifras las ha desvelado hoy la consejera con motivo de una reunión con 40 alcaldes y concejales de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía y con la recientemente creada Plataforma de afectados por el trasvase Tajo-Segura para aclararles la disposición del Gobierno regional en relación al tema del agua. Ha afirmado que la Junta “va a luchar con uñas y dientes” en esta cuestión, no sólo mediante el recurso al trasvase de 20 hectómetros cúbicos aprobado por el Ministerio de Agricultura la semana pasada, sino también mediante la redacción de una Ley regional del Agua que “nos sitúe en una posición de fuerza en la toma de decisiones” similar a la de Aragón, especialmente en materia de trasvases.
Sobre las cifras, De la Cruz ha afirmado que a Castilla-La Mancha se le adeuda por este concepto un montante de 3 millones de euros en el período 2009-2013 y del actual ejercicio 2015. “Se están llevando el agua y ni siquiera se está pagando”. Tampoco, ha dicho en referencia al Gobierno de España, “acometen las obras de recuperación de los márgenes del Tajo, del abastecimiento de Morillejo y de los azudes que tenían comprometidas”.
En su opinión, “la situación hidrológica excepcional” a la que alude la ministra con motivo de la aprobación del último envío de agua al Segura “la tenemos en los pantanos de cabecera”, ya que la cuenca receptora está 150 hectómetros cúbicos por encima de la media de los embalses de toda España. Con ello ha hecho referencia a la normativa aprobada en los últimos cuatro años, como el memorándum del Tajo, los planes hidrológicos “que vulneran incluso la normativa europea” o una disposición adicional de la Ley de Montes que abre la puerta a trasvasar en situación de nivel 4 por debajo de 400 hectómetros cúbicos. Toda esa normativa ha servido para que “se abra el grifo al otro lado del trasvase y se produzca una barra libre de agua que no tiene en cuenta el desarrollo legítimo de la cabecera”, ha señalado.
Ganar un recurso contra el trasvase para sentar un precedente jurídico sobre la gestión del agua
En relación al recurso contra el trasvase, ha afirmado que la intención del gobierno regional es ganar un recurso para sentar un precedente jurídico que otorgue fuerza a Castilla-La Mancha en la futura gestión de los recursos hídricos. “Hoy no formamos parte de los órganos de representación, nos enteramos de un trasvase cuando aparece en el BOE”, ha dicho De la Cruz, que ha recordado que hace dos décadas ya se produjo una sentencia favorable del Tribunal Supremo que sentó jurisprudencia.
La reunión con los alcaldes y concejales ribereños y con la Plataforma ciudadana ha estado presidida por el alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla y la propia consejera y ha contado con la asistencia del director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, y los delegados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara y Cuenca, Alberto Rojo y Angel Tomás Godoy. “Nuestra intención es transmitirles de manera inequívoca el apoyo del presidente Emiliano García-Page y un nuevo compromiso que hasta ahora no había existido en relación con el agua”, ha subrayado Elena de la Cruz.
En otro orden de cosas, también ha confirmado una deuda de con el Consorcio de Transportes de Madrid de 13 de millones de euros. “Esa es la cantidad que el anterior gobierno regional de Cospedal dejó sin pagar”, ha precisado, asegurando que “queremos sentarnos con Cristina Cifuentes para regularizar esos pagos que dejaron a deber y para firmar un nuevo convenio” que no se ha firmado los dos últimos años. También para que “cumpla el compromiso electoral que hizo en Villanueva de la Torre de integrar a Castilla-La Mancha en el abono joven”.
