El juez procesa a Trenzano por decir en una respuesta al PP que se habían controlado las ayudas al hermano de Puig cuando el control se hizo después

El 8 de abril del 2018 la portavoz adjunta del PP en las Corts Valencianes, Eva Ortiz, recibió una respuesta oficial de la Generalitat que, dos años después, está a punto de llevar al banquillo a Rubén Trenzado, director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Conselleria de Educación. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado contra el alto cargo de Compromís por un presunto delito de falsedad de documento público oficial.

Aunque hace un año el juez quiso archivar la causa (la Audiencia Provincial de València lo obligó a continuar con la instrucción), el auto asegura que existen “indicios suficientes de ausencia de verdad” en la respuesta que dio Trenzano a Ortiz sobre el control de las subvenciones a dos empresas de comunicación del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana.

La respuesta oficial sostenía que la Generalitat había “realizado las actuaciones de control que le corresponden” de las ayudas públicas a Comunicació del Ports SA y Mas Mut Produccions SLU, “sin que se haya detectado cualquier indicio que haga dudar de la veracidad de la documentación” que aportó Francis Puig, “ni que justifique el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas”. La realidad, según la instrucción, no fue exactamente esa.

“¿De dónde nace la duda sobre una posible parcialidad en la concesión de las subvenciones a empresas relacionadas con algún familiar del M. H. President de la Generalitat que expresa la denunciante?”, se pregunta el juez. La “cuestión capital” se refiere precisamente a “las normas de control”, argumenta el auto del pasado 10 de junio. 

El magistrado recuerda que, contrariamente a lo que afirma la respuesta de Trenzano, los controles de las ayudas a las empresas de Francis Puig sólo se iniciaron “una vez ya producidas las quejas o denuncias por el grupo de oposición popular en les Corts”, concretamente “dos días más tarde”. “Tan sólo tras las peticiones de documentación por la oposición, en junio del 2018, es cuando se decide aplicar un nuevo plan de control por riesgo a aquellas subvenciones litigiosas”, abunda el auto.  

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València explica que se trata de “dilucidar si la carta [de Trenzano] contiene o no una declaración de voluntad que encierra la narración de unos hechos en principio contrarios a la verdad objetivamente demostrable”, es decir si cometió un presunto delito de falsedad. El juez considera que en la fase de instrucción han aflorado “indicios racionales suficientes” para sentar al director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo en el banquillo de los acusados. 

Así, un alto cargo de Compromís ha sido la primera víctima judicial del caso de las polémicas ayudas al hermano de Puig. Trenzano, tal como explica el auto, ni siquiera redactó la respuesta oficial a la secretaria general del PP valenciano (aunque sí que la firmó por lo que se convierte en “responsable de su contenido íntegro”). V. T. R., jefe de departamento de la dirección general fue el autor del documento, según reconoció en su declaración como testigo ante el juez. 

El funcionario explicó que las ayudas de los ejercicios 2015 y 2016 no pasaron planes de control por el “cambio del procedimiento de tramitación de subvenciones”, por “problemas técnicos” y porque el testigo estuvo de baja médica y nadie lo sustituyó. “Al reincorporarse se priorizó sacar las bases y convocatorias pero no pudieron ver los expedientes de atrás porque no había tiempo material”, señala. 

Las partes personadas y el Ministerio Fiscal tienen diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa o para pedir la práctica de diligencias complementarias.