El Gobierno no prorrogará la nuclear de Cofrentes como exige Mazón porque la compañía propietaria “no lo ha pedido”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, exigió el pasado 22 de abril al Gobierno que prolongue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030, “porque se ha demostrado que es una fuente energética sostenible y primordial para el desarrollo económico y social de nuestro territorio”.

Mazón defendió la necesidad de “mantener a corto y medio plazo la energía generada por la planta de Cofrentes, que aporta el 45% de la producción eléctrica de nuestro territorio, contribuye a estabilizar los precios de la electricidad y garantiza la actividad de nuestros sectores industriales”.

Sin embargo, la hoja de ruta del Gobierno no pasa en estos momentos por otorgar una prórroga a la instalación, propiedad de Iberdrola, entre otras cosas, porque la compañía no la ha solicitado.

Así lo ha afirmado a preguntas de elDiario.es el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien ha explicado que “los propietarios de las centrales nucleares o de los parques eólicos o solares son empresas privadas que tienen unas licencias para su funcionamiento durante un periodo de tiempo determinado y que a la finalización de ese periodo de tiempo para el cual cuentan con esa concesión pueden acogerse a una prórroga acometiendo las inversiones necesarias o sencillamente dar por amortizado y concluido ese periodo”.

En el caso de las centrales nucleares “los propietarios de las centrales nucleares han decidido que no quieren seguir funcionando con ellas a la finalización del periodo de autorización, dicho eso, no hay nada más que decir” y ha comentado que, aunque es algo que depende de la secretaría de estado de Energía, no tiene constancia de que el titular de la central “haya solicitado una prórroga de la autorización con lo cual” y que si la solicitasen, “habría que valorarla”.

En ese sentido, fuentes del departamento de Energía del Ministerio de Transición Ecológica han confirmado a este diario que efectivamente, “no existe una petición formal sobre esa prórroga” y sobre su postura en caso de que la pidiesen, se han remitido a la última intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según explicó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, “en 2019, las grandes empresas energéticas, que son propietarias de estas centrales nucleares, las grandes empresas energéticas pactaron entre ellas mismas, no el Gobierno de España, entre ellas mismas, un calendario de cierre para las centrales nucleares que aún estaban operativas”. Un calendario de cierre que se iba a iniciar en el año 2027 y que iba a prolongarse hasta el año 2035. Y desde entonces, recordó el presidente, el Gobierno siempre ha dicho lo mismo: “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, nosotros les escucharemos, como escuchamos a todos los sectores, porque somos un gobierno dialogante”.

Sánchez comentó que los tres criterios que tendrá en cuenta el ejecutivo serán que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos, que sea económicamente viable, es decir, que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, y que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.

Sánchez lanzó un dardo a los gobiernos autonómicos que, como es el caso del que dirige Carlos Mazón, exigen que las centrales ubicadas en su territorio se mantengan operativas, pero sin embargo “miran hacia otro lado cuando se les pregunta si estarían dispuestas a pagar la factura o si estarían dispuestas a localizar un cementerio nuclear en su territorio”. 

Desde Energía han explicado además que el funcionamiento de las centrales no se puede prorrogar de forma individualizada: “Hay un calendario pactado de cierre escalonado cuyo próximo hito es el cese de la central de Almaraz en 2027. De modo que esta es la primera que habría que abordar de forma que si prorrogara, habría que hacer lo propio con el resto para acompasar el proceso”. Sin embargo, la realidad es que las propietarias (Iberdrola, Naturgy y Endesa) no se ponen de acuerdo a la hora de realizar una propuesta de prórroga en las actuales condiciones y exigen, a grandes rasgos, una menor prisión fiscal, una tarifa fija y ayudas para costear la gestión de los residuos.