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El sindicato CCOO lleva al Contencioso el tribunal que evaluará a los jefes de Policía Local de València por elección arbitraria

Los comisarios principales de Policía Local de València junto a la alcaldesa, María José Catalá, y el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell.

Laura Martínez

València —

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La renovación de la cúpula de la Policía Local de València es una fuente constante de conflictos que no hacen sino retrasar un proceso que lleva tiempo enquistado. El Ayuntamiento, que nombró al tribunal que debe evaluar a los comisarios principales, el primer escalafón del Cuerpo, en vísperas de la jubilación del jefe, va camino de toparse con otro frente judicial. Tras el recurso en el Contencioso de uno de los mandos que concurre al proceso, el sindicato Comisiones Obreras presentará también un escrito para abrir otro procedimiento contra la designación del tribunal.

El sindicato, que ya recurrió los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y ha iniciado un proceso contra la Agencia de Emergencias, dependiente de la Generalitat, en la Agencia Antifraude, cuestiona la composición del tribunal que escogerá a los nuevos jefes de Policía de la capital. En las oposiciones de este Cuerpo se requiere que los examinadores tengan al menos el mismo rango que los aspirantes, y al tratarse del máximo escalafón, las cartas para seleccionar se complican. El tribunal consta de un presidente y un vocal elegidos por el Ayuntamiento, con sus respectivos suplentes y el secretario municipal; y otros dos titulares y suplentes elegidos por la Generalitat. Según la ley de Policía Local de la Comunitat Valenciana, los miembros de los tribunales deben escogerse mediante sorteo entre los candidatos de una bolsa que deben haber pasado una formación específica. En el caso de la convocatoria para València, la Agencia Valenciana de Emergencias (AVSRE) no realizó el sorteo y los miembros fueron determinados por la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodrigo. También deben priorizar a los candidatos de municipios próximos, una cuestión que tampoco se ha materalizado, según las denuncias.

Comisiones Obreras pidió una batería de documentación a la Agencia Antifraude y no la ha obtenido hasta que el Consejo de Transparencia se lo ha requerido a la Generalitat Valenciana. En la respuesta, la AVSRE confirma que no se produjo el sorteo del tribunal porque no tiene comisarios principales suficientes en la bolsa -solo hay tres inscritos en toda la Comunitat Valenciana- y que a uno de los integrantes lo designa directamente la número dos de Emergencias. Se trata del jefe de Policía de Alicante, José María Conesa, que acaba de denunciar a su ayuntamiento al contencioso para prorrogar su tiempo en activo. Asímismo, dos de los tres comisarios principales que forman la bolsa han sido ubicados como suplentes en el proceso.

La Agencia, que depende de la Conselleria de Emergencias e Interior, defiende el nombramiento del tribunal impugnado, apuntando a una excepción que prevé la ley: “En caso de que la bolsa constituida con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior no cuente con personal suficiente para cubrir de manera adecuada las obligaciones de participación de la AVSRE en los órganos técnicos de selección, o mientras no esté constituida, la persona titular de la dirección de la AVSRE podrá proponer la designación de aquellos miembros de la Policía Local que cumplan con los requisitos que debe tener cualquiera de los miembros de la bolsa”, dice el escrito. A renglón seguido, expone que “la Directora de la AVSRE propone la designación de un Comisario Principal que cumple con los requisitos del apartado B) del artículo 29.1 que sumado a las tres personas candidatas existentes en la bolsa, conforman las personas propuestas por la AVSRE”. Emergencias reconoce que tampoco se ha cumplido el criterio de proximidad territorial: “No procede aplicar en este caso el criterio de territorialidad, pues hay que señalar que éste, es únicamente aplicable para los casos de elección por sorteo”, dice la respuesta de la Generalitat.

El sindicato denuncia que “de los 5 miembros titulares, la elección de 4 responde a deseos personales. Los otros dos son habilitados nacionales”, en referencia al secretario municipal y su suplente. Considera CCOO que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están “acomodando las propuestas a sus deseos, mantienen un control desmesurado e influencia absoluta de entre los miembros del Tribunal”. El sindicato cuestiona que, pese a haber bolsa constituida, “tampoco ha realizado sorteo; ha elegido a uno de los tres que conforman la bolsa, y los otros dos han sido desplazados por un tercero que, sin estar en la bolsa, ha sido nombrado ”a dedo“ como titular”.

El caso de la designación de los miembros por parte del Ayuntamiento de València también se ha puesto en el foco. Entre los mandos de València que deberían formar parte se autoexcluyó el entonces jefe de Policía, José Vicente Herrera, por estar inmerso en una causa judicial por irregularidades en un procedimiento selectivo anterior, junto al otro candidato, el comisario principal Rafael Mogro, que formó parte del tribunal evaluador, aunque no consta ninguna renuncia por su parte en este proceso. El Ayuntamiento de València designó para este tribunal al único comisario principal con plaza en propiedad que está al margen de esta investigación: el hoy jefe de Policía, Ángel Albendín.

El recurso del sindicato se sumará al que ha presentado uno de los comisarios principales, Fernando Giménez Oñate, que concurre a este proceso selectivo en el que aspira a consolidar una plaza que tiene temporalmente por un proceso de mejora que dos comisarios llevaron a los tribunales. El responsable de la División Terriorial Operativa -el jefe del resto de comisarios-, que recurrió la composición del tribunal en el Ayuntamiento, cuestiona también el proceso de selección de quienes deben evaluarle. En paralelo, el Consistorio confirma que el proceso se haya en el limbo a la espera de que la Generalitat Valenciana apruebe un cambio en la baremación de los méritos como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El futuro de la Policía Local de València queda en el aire.

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