Gabriela Bravo obliga a toda la plantilla de la Generalitat a volver al trabajo presencial el lunes 22 de junio mientras los sindicatos piden más teletrabajo

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado esta mañana a los sindicatos de la Función Pública un borrador de resolución que pretende que el próximo lunes 22 de junio todo el personal de administración vuelva de manera presencial a su puesto de trabajo. La medida ha sido apoyada por CCOO y UGT, alegando que estaba prevista esta vuelta desde mayo, mientras que Intersindical y CSIF quieren que la reicorporación sea paulatina y en la medida de lo posible se fomente el teletrabajo y evitar contagios.

“Desde el día 21 de junio de 2020, el 100% del personal al servicio de la Administración de la Generalitat deberá incorporarse a la actividad presencial en su correspondiente centro de trabajo, y sus condiciones de trabajo serán las reguladas en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell”, reza la propuesta de resolución a la que ha tenido acceso eldiario.es. Esta propuesta choca con la resolución del presidente de la Generalitat de la pasada semana que pide a las empresas que fomenten en la medida de lo posible el teletrabajo.

Desde la FeSP-UGT ha emitido un comunicado en el que defienden que se debe apostar por el teletrabajo, y por tanto “se debe compartir la actividad presencial con el teletrabajo -como, por ejemplo, se va a realizar para Administración General del Estado-”.

“Estaba previsto así en una resolución del día 8 de mayo que se publicó el día 11. Se fijaba una reicorporación de manera gradual, según las fases. Lo lógico, según esta propuesta, era que el lunes 21 volviera el cien por cien de la plantilla a su puesto excepto la población que tengan riesgo”, ha explicado a eldiario.es Juan Cruz, de CCOO. “Nosotros somos partidarios del teletrabajo, pero hay que regularlo. Hay un decreto de 2016 sobre este tema, pero no se ajusta a la actual situación de Covid”, apunta Cruz.

Intersindical Valenciana ha tachado la decisión de “imprudente” y “precipitada” y alerta de que podría ser peligrosa para las condiciones laborales y de salud del personal. Además, afirman que con la “premura” de la aprobación de esta resolución dejan con poco margen a los subsecretarios para organizar los equipos y cumplir con las normativas de seguridad.

“La consellera Gabriela Bravo va por libre en las decisiones que afectan a sus trabajadores e impone su criterio doloso contra el personal a su cargo, demostrando gran desconocimiento de la gran respuesta de los empleados públicos en la crisis”, han ciritcado desde el CSIF, que han recordado que en el resto de administraciones la incorporación presencial es voluntaria.