La Diputació de València cierra Divalterra tras 33 años de actividad y uno de liquidación

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, en un consejo de Divalterra.

33 Años después de su creación en 1988 bajo el nombre de Imelsa, y más de un año después de un proceso de liquidación que ha durado 453 días, la empresa pública Divalterra (nombre con el que fue rebautizada en 2016) echa el cierre.

“Desde hoy Divalterra solo existe en la historia. Punto y final. Se acabó”. Con estas palabras ha terminado el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, su intervención en la última Junta General de la empresa pública. Gaspar anunciaba el fin de esta mercantil pública afirmando que la decisión se tomaba para acabar con un ente “demasiadas veces utilizado como icono de la perversión”.

La Junta General celebrada tras el pleno de junio de la corporación provincial ha puesto fin a las tres décadas de existencia de la mercantil, “fruto de un análisis detallado y exhaustivo que tiene detrás años de trabajo y que de haberse iniciado antes hubiera evitado algunos sufrimientos”, ha señalado Gaspar, quien ha agradecido la profesionalidad de Afianza Asesores durante el proceso de liquidación y la responsabilidad y la comprensión de trabajadores, sindicatos, habilitados nacionales y equipo de gobierno para “salvar a las personas que integran la empresa y la función que ejercen”.

El máximo responsable provincial ha recordado que la decisión de cerrar Divalterra se tomó “para garantizar la dignidad y la estabilidad laboral de sus trabajadoras y trabajadores, para acabar con la incertidumbre, el desprestigio y la ineficacia de una firma que tantas veces se ha alejado de su objeto fundacional, y para que las brigadas dejaran de ser prebenda, moneda de cambio de algunos políticos o coto particular de ningún ayuntamiento, que es lo que conseguimos dejando trabajar a los brigadistas bajo la coordinación y la profesionalidad del Consorcio de Bomberos”.

Dardo al PP: “gracias por nada”

Gaspar no se ha ahorrado críticas al PP, cuando les ha reprochado que “cuando no tomas partido contra la corrupción la estás alimentando, por incompetencia o por oscuros intereses”, al tiempo que ha afeado los “continuos comunicados públicos en los que las palabras más utilizadas eran bloqueo y paralización”.

Gaspar ha arremetido contra una actitud política “basada en la amenaza y no en la presunción de inocencia y las buenas intenciones, tan inútil para la sociedad como para la reputación de las personas que tratamos de gestionar los recursos públicos, con decisiones a veces arriesgadas frente a los que prefieren la comodidad como compañera de viaje”. “Al Partido Popular de esta Diputación, gracias por nada”, ha rematado el presidente.

Más de un año de proceso

El cierre definitivo de Divalterra pone fin a un proceso que ha durado aproximadamente 15 meses. El balance de cuentas deja un saldo positivo de tres millones de euros de los que pasa a disponer la Diputación.

El balance final de liquidación ha sido aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del resto de grupos, entre ellos Ciudadanos, que pese a mantener su postura inicial respecto al proceso, ha destacado “la gran labor y el trabajo minucioso” llevado a cabo por la empresa liquidadora de Divalterra.

A finales de marzo de 2021, Toni Gaspar anunciaba en la Junta General de Divalterra el “cierre ordenado y definitivo” de la mercantil, situando a los trabajadores y trabajadoras como “máxima prioridad”. El siguiente paso, de manera simultánea, fue informar a las secciones sindicales de la empresa pública que los puestos de trabajo estaban asegurados, ya que los servicios se seguirían prestando con independencia del cierre.

Dos meses después, la Diputación aprobaba en un pleno extraordinario el acuerdo para el traspaso de personal de la mercantil al Consorcio Provincial de Bomberos y la propia corporación, asumiendo así oficialmente las funciones de Divalterra. El proceso continuó con el nombramiento de Afianza Asesores como órgano liquidador. En este contexto, el Consejo de Administración de Divalterra cesó en sus funciones para que fueran el interventor y el secretario quienes trabajaran junto a los liquidadores en el tránsito hasta el cierre.

A finales de 2021, fruto del diálogo entre la Diputación y las secciones sindicales de Divalterra, se puso en marcha un plan de bajas voluntarias en condiciones ventajosas al que se acogieron 87 personas. Este sería el paso inmediatamente anterior a la integración de las brigadas forestales en el Consorcio de Bomberos y la asunción del resto de la plantilla en diferentes áreas de la Diputación.

De esta manera culminaba el traspaso de la plantilla desde la extinta mercantil hacia la corporación y Bomberos, con las mismas condiciones laborales que estas trabajadoras y trabajadores tenían en Divalterra. Actualmente, la totalidad de los servicios que ofrecía la empresa pública se siguen prestando desde el ente provincial y sus organismos públicos.

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