Una sentencia tumba la retirada de patinetes de alquiler compartido ordenada por el Ayuntamiento de València

Una sentencia ha dado la razón a la multinacional de alquiler compartido de patinetes Lime en el litigio que mantuvo con el Ayuntamiento de València a partir de agosto de 2018, cuando desplegó 400 patinetes por las calles de la ciudad para prestar su servicio de 'sharing' sin autorización municipal.

La sentencia considera contraria a derecho la actuación del Consistorio, que ordenó a la Policía Local la retirada de los patinetes de las calles de la ciudad basándose en que al estar estacionados en la calle de forma permanente, hacían un uso lucrativo de la vía pública, para el cual necesitaban un permiso municipal, tal y como establece la ordenanza de Espacio Público.

Sin embargo, el fallo considera que la mencionada ordenanza no establece de forma específica la prohibición de estacionar patinetes en las calles de la ciudad, por lo que invalida la actuación municipal.

La Policía Local requisó un total de 83 patinetes de las calles de València, por los que la firma tuvo que abonar 5.092,50 euros para su recuperación en concepto de tasa de retirada y custodia, además de hacer frente a una multa total de unos 20.000 euros.

Por su parte, fuentes municipales han informado de que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia al considerar que no es contundente puesto que “únicamente valora el hecho de que el abandono de los patinetes eléctricos no estuviera tipificado de forma explícita, una cuestión difícilmente imaginable en 2014, cuando se elaboró de la ordenanza municipal de Espacio Público, años antes de que el uso de los patinetes eléctricos se multiplicara”.

Además, las mismas fuentes han recordado que “la nueva ordenanza de movilidad aprobada el año pasado estipula la necesidad de recibir una autorización por parte del Ayuntamiento para desarrollar una actividad económica como la que inició en su día, sin aviso ni autorización alguna, la empresa Lime”.

Origen del conflicto

Lime inició su andadura en València a finales de agosto, cuando desplegó sin autorización unos 400 patinetes por la ciudad.

Tras un debate en el seno del Consistorio, se dio un plazo de 24 a la empresa para retirarlos por desarrollorar una actividad económica en la vía pública sin autorización, ya que los patinetes quedaban aparcados en diferentes puntos hasta que un usuario los utilizaba.

Tras hacer caso omiso al Ayuntamiento, la Policía Local decomisó 50 el pasado 5 de septiembre. La empresa decidió entonces suspender el servicio e hizo público un comunicado en el que pedía diálogo al Ayuntamiento y ofrecía colaboración para desarrollar su actividad conforme a las ordenanzas.

Sin embargo, tras dos días sin servicio, el 8 de septiembre volvió a sacarlos a las calles, lo que obligó a los agentes a retirar otros 33. En ese momento, dejaron de prestar servicio a la espera de una regulación legal clara.