El Gobierno bloquea la gestión de la Marina de València al salir del ente y dejar la concesión del espacio en manos del Puerto

Lo que debía ser un paso decisivo para liberar la gestión de la Marina de València como fue la condonación de la deuda de 380 millones de euros por parte del Gobierno se ha acabado convirtiendo en una auténtica rémora para su desarrollo.

El Consorcio Valencia 2007, órgano creado en su momento para coordinar el funcionamiento del recinto y participado por el Gobierno (40%), por la Generalitat Valenciana (40%) y por el Ayuntamiento (20%), permanece bloqueado desde que en el consejo rector de septiembre el Ministerio de Haciendo comunicó que, una vez liquidada la deuda, abandonaría el ente a partir del 1 de noviembre.

Sin embargo, a efectos legales la baja aún no se ha hecho efectiva ya que el Consorcio debe establecer una cuota de liquidación que debe abonar y que se está calculando en estos momentos. El abandono de una de las administraciones abrió un limbo legal, por lo que desde el Ministerio se propuso que ocupara su lugar la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), como entidad dependiente de Puertos del Estado y de la que además depende la concesión a 35 años de parte de los terrenos de la Marina.

Sin embargo, desde entonces no ha habido acuerdo entre las administraciones y la APV para la redacción de unos nuevos estatutos, puesto que el Puerto pretende tener los mismos derechos que tenía el ministerio hasta ahora, esto es, derecho a veto en las votaciones, lo que implica tener la última palabra. Además, quiere mantener las competencias de todo el espacio, pese a que hay parte de los terrenos como los tinglados que son municipales.

La APV también lleva idea de dejar sin efecto la concesión a 35 años de los terrenos portuarios aprobada en 2013. En su día se justificó en la necesidad de obtener recursos para devolver la deuda de 380 millones, por lo que considera que en estos momentos carece de sentido y propone que se renueve de año en año, al menos hasta que se acuerden unos nuevos estatutos.

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas, esta situación impide que se puedan acometer inversiones a largo plazo, o que se puedan otorgar nuevos espacios para hostelería o empresas de innovación, incluso optar a fondos europeos debido a la situación de interinidad en la que quedaría el espacio, con la obligación de obtener una renovación de la concesión cada año.

Las mismas fuentes consideran que se trata de una maniobra de presión de la APV para hacerse finalmente con el control de toda la Marina de València desde otro organismo como la Fundación Valencia Port, pero siempre bajo el control del ente portuario.

El Consorcio tiene previsto convocar el consejo rector a finales de este mes o principios del que viene para fijar la cuota de liquidación del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de legalizar su salida, y de oficializar también la eventual entrada de la APV para a partir de ahí, modificar los estatutos y crear un nuevo Consorcio.