El Gobierno valenciano recibe 81 proyectos de plantas fotovoltaicas este semestre, el cuádruple de las instaladas en tres años

El despliegue de las energías renovables en la Comunitat Valenciana es uno de los objetivos que persigue el Gobierno del Pacto del Botánico con el objetivo de lograr la soberanía energética ante la crisis de precios y el cierre de la central nuclear de Cofrentes previsto para 2030, instalación que produce el 46% de la energía en suelo valenciano.

Para lograrlo, el pasado mes de mayo se aprobó con el voto a favor de las formaciones botánicas (PSPV, Compromís y Unides Podem) el decreto de medidas urgentes por el que se impulsará la Agencia Valenciana de Energía y se aplicarán modificaciones legislativas para priorizar las instalaciones en suelo urbano.

Con el decreto aún en su fase inicial de ampliación, la Conselleria de Economía Sostenible que dirige Rafael Climent ha recibido ya en el primer semestre del presente año un total de 81 proyectos nuevos de instalación de plantas fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana.

De las propuestas presentadas, una está en fase de consultas previas en Castellón y del resto, están en tramitación 34 en la provincia de Alicante, 23 en la de Castellón y otras 23 en València.

Esta cifra cuadruplica las plantas autorizadas y construidas entre los años 2019 y 2022, cuando se dio luz verde a 15 (una en Alicante, 10 en Castellón y cinco en València) y se pusieron cinco en funcionamiento (tres en Alicante y dos en Castellón). La potencia total de las 20 plantas asciende a 107,481 megavatios. Además, siete han obtenido la autorización de explotación definitiva (cuatro en Alicante y tres en Castellón) con una potencia de 63,391 megavatios.

Según las previsiones de la Conselleria de Emergencia Climática y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà, la energía fotovoltaica instalada debería multiplicarse por 16 hasta 2030 en la Comunitat Valenciana para pasar de los 360 megavatios actuales a 6.000 y corregir el retraso en renovables que existe en esta zona.

Discrepancias por el riesgo de especulación

La tramitación del decreto de medidas urgentes para fomentar la instalación de renovables generó discrepancias entre los socios de Gobierno, con Compromís y Unides Podem temerosos ante la posibilidad de que las facilidades para la instalación de plantas fotovoltaicas provoque un boom de especulación y cuestione los principios de protección del territorio.

Estas divergencias se solventaron con un compromiso entre las tres formaciones para, a través de las leyes que están en tramitación, como la de Cambio Climático y Economía Circular y a través de la ley de Acompañamiento a los presupuestos, dotar a la transición de un sentido más amplio y ordenado. El compromiso incluye la puesta en marcha de la Agencia Valenciana de la Energía, prevista en el acuerdo de Gobierno, para producir, distribuir y comercializar electricidad procedente de fuentes renovables.

Los socios parlamentarios acordaron priorizar la instalación de renovables en suelo ya urbanizado y afinar la redacción legislativa para preservar los parques naturales, prohibiendo la construcción o instalación de plantas en la Red Natura 2000. Asimismo, abogan por incentivar las plataformas de autoconsumo y las cooperativas energéticas y dotar de mayor autonomía a los municipios en la autorización de las instalaciones.