Compromís y PSPV desbloquean la ley de Función Pública tras acordar que Marzà valide el requisito lingüístico

Las conselleries de Justicia y Educación sacan del bloqueo la Ley de Función Pública que reorganizará el sistema de funcionarios de la Generalitat Valenciana. Los departamentos de Gabriela Bravo (PSPV) y Vicent Marzà (Compromís) mantenían el anteproyecto parado hasta llegar a un acuerdo por el llamado requisito lingüístico, que regula el nivel de valenciano que deben tener los empleados públicos.

En el consellet, la reunión previa al pleno del Consell del pasado 30 de enero, donde habitualmente acuden miembros del segundo escalón del Gobierno, el representante de Compromís bloqueó el camino del anteproyecto ante la negativa del representante de Justicia para que Política Lingüística, departamento de su competencia, participase de su redacción, como se había acordado entre conselleries. Preguntada al día siguiente en la rueda de prensa posterior al pleno, la vicepresidenta Mónica Oltra negó que hubiera ningún conflicto y aseguró que el problema “técnico” y “procedimental” que lo paralizaba se solucionaría “inminentemente”.

En el encuentro de este miércoles se ha resuelto el fleco y Justicia ha asumido que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, se aprobará la regulación de la acreditación del nivel de conocimiento de valenciano de los funcionarios “previo informe favorable de la conselleria competente en materia de política lingüística”. Esta redacción se ha incluido como disposición adicional al texto legal, como pedía Compromís. El anteproyecto de ley se aprobará en el Pleno del Ejecutivo autonómico de este viernes.

El proyecto lleva más de tres años pendiente y el llamado requisito lingüístico ha sido objeto de controversia en el Gobierno autonómico. Las discrepancias vienen por el nivel de conocimiento que ha de exigirse a los funcionarios y la proporcionalidad en relación con sus actividades, el periodo que debe darse para la obtención de las certificaciones de valenciano y la exención de su exigencia en ciertos ámbitos como la sanidad.