Dos candidatos y una universidad privatizada

Los aspirantes del PP y Vox a la alcaldía de València y la universidad online vendida

Cosas por explicar sobre la VIU más allá de la campaña electoral 

No suele ser habitual que una universidad pública sea vendida a una empresa privada. Eso ocurrió con la Universidad Internacional de València (VIU), una institución de enseñanza online creada por la Generalitat Valenciana en la época del PP que la actual candidata a la alcaldía de València por ese partido, María José Català, privatizó en 2013, cuando era consellera de Educación. Tampoco es habitual que quien la ha vendido, una política en activo y pluriempleada (es portavoz en el Ayuntamiento de València y en las Corts Valencianes a la vez), acabe ejerciendo también de profesora asociada en esa misma universidad y se resista a dar una cifra concreta de cuánto cobra por ello.

En elDiario.es, Carlos Navarro Castelló ha venido contando diversos aspectos de aquella operación de venta, en la que el grupo Planeta puso cuatro millones de euros y se hizo con el 70% de la VIU. Una operación sobre la cual el entonces rector, Juan Manuel Badenas, dejó constancia ante notario de una serie de sospechas. Badenas ahora es candidato a la alcaldía de València por Vox. Y hemos sabido, por los informes del consultor que se encargaron para la venta, que cobraba un sueldo anual de más de 57.000 euros y que se producía en la institución una “superación de las cuantías fijadas por ley para la retribución de determinados altos cargos”.

La VIU era una ruina para la arcas públicas, tanto que la Generalitat Valenciana llegó a destinar 34 millones de euros a su funcionamiento a través de la fundación constituida al efecto. Nadie ha explicado por qué ocurría eso. La justificación de Català para venderla es precisamente que la VIU perdía dinero y que, a partir de la venta a Planeta, reporta beneficios a las arcas públicas gracias al 30% de participación que la Generalitat todavía conserva en ella. La realidad es que antes de la privatización se recortaron los gastos de personal en un millón de euros y en cerca de medio millón los de publicidad, en un ejercicio de cierto saneamiento previo a la venta.

También sabemos ya que el precio de la VIU se estableció con la referencia de un primer informe de un consultor que se modificó casi un mes después de que se aprobara la venta, con un segundo informe, porque la institución había duplicado su valor en ese corto lapso de tiempo gracias a la aprobación de varias titulaciones nuevas por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca).

No deja de ser curioso que en la campaña electoral coincidan el exrector, que debería explicar qué pasaba en aquella ruinosa universidad online y cuáles eran sus sospechas sobre la privatización, y la consellera, que debería aclarar bastantes pormenores de la venta, independientemente de que, como ella alega, una auditoría de la Generalitat, ya con el Pacto del Botánico, no apreciara irregularidades en la operación desde el punto de vista contable. Han eludido hasta ahora dar explicaciones estos dos políticos que chocaron por la VIU y concurren a unos comicios con la expectativa de acabar de socios en el equipo de gobierno municipal de la capital valenciana si los votos se lo permiten. Seguiremos informando.

Miquel Francés presidirá la Corporació Valenciana de MItjans de Comunicació

El PP bloquea la renovación de organismos estatutarios, pero se salva À Punt

Bloquear la renovación de organismos parece haberse convertido en una seña de identidad del PP. También en la Comunidad Valenciana, donde su negativa ha dado al traste con el intento de los grupos del Pacto del Botánico, con la tímida anuencia de Ciudadanos, de aprobar en las Corts Valencianes la renovación de una serie de órganos estatutarios que requieren mayorías cualificadas: el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes, la Sindicatura de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, el Consell de Transparència y los consejos sociales de las universidades. La negativa del PP perpetúa, pues, el bloqueo de los organismos consultivos hasta después de las elecciones del 28 de mayo.

Solo la reelección del director de À Punt, Alfred Costa, y el nombramiento de Miquel Francés como nuevo presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, de la que depende la radiotelevisión autonómica, salen adelante. En el caso de Costa, porque lo propone directamente el Consell Rector. Y en el de Miquel Francés, que ocupará la presidencia de la corporación tras dos años en los que ha ejercido de presidenta en funciones la vicepresidenta Mar Iglesias, porque se votará hasta en tres plenos diferentes hasta que, tal como prevé la norma, baste con la mayoría de la que disponen el PSPV, Compromís y Unides Podem en el Parlamento autonómico.

El cambio a fabricar coches eléctricos propicia un ERE

La reconversión de la factoría de Ford en Almussafes costará un millar de empleos

En junio de 2022 la multinacional Ford anunció la fabricación de sus modelos eléctricos en la factoría de Almussafes y garantizó el futuro de la planta valenciana. Tras esa muy buena noticia, la reconversión a la fabricación de coches eléctricos, también denominada “electrificación”, no será un proceso plácido. Y este mes de marzo, la compañía hizo público que considera necesario prescindir de 1.144 de los cerca de 6.000 trabajadores de la fábrica a través de un expediente de regulación de empleo (ERE).

Las negociaciones con los representantes del comité de empresa, formado por una mayoría de UGT y una minoría de Intersindical Valenciana, han empezado sin grandes avances. Ford pretende cubrir la mayoría de los despidos con prejubilaciones y con incentivos para los más jóvenes, mientras los sindicatos buscan rebajar la edad para acceder a las prejubilaciones, que la empresa quiere limitar en los 56 años.

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