La Diputación de Valencia entierra su empresa pública más polémica: del 'caso Taula' al 'caso Alquería'

Agentes forestales de Divalterra.

Sólo quedan tres miembros del servicio jurídico y la liquidadora en Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia. A falta de trasladar el archivo de la empresa y redactar las escrituras de liquidación, esta semana 432 trabajadores de las brigadas forestales han pasado al Consorcio Provincial de Bomberos. Fuentes de la institución provincial prevén que los últimos trámites de la liquidación sean rápidos para enterrar así la empresa pública más polémica de la Diputación de Valencia.

Se trata, según la presidenta del consorcio y vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó, de un traspaso ordenado de personal y de competencias con un doble objetivo: que los servicios de las brigadas se continúen ofreciendo desde la institución provincial y el consorcio y que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo en iguales condiciones después de la subrogación de sus contratos.

La firma nació en 1988 bajo la denominación de Impulso Económico Local SA (Imelsa) y hasta su cierre se ha visto abocada a escándalos de supuesta corrupción bajo los mandatos del PP, especialmente en la etapa de Alfonso Rus, y del PSPV-PSOE y Compromís. El actual presidente de la institución provincial, el socialista Toni Gaspar, ha dado el carpetazo definitivo.

Imelsa se convirtió en el epicentro del escándalo de corrupción que acabó con la carrera del popular Alfonso Rus. De hecho, varias piezas separadas del 'caso Taula' investigan tanto la colocación de trabajadores zombies como el presunto cobro de mordidas de parte de cargos del PP. Las cintas que aportó a la Fiscalía Anticorrupción la entonces diputada provincial Rosa Pérez Garijo, actual consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, desencadenaron una macroinvestigación que terminó con la detención de Rus y su procesamiento en varias piezas, como la del 'call center' o la de las contrataciones irregulares.

El entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent, autodenominado el 'yonqui del dinero', grabó durante años comprometedores audios en los que inmortalizaba todo tipo de presuntos trapicheos, unas cintas que ahora pretende anular tras haber estado durante seis años colaborando con la Fiscalía Anticorrupción.

Tras las elecciones del 2015, el PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida asumieron la Diputación de Valencia e Imelsa se convirtió en un auténtico agente tóxico heredado de la etapa anterior. Ante la disyuntiva de qué hacer con la empresa pública, el entonces presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez, optó por cambiar el nombre a Divalterra y crear nuevos puesto de alta dirección.

La decisión le costó la presidencia. Una denuncia ante el Ministerio Fiscal por parte de cargos colocados por Benavent propició el 'caso Alquería' que investiga esas contrataciones, realizadas en contra de varios informes jurídicos. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia abrió el juicio oral contra Rodríguez y más de una decena de antiguos cargos de la institución provincial, que están a la espera del señalamiento.

El 'caso Alquería' supuso la salida de Rodríguez del PSPV-PSOE y la creación del partido 'La Vall Ens Uneix' con el que revalidó su mandato al frente del Ayuntamiento de Ontinyent. Además, el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, fue detenido en el marco del 'caso Azud', sobre una presunta red de comisiones urbanísticas bajo el mandato de la alcaldesa Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia. El Consejo de Administración de Divalterra decidió mantener a Vera al frente de su puesto de prevención de riesgos penales.

Sin embargo, fue la crisis provocada por las disputas sobre la plaza de la nueva jefatura de Recursos Humanos la que propició que Toni Gaspar, actual presidente de la Diputación de Valencia, decidiera el cierre definitivo de la empresa pública. Acaba así la empresa pública de la Diputación de Valencia, cuyos efectivos ya forman parte del Consorcio Provincial de Bomberos.

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