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Bárcenas, el delator imposible

Luis Bárcenas, en la comisión del Congreso.

Adolf Beltran

Elia Kazan dirigió ese magistral canto a la delación que es La ley del silencio. Terry Malloy, el personaje que interpreta Marlon Brando, en efecto, es un héroe sombrío que acaba denunciando a los gangsteres de los muelles del Hudson para quienes trabaja. Una figura en la que muchos vieron el intento de expiar, mediante la justificación de una confesión “buena”, el pecado del propio cineasta y de su guionista Budd Schulberg, delatores ambos de amigos izquierdistas de Hoollywood durante la caza de brujas del senador McCarthy.

Aunque podría pasar perfectamente por un contable de serie negra caído en desgracia, ningún sentimiento parecido, ni real ni de ficción, habitaba en el individuo que el otro día compareció ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la financiación del PP. Luis Bárcenas no ha mostrado la más mínima necesidad de exculparse, ni siente impulso moral alguno de desvelar el funcionamiento delictivo amparado tras las siglas de la organización política a la que perteneció y que todavía gobierna España, como hizo en su momento sin que le azuzase la justicia José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda que denunció la trama Gürtel.

La altanería del extesorero del PP es proporcional a los cargos judiciales que pesan sobre él y, como demostró, está dispuesto a administrarla a su conveniencia incluso ante los parlamentarios. Aquel a quien Mariano Rajoy animó un día de enero de 2013 mediante un mensaje de móvil a “ser fuerte”, cuando estaban llegando a manos de la prensa los papeles de las donaciones opacas al PP y las revelaciones de que dirigentes y altos cargos habían cobrado sobresueldos, está cumpliendo el consejo después de pasar por la cárcel y amenazar con tirar de la manta. ¿Podía pronosticarse otra cosa?

Como ya ocurriera con Francisco Correa, otro saqueador con ínfulas que amagó con confesar el sistema de cobro de mordidas en un documento dirigido a la fiscalía que entregó también a Ignacio Escolar y del que después se desdijo, Bárcenas ha optado por el silencio. Un silencio selectivo, roto únicamente para proteger sus poco creíbles argumentos de defensa y proferir impertinencias contra los diputados, en la línea de aquel gesto obsceno con el dedo dedicado a los periodistas que le esperaban a la vuelta de un viaje que coincidió con movimientos de casi dos millones de euros en sus cuentas en el extranjero.

Terry Malloy era en el fondo una buena persona. Sus creadores Kazan y Schulberg proyectaron en él cierta mala conciencia porque habían delatado a otros para salvar sus carreras. Ni Bárcenas ni Correa parecen buenas personas, ni tienen ya carrera alguna que salvar. Si acaso un patrimonio amasado ilegalmente. Ni siquiera la perspectiva de reducir sus condenas (y Correa ya tiene, en el rosario de piezas del caso Gürtel, una de 13 años por la adjudicación fraudulenta de los pabellones de la Generalitat Valenciana en Fitur) parece estimular en ellos la idea de soltar la lengua.

El mismo día que Bárcenas comparecía, se hacía pública la sentencia que obliga al PP a pagar 568.000 euros a Feria Valencia por el uso opulento de sus instalaciones en el congreso que en 2008, con el inestimable apoyo de Francisco Camps, salvó el entonces discutido liderazgo de Rajoy. En el punto álgido de su embriaguez de poder, simplemente, los populares se sentían los dueños de todo en Valencia y no pagaron aquel congreso a la institución ferial. Si ahora les toca hacerlo es porque otros mandan en las instituciones locales, porque se ha llevado el asunto a los tribunales y porque se ha averiado la máquina electoral que cabalgaban, una vez ha dejado de estar lubricada por una financiación ilegal que los propios empresarios implicados ya han confesado. Lo más curioso del caso es que el PP valenciano, anfitrión del cónclave, ha atribuido ahora ante el juzgado a un “acuerdo verbal”, que habría gestionado Bárcenas desde la dirección nacional y que no llegó a formalizarse en un contrato, el escandaloso impago de un evento en el que por lo visto la trama Gürtel también metió la mano.

Con la irritación a flor de piel (como si fuésemos el resto de los mortales los que le debiéramos algo), Bárcenas no desmintió ante los diputados en la comisión lo que había dejado dicho en un principio sobre la existencia de una “contabilidad extracontable” y el pago de sobresueldos, entre otros a Mariano Rajoy. Se limitó a corregir detalles que tal vez jueguen algún papel en su estrategia, como la entrega de dinero negro por Álvaro Lapuerta, su predecesor en las cuentas, dentro de una caja de puros. Todo apunta a que no tiene intención de ir más lejos. De ahí que la oposición se quejara de la existencia de un pacto de silencio del extesorero con el que fue su partido.

¿Pero más allá del instinto primario de no autoinculparse, puede funcionar la ley del silencio sin alguna coacción o incentivo? ¿Puede hacerlo sin que esté activo algún oscuro entramado, aunque sea político? Propone Compromís en el Congreso, con el apoyo inicial de la mayoría de la Cámara, que el Código Penal contemple la posibilidad de ilegalizar partidos corruptos. Será interesante ver cómo se desarrolla ese debate que el PP intentará frenar por todos los medios. De momento, para dejar a los corruptos sin incentivos y sin posibilidades de chantaje, por remotas que sean, en nombre de una elemental salud democrática, habría bastado con no permitir que esa derecha turbia volviera a gobernar. Seguro que sabríamos más del Rajoy “extracontable”.

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