Especulación, burocracia y okupación: El viacrucis del alquiler social en Castellón

Con la Comunidad Valenciana frente a los datos de desahucios por impago de alquileres en su máximo desde el año 2013 –en uno de los momentos más fieros de la crisis económica-, no dejan de sucederse los obstaculos para el plan de incentivación de la vivienda social puesto en marcha por el Ayuntamiento de Castellón. Desde la entrada del bipartito –formado por PSPV y Compromís- en 2015, los continuos esfuerzos del ejecutivo por acabar con los desahucios en la ciudad se han encontrado de frente a especuladores y okupas.

El problema más acuciante con el que se han topado en el Ayuntamiento consiste en la dificultad por ampliar el parque municipal de vivienda social. Recientemente se ha tenido que declarar desierto la fase de licitación con la que el ayuntamiento pretendía comprar viviendas, ya que la única oferta que fue presentada –un lote de 20 viviendas propiedad de una entidad bancaria- no cumplía con los requisitos de accesibilidad al no contar con ascensor.

Desde el Ayuntamiento declaran que el procedimiento sigue abierto, ya que se ha iniciado una segunda fase de compra por adjudicación directa, procedimiento que se realiza sin necesidad de una licitación pública. Pese a que ninguna de las dos fases restringe la participación y la fase de licitación se declaró desierta, desde el Ayuntamiento confían en que la falta de un plazo determinado para la presentación y el mayor tiempo para preparar documentación, estimulen esta vez la oferta.

Una de las posibles causas de la falta de ofertas en las fases previas del procedimiento podría estar directamente relacionada con el aumento del precio medio de la vivienda en alquiler en Castellón. La dinámica alcista de los precios del alquiler ha hecho que su tasa de rentabilidad –según un estudio de Idealista-  “triplique la de los bonos del Estado a diez años”, siendo en Castellón de un 6,2% - en comparación con el 1,6% que ofrecen los bonos del Estado-. Esto habría motivado que, paralelamente al aumento de precios, se esté produciendo un aumento de los desahucios por impago del alquiler.

Falta de interés de los especuladores

Desde Castelló en Moviment –CseM-, socios en la oposición del bipartito, se apunta también en este sentido. Ya con el fallo del intento de compra del consistorio, la concejala Paz Beltrán señalaba la necesidad de enfocar los esfuerzos del Ayuntamiento en que los particulares oferten viviendas directamente, ante lo que considera es una decisión de los grandes tenedores de viviendas como son los bancos o las inmobiliarias de guardar sus pisos para venderlos a más alto el precio.

Desde la formación asamblearia cargan contra la falta de colaboración de entidades bancarias e inmobiliarias de las cuales afirman que “no tienen ningún tipo de sensibilidad social, acaparando centenares de inmuebles vacíos para especular con ellos”. El Ayuntamiento, por su parte, prefiere no pronunciarse al respecto, considerando que, ante la falta de datos, no pueden hacer declaraciones en base a conjeturas o suposiciones.

En CseM lamentan, además, que los votos de Ciudadanos y el Partido Popular hayan impedido que saliese adelante su Declaración Institucional para que el Ayuntamiento pidiese al Gobierno central “medidas legislativas y presupuestarias para hacer frente a la burbuja de los precios del alquiler” en la ciudad de Castellón.  

Un problema añadido

La Oficina Municipal de Vivienda de Castellón se encuentra, además, con la problemática de hacer frente a las “okupaciones” irregulares de pisos pertenecientes al parque del consistorio. Recientemente se habrían iniciado los procedimientos de recuperación por parte de Patrimonio como respuesta a la entrada de forma ilegal –forzando la cerradura- en dos inmuebles pertenecientes al ayuntamiento.

Son cerca de 40 las viviendas de titularidad pública que actualmente se encuentran en situación de ocupación ilegal. No obstante, al menos 20 de esos casos podrían acogerse a la Resolución de Legalización de 4 de abril 2017, consistente en la regularización de la situación, con carácter excepcional, de viviendas ocupadas sin título. Los casos en que la ocupación se produjese antes de 2015 son susceptivos de acogerse a dicha resolución.

La falta histórica de una efectiva política de vivienda pública y el complejo procedimiento civil para reclamar las viviendas públicas ocupadas, ha favorecido que esta situación se prolongue durante años. No obstante, una nueva reforma implementada el pasado mes de julio, podría dar al consistorio las herramientas necesarias para agilizar estos procedimientos.