Génova cesa a la gerente del PP valenciano, imputada en Gürtel desde 2011
El pasado viernes se conocía la petición de fiscalía Anticorrupción de más de siete años de prisión para la excúpula del Partido Popular de Francisco Camps por la financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 en el marco del caso Gürtel. En concreto, se pedían penas de cárcel para el exsecretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; el exvicepresidente del Consell, Vicente Rambla; el exdiputado autonómico David Serra; y la que todavía era tesorera del PPCV, Cristina Ibáñez.
Después de que este lunes el responsable electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, apuntara que los servicios jurídicos del PP estaban estudiando la situación de Ibáñez para tomar las decisiones que consideraran oportunas, Génova ha ordenado el cese de la tesorera de los populares valencianos, imputada por la finanaciación irregular desde 2011 y procesada por esta misma causa, tal y como ha avanzado este martes Radio Valencia.
Se daba la circunstancia de que Ibáñez no ocupaba un cargo público, sino que al ser gerente del PPCV -cargo que mantenía desde 1995- dependía directamente del Partido Popular. De este modo, hasta esta misma semana y por decisión de la dirección del partido en Madrid, no se ha aplicado la famosa 'línea roja' contra la corrupción de Fabra en el seno de la formación.
Es decir, mientras el president ha hecho todo lo posible por deshacerse de incómodos cargos públicos en Les Corts y en las administraciones local y autonómica, ha mantenido en su cargo en el partido a Ibáñez, imputada y procesada.
Decisión “electoralista”
Desde Esquerra Unida, su portavoz y candidato, Ignacio Blanco, ha calificado la decisión del PP de “electoralista”, ya que consideran que estos “gestos” tendrían que haber llegado “mucho antes, desde la convicción y no desde la obligación”, ya que Ibáñez “está imputada por un grave caso de corrupción”.
Así, ha señalado Blanco que la decisión del PP responde a la presión mediática, “no tienen credibilidad porque estas medidas las toma forzado por el ambiente, por una situación en que la gente está indignada con la corrupción y con la connivencia que con esa corrupción ha mostrado el partido que en estos momentos ocupa la Generalitat, muchos ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno central”.
