El Parlamento de la autonomía peor financiada pide la “inmediata” reforma del sistema de financiación

El Parlamento de la autonomía peor financiada del Estado español reclama al Gobierno central que cumpla su compromiso y resuelva su situación financiera en ocho meses. La mayoría de izquierdas en el pleno de las Corts Valencianes ha sumado el apoyo de Ciudadanos para exigir al ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que en septiembre esté sobre la mesa un modelo de financiación que garantice la prestación de los servicios sociales en la autonomía.

En cinco años el parlamento autonómico ha aprobado por unanimidad más de 30 resoluciones que instan al Ejecutivo central a cumplir. Primero al Gobierno de Mariano Rajoy y ahora al de Pedro Sánchez, en sintonía con la acción del Gobierno valenciano, integrado por el PSPV, Compromís y Unidas Podemos. El parlamento autonómico quiere aprovechar la afinidad ideológica con el nuevo Gobierno para salir del modelo vigente, que ahoga sus cuentas. Cada año, el sistema actual genera un agujero de 1.500 millones de euros, además de una serie de intereses derivados de la infrafinanciación y el Fondo de Liquidez Autonómico. Por habitante, la Comunitat Valenciana está a más de 100 euros de la media de autonomías y a 640 euros de la comunidad de régimen común mejor financiada: Cantabria.

El Ejecutivo de Sánchez se asumió en enero, en la negociación de la investidura con Compromís, aprobar un método que incluyera las recomendaciones de los expertos en financiación en el plazo de ocho meses para su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reclamación valenciana es que el reparto se base en garantizar la prestación de los servicios públicos básicos, pilares del Estado del Bienestar. “Somos una comunidad pobre que paga como una rica”, se ha señalado en numerosas ocasiones.

La propuesta aprobada este miércoles en las Corts Valencianes, con el rechazo de Vox y la abstención del PP, incluye, además del plazo, una serie de medidas paliativas, también acordadas y asumidas por el Gobierno central. Los socialistas han recordado que el Ejecutivo de Sánchez sí ha reconocido la situación desigual de las autonomías con el modelo actual, caducado desde 2014.

Entre las medidas de transición hasta el nuevo modelo se incluye la desvinculación de los anticipos a cuenta del sistema de financiación de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado -es decir, que el Gobierno autorice las transferencias al margen de las cuentas públicas, paralizadas desde 2018-, un reparto y ejecución de las inversiones “justo”, acorde al peso poblacional y que compense el déficit de ejercicios anteriores y el reconocimiento de la “deuda histórica” generada por el reparto desigual de fondos que implica el sistema de financiación vigente.

La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha pedido “una sola voz valiente y decidida” para reclamar “la agenda valenciana” y ha valorado que “por suerte, la situación política es distinta” a la de los últimos años, con “un gobierno estable en Madrid” y una “sensibilidad que ha reconocido el maltrato a la Comunitat Valenciana”. “Ya no hay ninguna excusa para acabar con la injusticia que sufrimos los valencianos”, ha destacado.

José Muñoz, portavoz adjunto del PSPV, ha reclamado unanimidad y ha pedido al PP que reconsidere su posición: “ Sin unanimidad no será tan fuerte nuestra voz en Madrid para conseguir cambiar el sistema de financiación”. Los populares se han abstenido considerando que la propuesta debería incluir la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico para tratar el cambio de modelo, planteamiento que no ha sido aceptado.

Ruth Merino, portavoz de Ciudadanos, ha instado al Consell a negociar y presionar al Gobierno central en la defensa de su enmienda.“Son ustedes los que gobiernan aquí y en España, pónganse las pilas”. La enmienda de Ciudadanos fija un plazo de ocho meses para que el Gobierno presente el modelo, tal como se comprometió el PSOE con Compromís.