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El Parlamento valenciano aprueba la tasa turística, municipal y voluntaria, que entrará en vigor en 2024

Un grupo de turistas en la Plaza de la Virgen de València / Jesús Císcar

Laura Martínez


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La tasa turística será una realidad en la Comunitat Valenciana a partir de 2024. El Parlamento valenciano aprueba este jueves la proposición de ley de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible, que prevé la creación de un impuesto de aplicación municipal voluntaria para compensar el coste del turismo sobre los servicios públicos. Salvo sorpresa, la mayoría formada por el PSPV, Compromís y Unides Podem dará su aprobación a la norma que impulsa el impuesto turístico.

La creación de la conocida tasa turística ha sido uno de los debates más encallados en el Pacto del Botánico. Desde principios de la primera legislatura Compromís y Podemos, este último entonces prestando apoyo al Gobierno autonómico, plantearon la creación de un gravamen que compensara las externalidades negativas, como existe en muchas capitales europeas. El entonces portavoz de los morados, Antonio Estañ, trasladó la idea en forma de resolución en el debate de política general, marcando así el primer compromiso del Consell con el impuesto. Desde entonces, la propuesta ha sido debatida hasta la saciedad, tanto en su fórmula legislativa -al final, una proposición de ley impulsada desde los grupos parlamentarios- hasta su fórmula tributaria: será de entre cincuenta céntimos y dos euros por pernoctación y los ayuntamientos decidirán si lo cobran.

La norma, que a priori en Presidencia se abrieron a estudiar, siempre que fuera municipal y voluntaria, se ha topado constantemente con la oposición de una parte del PSOE, especialmente del secretario autonómico de Turismo, que amenazó con dimitir si se aprobaba, y de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec). Otra parte de los socialistas, encabezada por la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, han planteado incluso un gravamen tres veces mayor, calculando que la ciudad recaudaría 22 millones de euros. Otras ramas del sector, como las empleadas del servicio de limpieza -las Kellys- se han mostrado favorables al gravamen.

Este miércoles, en el último debate parlamentario sobre la propuesta, los socios del Pacto del Botánico han ratificado su compromiso con la norma. La ley entrará en vigor en 2023, pero cuenta con una moratoria de un año hasta su aplicación, una de las exigencias del PSPV que justificaron en el golpe económico que supuso la pandemia para los hoteles y alojamientos turísticos. La portavoz de los socialistas, Ana Barceló, vaciló durante unas semanas sobre la tramitación de un acuerdo firmado con sus socios en diciembre de 2022. Los socialistas mantuvieron encuentros con sus alcaldes para abordar el gravamen, con un rechazo mayoritario entre sus filas. Candidata a la alcaldía de Alicante, Barceló ha asegurado que, de ganar, no la implantaría en la ciudad.

Sus socios parlamentarios han sido especialmente beligerantes con el tema, considerándolo una cuestión de justicia social con los ciudadanos que viven en municipios con gran afluencia turística. “Nos sitúa en las políticas europeas de turismo, sostenibilidad, del lado de los ayuntamientos”, ha recalcado Papi Robles, portavoz de Compromís, durante el debate, mientras que Ferrán Martínez, de Unides Podem, ha subrayado que “es absolutamente normal en Europa, es una política de sentido común y de reciprocidad: los turistas deben pagar impuestos, como hacemos quienes vivimos aquí y cuando viajamos”. La diputada socialsita Trini Castelló ha centrado su intervención en recordar el trabajo de diálogo con el sector: “No hemos dejado de hablar y pedir aportaciones”, ha indicado, reprochando a la oposición su actitud. María José Catalá (PP) ha defendido que no hay consenso con el sector y que este impuesto no debería haberse planteado nunca; Ruth Merino (Cs) ha considerado que la tasa es una “puñalada trapera” al turismo y que nace de la “turismofobia” y Ana María Cerdán (Vox) ha aseverado que el impuesto tiene “afán recaudatorio”.

La ley establece que la recaudación será destinada a: mejorar los servicios que los municipios de la Comunitat Valenciana prestan a las personas turistas; promocionar, por parte del ayuntamiento o del organismo gestor del destino, el destino turístico de la Comunitat Valenciana en el marco de la política de desestacionalización y diversificación del turismo; impulsar una movilidad más sostenible, especialmente en aquellas zonas de mayor afluencia turística; proteger y regenerar el medio ambiente y los recursos naturales, y promocionarlos como patrimonio con un interés diferenciador; conservar y reparar el patrimonio cultural, así como incentivar la participación de los y las turistas en las actividades y acontecimientos culturales y festivos de la Comunitat Valenciana del municipio o de la comarca o mancomunidad correspondiente; las políticas de acceso a la vivienda en aquellas zonas afectadas por un incremento de precios consecuencia de la afluencia turística; luchar contra el intrusismo y el fraude en el sector del alojamiento turístico; impulsar buenas prácticas laborales y la lucha contra la precariedad laboral en el sector turístico; mejorar las infraestructuras, reformas urbanas y dotaciones turísticas de la Comunitat Valenciana; impulsar un turismo más inclusivo, accesible y social; mejorar los barrios con mayor flujo turístico; digitalizar la gestión de los destinos y establecimientos turísticos, incluido el comercio que suponga oferta complementaria y cumplir el Código ético valenciano del turismo e implicar a todos los agentes turísticos en su adhesión y cumplimiento.

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