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Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.

El Puerto de València se enfrenta a la ciudad

El alcalde de València, Joan  Ribó, y el presidente de la APV, Aurelio Martínez.

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Aurelio Martínez choca con el alcalde Joan Ribó

La Autoridad Portuaria intenta arrebatar la Marina de València a la ciudad

Fue una herencia de la época de Rita Barberá. La celebración de la Copa del América en 2007 cargó a la ciudad de València con una deuda de más de 400 millones de euros, fundamentalmente debido a un préstamo de 380 millones otorgado en su momento por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) al Consorcio València 2007, un organismo creado para gestionar el espacio de la Marina construida entonces. Tras muchas reivindicaciones para la condonación de la deuda, fue el actual Gobierno de España, al contrario que los anteriores del PP, el que asumió finalmente en 2021 esa deuda, una acción reiteradamente reclamada desde el Ayuntamiento que preside Joan Ribó.

Sin embargo, la decisión del Ministerio de Hacienda de abandonar el Consorcio Valencia 2007 (en el que participaba junto al Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana), una vez liquidada la deuda, bloqueó la gestión de la Marina, al volver a dejar el espacio en manos del Puerto, que amenazó a su vez con dejar sin efecto la concesión a 35 años del recinto y propuso su renovación de año en año, lo que implica entre otras cosas no poder acometer inversiones a largo plazo ni optar a fondos europeos. 

Ribó tuvo incluso que tomar las riendas, en su condición de presidente del Consorcio, para garantizar el pago de las nóminas de los empleados del recinto, en el que hay un millar de embarcaciones, 60 concesiones y más de 200 empresas funcionando, ante las dificultades para constituir una comisión liquidadora del organismo mientras se articula el nuevo ente gestor.

En ese marco, el presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, complicó más el asunto al atribuir al consorcio en proceso de liquidación una deuda de 24,7 millones de euros en concepto de tasas de ocupación e impuestos, pendientes de recurso en los tribunales, y reclamar la propiedad de infraestructuras construidas en la Marina por valor de 127 millones de euros.

Martínez justifica la recuperación de 160.000 metros cuadrados de terrenos en la Marina de València con el argumento de que la devolución por el Estado del préstamo del ICO hace desaparecer el objetivo de utilidad pública que tenía la explotación comercial de las instalaciones. En otras palabras, viene a concluir que, tras haber pagado el Gobierno la deuda de la Copa del América, la Marina vuelve a ser propiedad del Puerto, que depende de la Administración central, en detrimento del Ayuntamiento de València.

El alcalde Ribó, junto a la vicealcadesa Sandra Gómez, han salido públicamente a contradecir esa pretensión del presidente del Puerto con un informe del secretario municipal que sostiene que la desafectación de los terrenos a favor de la ciudad sigue siendo válida aunque las actividades incluyan la explotación comercial y de ocio, en base a ejemplos de la jurisprudencia existente, con sentencias judiciales que afectaron en su momento a los parques temáticos Port Aventura o Terra Mítica.

Es difícil evitar la impresión de que la actitud de la Autoridad Portuaria obedece a una especie de respuesta a la posición del alcalde de oponerse a la ampliación norte del puerto sin una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). Un proyecto, el de la construcción de un muelle de 134 hectáreas para carga y descarga de grandes buques de contenedores, del que Aurelio Martínez hace bandera y que está empantanado en los tribunales, al haber sido suspendida cautelarmente por la Justicia la atribución a la propia Autoridad Portuaria de la condición de “órgano sustantivo” con capacidad de decidir si es válida o no la DIA de 2007, el año del que proceden todos estos conflictos.

El expresidente declara como acusado en el juicio

Camps niega su cercanía al “amiguito del alma” de la trama Gürtel

Al expresidente valenciano Francisco Camps le llegó el turno de declarar ante la Audiencia Nacional en el juicio de una de las piezas separadas del caso Gürtel, en el que está acusado de presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración por los que la Fiscalía Anticorrupción pide para él dos años y medio de prisión y 10 de inhabilitación. El último de los 26 acusados que declaró en la vista oral vino a decir que Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, le fue enviado desde la dirección del PP en la madrileña calle de Génova. “Cuando el aparato de un partido ve que alguien lo está haciendo bien, para qué cambiar”, se justificó, y negó incluso que supiera de la existencia de Orange Market, la empresa de la red corrupta en Valencia que recibió contratos de la Generalitat, organizó actos del PP valenciano y participó en su financiación ilegal.

La fiscal recordó a Camps que, en las grabaciones que obran en el sumario, se refería a El Bigotes como “amiguito del alma” y que llegaba a decirle hasta en ocho ocasiones “te quiero”. Pese a ello y a que fue invitado a su boda, el expresidente negó su cercanía al cabecilla de la Gürtel: “Tenía una relación política conmigo”. Tras quejarse de que la investigación dio al traste con su carrera, en un tono altivo mantenido durante toda la declaración, Camps acabó reclamando a la fiscal que retirara la acusación contra él, momento en el que fue reprendido por el presidente de la sala de la Audiencia Nacional que juzga el caso.

Manifestaciones en València, Alicante, Castelló, Elche y Alcoi

Un 8 de marzo para demostrar que el movimiento feminista sigue empujando

El movimiento feminista llegó al 8 de marzo atravesado por algunas polémicas. Sin embargo, las mujeres salieron a la calle de forma masiva, entre otras en varias ciudades valencianas, para reivindicar la suya como una lucha unitaria e inclusiva en favor de una sociedad “más justa e igualitaria”. La idea de que “el feminismo es imprescindible” marcó en la ciudad de València una jornada en la que también hubo manifestaciones en Alicante, Castelló, Elche y Alcoi.

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